Un informe de la Auditoria General de la Provincia realizado en el municipio de Tartagal en 2015 cuando el actual diputado nacional por Salta y candidato a la gobernación, Sergio “Oso” Leavy, era intendente, señala serias irregularidades financieras en la Cooperadora Asistencial. El director en ese momento era su hermano, Eduardo Luis Leavy, quien pasó a ser concejal y en la actualidad es el intendente interino. 

En consulta con el abogado de la zona Sergio Heredia, explica que “esta auditoría se hace posterior a los hechos. Tartagal tiene carta orgánica y debería tener funcionando un Tribunal de Cuentas, un organismo de control propio del municipio. S. Leavy nunca lo puso en funcionamiento, diciendo que podría controlar la Auditoria de la Provincia pero ésta no puede realizar observaciones y cargos, que sí puede hacer el Tribunal de Cuentas”. 

Según el abogado, un Tribunal de Cuentas hace las observaciones y al detectar irregularidades como el faltante de dinero puede exigir que se lo devuelva “la resolución del Tribunal de Cuentas es del tipo ejecutivo”, dice.

Para que las irregularidades señaladas por la Auditoría de la provincia tengan alguna incidencia y no queden solo en eso, Heredia sostiene que “concejales y/o diputados deberían hacer las denuncias penales de las irregularidades que surgen de esa auditoría que pueden ser un delito; como mínimo incumplimiento de deberes de funcionario público por no aplicar la ley de contabilidad, hay gastos sin rendición, hay honorarios de médicos, plata que sacó el tesorero de la cooperadora y no la rinde, eso es un delito pero eso queda en nada. Como abogado veo chicos condenados a 5, 6, 7 años de prisión  por robar un celular que vale mil pesos, esa es la mafia de la política”, opina. Agrega que “los concejales pueden iniciar un juicio político, formar una comisión investigadora que inicie una investigación. Se tiene que presentar una denuncia, o ni siquiera, correr vista al fiscal -bastaría-, que investigue si es cierto o no.  S. Leavy tiene una gran influencia…”, además comenta que las oposiciones políticas serían “ficticias” en el lugar. 

Heredia también hace mención a las denuncias previas por delitos federales que hizo contra Sergio Leavy y que son de público conocimiento, una de ellas tiene que ver con la vinculación del exintendente con Sergio Schoklender y “Sueños Compartidos”. Después del alud en 2009 se compraron tierras para construir casas a los/as damnificados/as. El abogado señala que la causa “Sueños compartidos» comenzó en Tartagal, en la que se investiga el desvío de más de 200 millones de pesos en la construcción de viviendas sociales, y en la que estaría implicado Sergio Leavy por desvíos de fondos en la obra pública. Otras de las demandas tenían relación con irregularidades en construcciones del CIC, el manejo del fondo federal solidario de la soja, “el que tenía todas esas causas era el Juez Raúl Reynoso”.  



Eduardo Leavy

 

Algunas de las faltas encontradas por la Auditoria muestran que la cooperadora no está inscripta en la AFIP, no posee CUIT, todas las compras de bienes realizadas con documentación que acredita propiedad (factura, remito y recibo) se realizaron a nombre de la Municipalidad de Tartagal. Las autoridades de la Cooperadora sólo sesionaron tres veces en el Anexo: una vez en abril y dos veces en octubre, cuando deberían sesionar dos veces al mes. 

Lo más grave sería que en el libro de actas se encontraron páginas en blanco. La Cooperadora no presentó a la Auditoría las rendiciones de cuentas de los meses de enero a diciembre de 2015 en el que se manejó la suma de $5.960.379. Los auditores detectaron que se gastaron $657.969, que representan aproximadamente el 10% del total (5.960.379) sin documentación respaldatoria. En 2015 la Cooperadora dice haber gastado en profesionales médicos $977.595, pero no suministró los contratos ni documentación a la Auditoría en donde se detallen los deberes y obligaciones de cada una de las partes. En compra de pasajes a personas carenciados se abonó la suma de $2.209.750,07, la Cooperadora no suministró los convenios con las empresas prestatarias, ni las listas de beneficiarios o comprobantes que permitan verificar la efectiva recepción del servicio. Realizó un gasto de caja chica de 176.000 pesos sin ninguna documentación respaldatoria. Además se compró en forma directa camas y cuchetas por un importe de $328.000 y zapatillas por un monto de $167.750 pesos también en forma directa. 

Antes del informe de la Auditoria, el Concejo Deliberante de 2015, mediante un proyecto presentado por el entonces edil y ahora diputado provincial Mario René Mimessi (UCR) solicitaba informes al Departamento Ejecutivo Municipal a cerca de “a) Quienes son los miembros que componen ‘la comisión de la Cooperadora Asistencial’; b) Elevar a este Cuerpo el detalle de la rendición mensual a partir del mes de diciembre del año 2013; c) Detallar el destino de los fondos”. 

Sergio Leavy declaró en medios salteños que las observaciones de la auditoría son “fáciles de subsanar… No es que llegamos nosotros y nos borramos de AFIP; nunca la cooperadora estuvo inscripta en la AFIP, ahora habrá que inscribirla, bienvenido sea”. El presidente de la Auditoría General de Salta, Omar Abdo Esper, expresó: “Yo no veo ninguna cuestión  -relacionada- con algún daño al fisco, lo único que dice la auditoría es que no se pudieron reunir con determinada documentación con lo cual hay una diferencia que no pudo ser constatada con la documentación, eso no significa que el municipio no la tenga a la información”.

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