Nadie desconoce el poderío económico de la familia del diputado por Capital de la UCR, Héctor Martín Chibán. No pocos olvidan su pasado supermercadista cuanto eran dueños del famoso “Super Cavana” que dejó en la calle a un grupo considerable de trabajadores que nunca pudieron cobrar una indemnización decente.
Es uno de los legisladores que cuenta con mejor pasar y asiste a las sesiones en una lujosa camioneta de marca alemana que varios envidian. Claro que es uno de los pocos que, en principio, podría pregonar que no hizo la plata de la política.
De profesión abogado, apareció en el centenario partido convocado por el diputado nacional Miguel Nanni y en poco tiempo logró conducir el Comité Capital y desde allí se catapultó a la Cámara de Diputados en donde logró alguna fama por sus manifestaciones incisivas, algunas entrevistas bochornosas y varias denuncias.
Casi con torpeza prometió que cuando jurara como diputado pondría en conocimiento de los salteños algunos crímenes cometidos por políticos pero luego de un año solamente aparecieron sus disculpas.
Junto con sus pares, Humberto “Ulúa” Vázquez y Mario Mimessi, integran un bloque que ha definido con claridad su estilo. Primero la denuncia y luego las aclaraciones. En el medio, buscan la notoriedad que les permita continuar en sus cargos. Padecen el mismo síndrome que tienen todos los que ingresan a la política: no se quieren ir más.
En estos días Chibán, con el dúo que lo acompaña, interpuso una denuncia penal por considerar que los directores de la Cooperadora Asistencial de la Capital habrían delinquido y les imputó que transitaron por negociaciones incompatibles con la función pública. Nunca se dijo quiénes serían esos funcionarios que trabajan con intereses contrapuestos pero sí se tomó el trabajo de pedir públicamente que la Fiscal Penal Mónica Poma allane las dependencias de esa entidad y que detenga a sus directores.
Al igual que uno de sus compañeros de bloque, Chibán oculta una faceta que podría conducirlo a declarar en tribunales y no como denunciante. En estos días salió a la luz que podría estar involucrado en negocios inmobiliarios que podría haber logrado gracias a influencias ejercidas por su cargo y a favor de una sociedad que integra.
Emprendimientos Inmobiliarios SRL es una sociedad con un capital de $7.017.000 actualmente integrada con partes igualitarias por Héctor Martín, María Fernanda y Tomás Ignacio Chibán, todos hijos del abogado Héctor Manzur Chibán, quien actúa como apoderado. Esta empresa fue creada el 21 de Agosto de 2012 por el matrimonio Chibán, que luego cedió acciones a sus tres hijos.
Una vez que asumió a su banca de diputado, la empresa de Chibán realizó contrataciones con el Estado Provincial, al compás de la posición política funcional al urtubeycismo que profesan tanto el diputado nacional Miguel Nanni, como Mario Mimessi y el mismo Héctor Chibán.
No son pocas las versiones que hablan de que en el año 2015 la campaña a gobernador del diminuto legislador nacional cafayateño obtuvo ayuda del gobierno provincial y generó algunos favores a sus adeptos.
En la Cámara de Diputados, logró alguna fama por sus manifestaciones incisivas, algunas entrevistas bochornosas y varias denuncias.
El 7 de Agosto de 2017 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta, representado por Analía Berruezo y Emprendimientos Inmobiliarios S.R.L., representada por Héctor Manzur Chibán celebraron contrato de alquiler del inmueble de calle Caseros Nº 1075, Catastro Nº 162.523 de Salta – Capital, el cual se destinó al funcionamiento de oficinas estatales de la cartera educativa.
En lo que aparece como un precio escandaloso, la empresa de Chibán se lleva $10.440.000 por tres años de alquiler, a razón de $230.000 mensuales. Una verdad de Perogrullo indica que con ese dinero la Provincia podría haber construido un edificio y evitar mayores costos de funcionamiento de la estructura educativa. Según los valores en plaza no existen inmuebles cuyo valor de alquiler alcance una cifra tan grosera, ni siquiera en el microcentro salteño.
Por si esto fuera poco, la Provincia tuvo que pagar $450.000 a la inmobiliaria Sergio Ale, redondeando el negocio en casi $11.000.000. No se escuchó hablar de corrupción sobre este caso escandaloso al diputado moralista Héctor Chibán.
No es el único inmueble que alquilan los Chibán. El papá abogado del diputado, el 15 de diciembre de 2015 y a días de que fuera reelecto Urtubey como gobernador, logró alquilar para el Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario una casa ubicada en calle 25 de Mayo nº 872 de la ciudad de Salta (Matrícula nº 4119, Sección H, Manzana 51, Parcela 28) y otra en calle Necochea nº 871 (Matrícula 4118, Sección H, Manzana 51, Parcela 35). El precio se pactó en $170.000 mensuales, que fueron incrementados semestralmente en un 15% de manera acumulativa. Así, los salteños pagamos a los Chibán por estas dos casas $195.500 desde marzo a septiembre de 2016; $224.825 hasta Marzo de 2017; $258.548,75 hasta Septiembre de 2017; $297.331,06 hasta Marzo de 2018; $341.930,71 hasta Septiembre de 2018 y, actualmente, le pagamos por las dos casas $393.220,31.
El diputado radical nunca cedió sus acciones y sigue siendo dueño de un tercio de Emprendimientos Inmobiliarios SRL, lo que lo complica. A los funcionarios les está prohibido hacer contrataciones con el Estado porque se presume que pueden ejercer influencias para que los negocios los favorezcan.
Tras el olor que despiden estas contrataciones, con precios exagerados que comprometen las finanzas de una Salta empobrecida, no son pocos los que adelantaron que pedirán que el diputado de razones sobre estas negociaciones.