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Negocios locales detrás de un fallo impúdico: Tierra a la venta

Tres jueces que nadie eligió eliminaron el freno a la compra de tierras por extranjeros. En Salta, el 11,3% de la superficie rural ya está en manos foráneas, nueve departamentos superan el límite que fijaba la norma y unas 70 personas o familias concentran la mitad de la tierra cultivable. Eduardo Elsztain, dueño de Cresud, controla más de 363.000 hectáreas en la provincia y carga severos cuestionamientos por desmontes.

 

Jerson De Cecco

 

Apenas tres firmas bastaron para que resolver sobre una cuestión central de la soberanía argentina. Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pusieron el gancho para revocar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23 y dejar vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la propiedad y tenencia de campos por parte de extranjeros. El fallo desestimó la acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata porque consideró que la organización carecía de legitimación para cuestionar la medida.

La consecuencia es concreta: queda eliminado el tope del 15% que la ley fijaba para la titularidad extranjera de tierras rurales. La decisión judicial tampoco puede separarse de otro dato incómodo: los tres magistrados perciben salarios cercanos a los $20 millones, de acuerdo con la información oficial disponible. 

Mientras tanto, el reclamo de los veteranos de Malvinas quedó fuera de consideración por una cuestión procesal. El resultado deja abierto el camino para un mercado de tierras sin aquella barrera legal, en un país donde la propiedad rural ya muestra niveles importantes de concentración.

Salta, un mapa cada vez más foráneo

Los números provinciales permiten dimensionar lo que está en juego. Según el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la UBA (PRIHA-UBA), el 11,3% de las tierras rurales de Salta pertenece a propietarios extranjeros: unas 1.752.523 hectáreas. 

La proporción supera ampliamente el promedio nacional y ubica a la provincia a la cabeza del NOA. Además, nueve departamentos salteños superan el límite del 15% que establecía la Ley 26.737, ahora derogada.

San Carlos encabeza el listado con el 59,8% de su superficie rural en manos extranjeras. En Molinos, el porcentaje alcanza el 57,8%. Ambos integran el reducido grupo de departamentos argentinos donde más de la mitad del territorio rural ya pertenece a titulares extranjeros. La nómina continúa con Guachipas (33,8%), General Güemes (28,8%), La Viña (28,2%), Cerrillos (24,6%), Orán (23,3%), Cafayate (23,1%) y Chicoana (16%). Anta, con el 14,3%, aparece al borde del antiguo límite legal.

El origen de los capitales también dibuja un mapa de intereses. Los estadounidenses representan el 44,4% de la tierra extranjerizada en la provincia, seguidos por los uruguayos, con el 18,7%, y los españoles, con el 5,5%. También hay capitales suizos, irlandeses, australianos, andorranos y de Liechtenstein. En La Viña aparece, además, una participación de capitales luxemburgueses equivalente al 11,2% de la tierra departamental consignada en los datos. Luxemburgo, conocido por su condición de centro financiero internacional y su régimen fiscal, es el país de origen de Adecoagro, una de las grandes empresas agroindustriales con presencia en el mercado argentino.

Adecoagro cotiza en la Bolsa de Nueva York y posee 217.810 hectáreas en el país. La cifra ilustra la escala que pueden alcanzar estos actores dentro de la estructura agraria. En los Valles Calchaquíes, donde se encuentran San Carlos, Molinos, Cafayate, Guachipas y La Viña, la extranjerización está asociada a la expansión de viñedos de alta gama y a emprendimientos turísticos e inmobiliarios de lujo. A esas actividades se suma el interés minero, en una provincia que también concentra recursos estratégicos.

El panorama excede los registros de propiedad rural. La empresa High Luck Group Argentina, de capitales chinos y subsidiaria de New Times Energy Corporation Limited, con sede en Hong Kong, controla en Salta 1.148.000 hectáreas bajo concesiones de hidrocarburos. La superficie comprende el yacimiento Chirete, de 89.700 hectáreas, que explota en sociedad 50-50 con Pampa Energía, y los bloques de exploración Morillo y Tartagal Oriental, que suman 1.058.300 hectáreas.

A ese cuadro se agregan los minerales críticos. Salta concentra nueve de los 19 depósitos de tierras raras identificados en el país. Entre ellos se destaca el distrito Rangel, en la Puna salteña, con reservas estimadas de 35.000 toneladas de itrio y 25.000 de torio, además de circonio, niobio, uranio y oro. La combinación de superficie rural, hidrocarburos y recursos minerales coloca al territorio provincial en el radar de capitales que buscan asegurar el acceso a activos de largo plazo.

