Triaca confirmó una nueva ola de cesantías en la administración pública. El ministro de Trabajo anunció, además, que en diciembre no habrá adicionales en el sector público.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, confirmó que el Gobierno va a avanzar en “optimización de la estructura política del Estado nacional”, el nuevo eufemismo de Cambiemos para anunciar otra ola de despidos masivos en la administración pública. Tal como reveló PáginaI12 este domingo, el Ministerio de Modernización contrató a consultoras para diseñar un plan de “dotaciones óptimas” de ministerios, secretarías y organismos. Los informes ya fueron terminados y plantean el despido de entre el 10 y el 20 por ciento de los trabajadores, con variaciones según el lugar. Triaca también confirmó que no habrá bono de fin de año para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, ni para los jubilados y estatales.
Las versiones sobre el nuevo ajuste circulaban desde la semana pasada, cuando se filtraron detalles del informe de “dotación óptima”, hecho para el INTA, donde Modernización le comunicó a las autoridades del organismo que debían despedir a 750 trabajadores, el 10 por ciento de su dotación.
Los gremios saben que estos informes fueron realizados en todas las reparticiones del Estado nacional. Aunque reclamaron verlos, incluso a través de una presentación judicial, Modernización no les ha dado acceso a ellos. Por eso no se sabe cuál es el ajuste que el Gobierno quiere puntualmente para cada ministerio. “Estamos en los sectores de trabajo, agazapados, esperando que caigan los telegramas de despidos para hacer lo que tengamos que hacer”, describió ayer Daniel Catalano, el titular de ATE Capital. A su vez, el secretario general de ATE, Hugo Godoy, llamó a un paro nacional para el 6 de diciembre. “Lo de las dotaciones óptimas es un invento para hacer el ajuste que el Gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional”, sostuvo.
Está claro que hay una decisión de Mauricio Macri de no esperar a que el respaldo que obtuvo en las elecciones se licúe para hacer un recorte que volverá a dejar a miles de estatales en la calle. Triaca dijo que el “reordenamiento” del Estado fue una indicación expresa que ayer recibieron todos los ministros de parte del Presidente en la reunión de Gabinete.
El funcionario informó que en la reunión se había hablado de “la propuesta de optimizar la estructura política del Estado nacional”, y que Macri les pidió “a cada uno de los ministros analizar sus estructuras para ver de qué manera podemos cumplir con los objetivos que nos plantea y hacerlo “de una manera más eficiente”.
Lo que se ve con el ajuste del Estado es la misma urgencia que le están dando al proyecto de reforma laboral en el Congreso, que el oficialismo empuja a toda máquina, con la intención de que sea sancionado cuanto antes. El discurso para justificarlo también es idéntico: el recorte de derechos laborales es la condición para ir hacia “los empleos del futuro” (dijo el Presidente), los despidos de trabajadores del Estado se hacen porque “el Presidente pide cuidar los recursos de los ciudadanos (dijo ayer Triaca), dándole mayor transparencia y dándole más certeza de la que vienen teniendo nuestros planes de gobierno”.
Sobre la decisión de no dar este año el bono a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, jubilados y estatales, el argumento del ministro fue que “no es necesario” porque en la paritaria (de los estatales “se pactó una cláusula gatillo por la inflación”.
En diciembre pasado, los trabajadores estatales recibieron entre 2.000 y 3.000 pesos, según su nivel salarial. “No vamos a enviar un solo peso más”, habían avisado desde la Rosada antes de la confirmación oficial por parte de Triaca. Los únicos que recibirán una asignación extra este fin de año serían los trabajadores cooperativistas agrupados en las organizaciones de la economía popular como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), es decir los que hoy cobran un salario social. Ese pago depende del Ministerio de Desarrollo Social, bajo la conducción de Carolina Stanley. Las organizaciones, sin embargo, reclaman que el Gobierno apruebe la Emergencia Alimentaria, para aumentar las raciones de alimentos que reciben los comedores populares, donde dicen que la comida ya no alcanza para alimentar a la cantidad de chicos y familias que se acercan (ver aparte).
La mayor cantidad de empleados del Estado nacional se concentra en la Ciudad de Buenos Aires. En ATE-Capital la decisión es ocupar pacíficamente aquellas dependencias donde haya despedidos. Los estatales nacionales sufrieron 12.500 despidos en los dos primeros años de la gestión de Cambiemos, despidos que fueron antecedidos por una campaña de estigmatización -”hay que limpiar la grasa militante”-, a los que siguieron un número mayor de nuevas contrataciones, de la mano de la creación de nuevos ministerios y secretarias PRO.
ATE Capital, con otros gremios porteños de la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky (como los docentes de UTE y los metrodelegados) y sindicatos de la Corriente Federal de Sergio Palazzo (bancarios, gráficos, docentes privados, judiciales) se juntarán esta tarde para armar una mesa de trabajo que permita “abrazar todos los conflictos que se vayan presentando en la Capital”, contó Catalano. La necesidad de coordinar acciones en común es un fuego que atizó la reforma laboral.
“Hay una total coincidencia contra la reforma y estamos tratando de construir una posición común. Cuesta bastante, pero creo que vamos a llegar mucho más rápido los gremios que las centrales obreras”, agregó el sindicalista.
Hugo Godoy dijo, por su parte, que el paro nacional de los estatales será acompañado por todos los gremios de la CTA Autónoma. Para el titular de ATE la situación “es muy preocupante” no sólo por la reforma laboral que impulsa la alianza gobernante, que se siente fortalecida tras los resultados de las últimas elecciones legislativas, sino también porque “el paquete de reformas, que el presidente Macri inscribió en su propuesta de ‘reforma permanente’, incluye las reformas previsional y tributaria, que impactarán en los campos de la salud y de la educación, con la consiguiente pérdida de derechos para los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Fuente: Página 12