El terreno fue cedido por el Ejército para ser usado sin fines de lucro y está dentro de una reserva natural, pero se arriendan hectáreas para el cultivo. El sábado la comisión directiva trató de armar una asamblea para archivar ésta y otras irregularidades. La misma se impugnó y aparecieron nuevas denuncias. (DOM)
Ya se sabía que la asamblea del 24 de Mayo no se iba a desarrollar con normalidad en el Aeroclub Salta, luego de que uno de sus socios, Sergio Luis Martínez, denunciara penalmente a toda la comisión por administración fraudulenta y malversación de fondos públicos.
La asamblea convocada para el sábado pasado tenía, justamente, el objetivo de aprobar de manera rápida y silenciosa el balance de gestión del actual presidente, Jaime Capó, y dejar, así, en el pasado, todas las sospechas e incluso la denuncia que pesa sobre Gabriel Benedetto, Gustavo Martínez, Juan Ëllero, Javier Montero, Sergio Zambrano, Valentín López y el mismo Jaime Capó.
El evento no pudo ser más silencioso: no dejaron pasar al comunicador social Omar Puig (AM 840) ni a una escribana, que había asistido a impugnar un balance que fue a puertas cerradas y sólo para socios activos. Afuera quedó, incluso, una cámara de Cablevisión.
La denuncia por malversación de fondos tiene que ver con el uso de los 24 mil litros de aeronafta que el Estado provincial otorga de manera anual para la formación de profesionales.
En el escrito presentado en la justicia el año pasado, Martínez hacía hincapié en que el Aeroclub poseía un solo avión (que en todo este año no pudo surcar el cielo) y aunque éste volara 24 horas por día no llegaría a ocupar ni el 35% de la nafta subsidiada. La denuncia también sostiene que el presidente revende el combustible destinado a las naves a otros amigos del predio, siempre a precios menores a los del mercado ($15 el litro, al cierre de esta edición, es decir 360 mil pesos anuales).
Semanas antes a que se realizara esa asamblea pro-legitimadora, Cuarto Poder dio a conocer nuevas irregularidades: el arriendo para cultivo de soja en una reserva natural que además es parte del campo cedido por el ejército nacional, el cobro por la construcción de hangares, y la fumigación en zona semi-urbana.
Todo esto es lo que quería dejar en el pasado Capó con su asamblea prepatriótica. Pero no le funcionó muy bien.
Impugnado
La asamblea se cayó en picada días antes a ese frío sábado 24 de mayo en el que de todos modos Capó montó su farsa inútil. Fue inútil porque el día 21 de mayo le llegó una carta documento impugnando la asamblea.
En la carta documento se enfatiza que no tenía sentido realizar ese balance si antes no se ponía a disposición de los socios una gran cantidad de documentos para saber no tanto si se había o no cometido algún ilícito, sino más que nada para conocer los detalles de esos hechos que ya todos dan por sentado.
Hay cuatro temas en los que se insiste. Para empezar, el de la venta de combustible. La carta documento exige toda la documentación y los detalles de la cantidad de combustible suministrado por el Estado Provincial, individualización de las ventas, cantidades, precio de venta, individualización de compradores o socio beneficiado, matrícula de aeronave, autorización libro de actas. Asimismo piden que se exhiba documentación relacionada al destino aplicado a los fondos recaudados.
Cuarto Poder ya indicó en pasadas ediciones los distintos negocios realizados con la aeronafta subsidiada. Por un lado, el Aeroclub vende algo regalado y el que compra está feliz por varios motivos: primero, porque adquiere más barato el producto, segundo porque se salva de la facturación y de quedar en el registro, además de tener que dar cuenta de qué viaje tiene programado hacer.
La legislación es clara al respecto y tiene sus razones: para evitar vuelos clandestinos, el que compra aeronafta en un lugar habilitado debe dejar constancia del vuelo que realizará, especificando el trayecto.
Sobre los destinatarios de esa nafta, Cuarto Poder presentó como prueba un acta en la cual consta que la comisión aprueba destinar combustible para la venta a los interesados a un precio de $ 4.20 por litro. En otra acta aparece el nombre de uno de esos interesados: Javier Montero Alesanco, que compró 5 mil litros a $ 3 el litro.
