Un informe de auditoría muestra que sólo el 30% de los senadores y diputados analizados presentaron sus declaraciones juradas. Por si ello fuera poco, la Escribanía de Gobierno no apercibe ni sanciona a los infractores. (Gonzalo Teruel)
La semana pasada, el miércoles 12 de abril, la Auditoría General de la Provincia que preside Abdo Omar Esper comunicó uno de los apenas 12 informes que lleva publicados este año. El reporte tuvo por ente auditado a la Escribanía de Gobierno y por objetivo evaluar el cumplimiento legal de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales de los Diputados y Senadores, ingresantes y salientes, en el año 2015.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 24 de noviembre de 2015, fecha de asunción de los legisladores, y el 27 de mayo de 2016. Y según consta en el informe de la Auditoría, el resultado es pobre: de 90 legisladores, diputados y senadores salientes y entrantes, presentaron su declaración jurada 63 mientras que los otros 27 incumplieron con su obligación. Más claro aún: el 30% de los legisladores incumplieron el mandato legal de informar sus bienes al momento de tomar y abandonar un cargo en la administración pública.
La obligación de los funcionarios de presentar declaración jurada de bienes está dada por la Ley 3.382 y su modificatoria Ley 6.547 que establece que “toda persona que desempeñe las funciones de Gobernador y Vicegobernador de la Provincia, Ministro del Poder Ejecutivo, Magistrado Judicial, Legislador, Fiscal de Estado, Miembro del Tribunal de Cuentas y del Ministerio Público, Secretario General de la Gobernación, Secretario y Subsecretario de Estado, está obligado a formular declaración jurada de sus bienes patrimoniales y de los de su cónyuge, siempre que no mediare separación judicial, como así también de los de sus hijos a su cargo, dentro de los treinta (30) de asumir sus funciones, y del cese de las mismas”.
Sin embargo y según reveló la Auditoría, 1 de cada 3 legisladores pasaron por alto esta norma sin que la Escribanía instrumentará los apercibimientos y aplicara las sanciones que corresponden. “A la fecha de realización de la presente auditoría, el ente auditado cuenta con un Área de Declaraciones Juradas integrada por dos (2) personas abocadas al trabajo de invitación, intimación, recepción y confección del acta de protocolización de declaraciones juradas: la escribana encargada del área y la auxiliar administrativa” describió el organismo de contralor en su informe y añadió que “en el proceso de control del cumplimiento de presentación de las DDJJ intervienen también la Escribana de Gobierno y en su ausencia la escribana adjunta, quienes supervisan y se encargan de firmar las invitaciones, intimaciones y protocolización de declaraciones juradas”. A la escribana Graciela María Galíndez, como le pasaba a su antecesor Víctor Manuel Fernández Esteban, se le escaparon casi 30 funcionarios públicos.
Los diputados obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales porque asumieron funciones en diciembre de 2015 son 32, 30 electos ese año y 2 que ingresaron en reemplazo de legisladores electos con anterioridad y que presentaron su renuncia. Al 22 de junio de 2016, en respuesta al cuestionario efectuado por el equipo de la Auditoría, la Escribanía informó que: 27 habían presentado sus declaraciones juradas de bienes y 5 no habían dado cumplimiento. Arturo Borelli, Tomás Rodríguez y Humberto Vázquez de Capital, Margarita Ramírez de Orán y Cerbanda Díaz (reemplazante) de Rivadavia son los que están en falta. El cumplimiento de los diputados entrantes llega a casi el 85%.
Los diputados que cesaron en sus funciones en el año 2015 y que estaban obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales eran, obvio, 32. Sólo 22 presentaron la información requerida mientras otros 10 no lo hicieron. Guido Giacosa, Liliana Mazzone y Pablo Viel (fallecido) de Capital, Omar Soches López de Cerrillos, Alberto Cabana de General Güemes, Fernando Fabián de Molinos, Ranulfo Campos de Metán, Antonio Hucena y Silvia Jarzun de Orán, y Oscar Rivadeneira de San Carlos adeudan sus declaraciones juradas. El cumplimiento de los diputados salientes se ubica por debajo del 70%.
Los senadores ingresantes, obligados a presentar declaración jurada, son 13, 11 electos y 2 en reemplazo de renunciantes. Al 22 de junio de 2016 la Escribanía informó que: 8 habían presentado sus declaraciones juradas de bienes y otros 5 no habían dado cumplimiento. Walter Cruz de Iruya, Cástulo Yanque de Santa Victoria, Pablo Soto de La Viña, Pablo González de Orán y Ana Guerra (reemplazante) de Cafayate son los que también están en falta. El cumplimiento de los senadores entrantes es de poco más del 60%.