Extranjerización y concentración, dos caras de la misma moneda

La discusión sobre quién posee la tierra no puede separarse de la desigual distribución de la propiedad. Según los datos del último Censo Nacional Agropecuario, unas 70 personas o familias concentran el 50% de la tierra cultivable de Salta. En el otro extremo, cerca de 2.888 pequeños productores ocupan apenas el 5% de esa superficie. El promedio de tierra que les corresponde, distribuida entre todos ellos, ronda las 4.800 hectáreas, de acuerdo con las cifras aportadas.

Los resultados preliminares del relevamiento registraron 8.757 explotaciones agropecuarias en toda la provincia, entre unidades con límites definidos, sin límites definidos y explotaciones mixtas. Esa estructura muestra una realidad heterogénea, pero también una asimetría profunda entre la cantidad de productores y la superficie que controlan.

La concentración ya existente reduce la cantidad de actores que intervienen en esas decisiones; la expansión del capital extranjero agrega otra dimensión a ese proceso.

Elsztain, el dueño de una porción de Salta

Si hay un nombre que permite ponerle escala al fenómeno es Eduardo Elsztain. De raíces polacas, el empresario es uno de los principales propietarios de tierras del país y controla, a través de Cresud, 363.746 hectáreas en Salta. La superficie equivale aproximadamente al 2,3% de todo el territorio provincial, estimado en 15,5 millones de hectáreas.

La mayor parte de esa historia se explica por operaciones realizadas durante décadas. En 1995, Cresud incorporó el establecimiento Los Pozos, en el sudeste salteño, a un valor de apenas 10 dólares por hectárea. La empresa terminó reuniendo allí 231.746 hectáreas, equivalentes al 1,5% de la superficie provincial. El precio contrasta con otra operación de la compañía: dos años después, al comprar Agroriego, en San Luis, pagó 700 dólares por hectárea. Setenta veces más.

En 2005, Cresud encontró una vía para ampliar todavía más su control territorial. Junto a Los Pozos, otra firma explotaba 162.000 hectáreas fiscales cuyos derechos provenían de una adjudicación para trabajar los campos de Salta Forestal. Como esas tierras pertenecían al Estado, Cresud no podía comprarlas directamente. La operación se concretó mediante la adquisición de Agropecuaria Cervera S.A., titular de los derechos de explotación, y su posterior absorción.

De ese modo, las tierras fiscales y los derechos para trabajarlas quedaron bajo el control del grupo empresario. Años más tarde, la compañía devolvió una parte importante de la superficie a la provincia y la concesión se redujo a las 132.000 hectáreas que mantiene actualmente. Sumadas a Los Pozos, las dos extensiones explican el total de 363.746 hectáreas atribuidas a Elsztain en Salta.

A escala nacional, Cresud controla 526.936 hectáreas, una superficie equivalente a unas 26 veces la ciudad de Buenos Aires. La dimensión de su patrimonio permite observar cómo las adquisiciones de campos privados y los derechos de explotación sobre tierras estatales pueden confluir en una misma estrategia de expansión. 

En el caso salteño, esa trayectoria convirtió al empresario en el mayor terrateniente de la provincia, según los datos consignados.

El desmonte, la otra cara del negocio

La extensión de las propiedades de Elsztain también aparece vinculada a la discusión ambiental. Se le atribuyen aproximadamente 120.000 hectáreas desmontadas en territorio salteño, una superficie equivalente a unas seis veces la Ciudad de Buenos Aires. La cifra forma parte de los cuestionamientos que recibió el empresario por el avance de la actividad agropecuaria sobre los bosques del norte argentino.

Su nombre adquirió mayor exposición pública durante la campaña presidencial de 2023, cuando trascendió que Javier Milei se alojaba en la suite presidencial del Hotel Libertador, propiedad de Elsztain. Con el dirigente libertario ya en la Presidencia, el empresario volvió a quedar en el centro de las críticas por sus intereses agropecuarios e inmobiliarios.

Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, lo señaló en el Congreso de la Nación como uno de los grandes desmontadores del Norte Grande. 

La denuncia más concreta se refirió a Los Pozos. Viale sostuvo que Elsztain tenía planificado desmontar otras 150.000 hectáreas en esa finca, dentro de una zona protegida por la Ley de Bosques. Su advertencia fue explícita: “Si sale la ley, las va a destrozar”, afirmó al exponer ante los legisladores.

En una provincia con municipios con más del 50% de su territorio extranjerizado y donde un solo grupo empresario controla más del 2% de la superficie, el cambio normativo se proyecta sobre un mapa que ya muestra quiénes tienen la tierra y cuánto poder territorial acumularon.

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