La contracara de este problema es que la nafta no se estaba usando para el objetivo concreto: formar pilotos. Esto lo denunció Omar Puy: el Aeroclub y el gobierno estaban estafando a los aspirantes a pilotos con cursos truchos. Desde 2005 que el Aeroclub Salta y el Ministerio de Educación firmaron un convenio para mayor fomento, desarrollo y promoción de las actividades aeronáuticas en la provincia. Así, el Instituto Superior Aeronáutico Salta (ISAS) debía brindar cursos de piloto privado, entre otros. Años anteriores se daba con grandes falencias, pues había un solo avión y demasiados interesados. Pero este año ni siquiera eso: hubo inscriptos, hubo pago de inscripción, pero lo que no hubo jamás fue avión. “Alumnos y padres se hicieron presentes en el Aeroclub Salta solicitando explicaciones, pero nunca fueron atendidos por las autoridades de la institución, solo recibieron el trato irritado de algunos docentes que tampoco sabían dar explicaciones”, fue la denuncia realizada en el programa televisivo “El Alquimista”, donde además se detalla que los padres fueron amenazados por autoridades de la Asociación. Y como si esto fuera poco, hay rumores sobre la falta de autorización del gobierno nacional para que el Aeroclub forme pilotos y azafatas, por lo que muchos tendrían en duda sus licencias para poder pilotear una aeronave.
Antes de la rotura del único avión también había irregularidades. Los estudiantes para piloto privado recibían menos horas de instrucción que la exigida. Se supone que recién con cuarenta horas de vuelo el alumno se recibe como piloto privado y una vez finalizado el costoso curso salía, el año pasado, completo, $35 mil pesos (te cobraban como si no tuvieran subsidiada la nafta; incluso hay cursos en otras partes del país un poco más baratos). Según nuestras fuentes, a los estudiantes los hacían cumplir menos horas y luego la institución se quedaba con los litros no usados (se calcula unos 22 litros por hora de vuelo). El peligro es que egresan como pilotos personas con menos horas de vuelo que las requeridas para tal fin.
Por eso también había tantos padres con ganas de pasar a esa asamblea que se hizo a puertas cerradas.
El avión
Otro punto en la carta documento que impugnó la asamblea tenía que ver con el dichoso avión que no vuela. “Informe detallado relacionado todo lo gastado por la institución en relación a la Aeronave beechraft LV-BPE”, se puede leer en la carta documento.
Lo que los socios saben: la aeronave en cuestión (la única que podía volar) ya fue arreglada tres veces, pagando en cada ocasión sumas millonarias y sin embargo no se ha conseguido que despegue. También tienen conocimiento de que Capó es un especialista en mecánica, algo que ninguno puede dejar de observar.
Un punto importantísimo de la carta documento demanda información sobre los arriendos. Piden que se exhiba informe en relación a los contratos de arriendo celebrados por la institución con terceros y/o socios, a los fines de la explotación agropecuario de amplios sectores del predio sembrados y con campañas anteriores consumadas, indicando y exhibiendo contratos, precios celebrados, como así también destino de imputación de los ingresos provenientes de los mismos; también los contratos e ingresos relacionados a alquiler a concesión de Buffet, confitería, cancha de tenis, carteles de publicidad.
Esta inquietud no es menor: porque los socios ya saben que el terreno donde está emplazado el Aeroclub pertenece al gobierno Nacional, específicamente al Ejército Argentino, que cedió esos campos con dos condiciones: el uso de los mismos debe ser gratuito e intransferible. Pero la comisión arrienda parte de esos campos para que cultiven. El hecho también es grave porque Campo General Belgrano es una reserva natural y se está introduciendo flora ajena al ecosistema.
En la asamblea del pasado 24 la idea de Capó era negar estas acusaciones (o, mejor dicho, ni siquiera hablar de ellas). Sin embargo Cuarto Poder accedió a un contrato de arriendo (el Aeroclub alquilando tierras del ejército).