Los senadores que cesaron en sus funciones en el año 2015 y que estaban obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales eran, obvio, 13. Menos de la mitad, sólo 6, presentaron su información patrimonial mientras que otros 7 no dieron cumplimiento a la obligación legal. Walter Cruz (reelecto) de Iruya, Lino Flores de Santa Victoria, Antonia Pastrana de La Candelaria, Pablo Soto (reelecto) de La Viña, Pablo González (reelecto) de Orán, Santiago Payo de San Martín, y Miguel Nanni (renunciante) de Cafayate deben sus presentaciones. El cumplimiento de los senadores salientes se ubica por debajo del 50% y apenas llega al 46%.
¿Y entonces qué hacemos?
“El escribano de Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para que las personas obligadas a presentar declaración jurada, tomen conocimiento de esta ley y eventualmente intime el cumplimiento de la misma. En caso de que persista el incumplimiento, debe publicar la nómina de los funcionarios reticentes” aclara el informe de la Auditoría y reconoce que del relevamiento de las invitaciones realizadas a legisladores que iniciaron su mandato el día 10 de diciembre de 2015 “se verificó que invitaron dos (2) veces al mismo grupo de legisladores en un término de 15 días de diferencia entre la 1ª y la 2ª, utilizando invitaciones del mismo tenor”. La Escribanía explicó que esta duplicidad en la notificación (a través del correo privado OCASA) se justifica “en razón de la implementación del nuevo sistema web”.
Pese a contar con 2 empleados destinados a esa exclusiva tarea, casi 30 legisladores están en falta con la Escribanía que encabeza Graciela María Galíndez. La Auditoría, además, identificó entre los formularios presentados: declaraciones juradas que no indican si corresponden al inicio o cese de funciones del presentante y escrituras de protocolización incompletas.
Además, el organismo de contralor advirtió “debilidad del control interno” y recordó que “a la fecha de finalización de las tareas de campo, Escribanía de Gobierno no había dado cumplimiento con la obligación prevista la Ley 3.382, de publicar en el Boletín Oficial los nombres de los funcionarios públicos que, no obstante estar intimados, omitieron la presentación de las declaraciones juradas de bienes”.
Esa publicación en el Boletín Oficial se hizo, tarde y mal, el 9 de septiembre de 2016 con “la nómina de los legisladores que no habían presentado las declaraciones juradas hasta el 31/08/16”. “En dicha publicación sólo se consignaron los diputados y senadores incumplientes, no se incluyeron los nombres del resto de funcionarios que se encontraban en idénticas condiciones” precisó el informe.
Por eso, la Auditoría, en indolente tono docente, recomendó a la Escribanía que “debe hacer público los nombres de los funcionarios que, debidamente intimados, no hayan dado cumplimiento a esta norma conforme lo dispone la Ley 6.547”.
Algunos pocos antecedentes
El incumplimiento de funcionarios públicos a su obligación de presentar su Declaraciones Juradas Patrimoniales parece práctica habitual en la provincia. En los archivos de Cuarto Poder se encuentran algunos artículos al respecto.
“De los 86 salteños y salteñas elegidos por la ciudadanía en 2011 para ejercer la primera representación vecinal, es decir para desempeñarse como concejales o intendentes, apenas 50 cumplen con la Ley 3.382 y su modificatoria Ley 6.547 respecto de las Declaraciones Juradas Patrimoniales. En efecto, de acuerdo a un informe realizado por la Auditoría General de la Provincia en la Escribanía de Gobierno, sólo 10 de los jefes comunales elegidos en 2011 y 40 de sus respectivos ediles presentaron la Declaración Jurada” reveló en un artículo titulado “El control no es para los poetas” que provocó la salida en 2014 de Víctor Manuel Fernández Esteban de la Escribanía.
El año pasado, otro texto periodístico contó que “Sin ser la ideal, la Escribanía de Gobierno mejora sus rendimientos a la hora de arrancar declaraciones juradas a concejales del interior: Del magro 10% que conseguía en los tiempos de Víctor Fernández Esteban pasó al 69% de hoy”.
“Los casos analizados fueron el de los concejales electos en el año 2013 por General Güemes, Metán, El Galpón, Apolinario Saravia, El Quebrachal, Las Lajitas, General Pizarro, El Jardín, El Tala, La Candelaria, Río Piedras, Campo Santo, El Bordo y Joaquín V. González” describió y precisó que “los ediles que tenían la obligación de presentar sus declaraciones eran 72 aunque los que efectivamente lo hicieron fueron 50; lo que representa un porcentaje de cumplimento del 69%”.