La escribana Susana Marcela Rubín registró el Contrato de arriendo. Por parte del Aeroclub fueron Sergio Raúl Zambrano, Juan Ignacio Ellero, José Valentín López, que figuraron como Presidente, Secretario y Tesorero. En representante de la empresa CHEMECO Argentina SRL estuvo la Socio gerente Mercedes Pastor Revilla.
El contrato es interesante. No menciona que el terreno es del ejército y se nota cuál es la intención de los pseudoamantes de la aviación: “El campo se conoce con el nombre de Aeroclub Salta y tiene una superficie cultivable de 107 hectáreas descontando el sector operativo, las pistas de aterrizaje y las zonas de canchas y aeromodelismo, linderos con los siguientes predios: al Norte Campo militar, al Sur Salta Polo, al Este Ruta Nacional Nº9 (avenida Bolivia) y al Oeste Campo Militar”. “Superficie cultivable” es la expresión clave y por eso en la cláusula tercera se especifica que “el arrendatario se obliga por el presente a destinar dicho campo a la explotación de cultivo de granos”.
La cláusula parece una redundancia, porque Chemeco Argentina SRL se promociona como la única empresa salteña que formula productos protectores de cultivo (PPC) y brinda soluciones agronómicas desde hace diez años. Es decir, cultivan y experimentan. “Ofrece una variada oferta de productos amigables para el desarrollo sustentable, a través de los cuales, busca prevenir la inoculación de patógenos en las plantas para una agricultura racional, productiva, económica y socialmente responsable”, se puede leer de Chemeco. En ninguna parte aparece que están sembrando una reserva natural.
El contrato al que tuvo acceso Cuarto Poder se firmó en diciembre de 2010. En él se pactaba el arrendamiento por 60 mil pesos y 10.310 dólares (unos 90 dólares la hectárea) y tuvo vigencia hasta noviembre de 2013; aunque todo parece indicar que, al final, el contrato fue renovado.
El avivado
Uno de los puntos en los que se hacía énfasis en la carta documento tenía nombre y apellido: “Javier Montero”.
Ya lo habían sindicado como uno de los compradores de 5 mil litros de aeronafta, pero también exigían saber: “Deudas o créditos que eventualmente hubiere a favor del socio Javier Montero Alesanco, detalle de la misma, estado de pago, origen y razón de la misma, aprobaciones que hubiera a su respecto por Comisión directiva.”
El piloto
A Montero se lo conoce, sobre todo, por un accidente que protagonizó en 2010 en Santiago del Estero. Piloteaba el Piper PA31 y junto a él iba el entonces Subsecretario de Tierra y Hábitat salteño, Gonzalo Bello (detalle nada menor teniendo en cuenta la cantidad de denuncias por desmontes y apropiación de terrenos que pesan sobre Montero Alesanco), Oscar Walter Morizzio y Juan Manuel Montoya.
El vuelo no había sido declarado y la aeronave tuvo que ser rescatada de las aguas del Canal San Martín por una grúa, lo cual fue tomado casi como un hecho irónico cuando los integrantes de la misma juraron que volvían de pescar en Corrientes, al menos eso aseguraron ante la policía.
Otra ironía, resaltada en ese momento por el sitio Noticias Iruya, señalaba que el motivo del accidente no había sido un desperfecto, como juraba Montero, sino que se habían quedado sin nafta, acaso porque se la habían robado. “Una versión periodística sostiene que el percance de la aeronave salteña se produjo porque, momentos antes del decolaje, un malviviente se habría apoderado de 110 litros del combustible que utiliza la nave, hecho que -según las mismas fuentes- habría ocurrido en el aeródromo de Esquina, en la Provincia de Corrientes… Esta versión se antoja inverosímil, pues el piloto, además de experimentado aviador, es experto en surtidores de combustible y, por tanto, conoce perfectamente la diferencia entre un tanque lleno y un tanque vacío. Es, por tanto, muy difícil que haya despegado sin darle importancia a que la aguja indicadora estaba rebotando del lado del EMPTY”, señaló el sitio web.