La pesada herencia del urtubeycismo complica la gestión de Gustavo Sáenz.
La demanda judicial presentada ante los tribunales de Nueva York por un grupo de acreedores de la provincia de Entre Ríos disparó una alerta en el ministerio de Economía, al punto de temer que otras jurisdicciones con vencimientos de deuda puedan caer en la misma situación de default y así empantanar las conversaciones que el Gobierno reanudó esta semana para arribar a una reestructuración del préstamo por más de u$s 42.000 millones asumido por la gestión anterior ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ayer, funcionarios técnicos de la cartera que dirige el ministro Martín Guzmán convocaron a los ministros de finanzas de Salta, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Chaco, Jujuy, Entre Ríos y Tierra del Fuego, las provincias con vencimientos inminentes, para tener un panorama cabal de la situación de cada distrito, y poner blanco sobre negro en las «líneas rojas» que cada distrito no debe traspasar a la hora de renegociar con los tenedores de sus bonos.
El ministro de Hacienda de Salta fue allá esperanzado, pero Dib Ashur no volvió con tan buenas noticias.
A cargo del director de la unidad de reestructuración de la deuda, Rafael Brigo, el equipo del Palacio de Hacienda demandó a las provincias que «respeten» los lineamientos de sostenibilidad que trazó la Nación, y que no cedan a la presión de los tenedores de bonos que amenazan con litigar, bajo riesgo de llegar a acuerdos que no impliquen quitas sustanciales de los intereses, o bien tengan corto plazo de vencimiento.
La reunión sucedió casi al momento que la provincia de Córdoba logró un acuerdo para reestructurar su pasivo de u$s 1700 millones y así evitó el default, tras seducir a un grupo de acreedores «agresivos». El lunes por la noche, el gobernador Juan Schiaretti anunció en conferencia de prensa que la provincia había logrado librarse en 2021 de u$s 700 millones por capital e intereses, tras bajar la tasa de interés de un promedio de 7,23% de los contratos originales, al 6,08%.
Sin embargo, para algunos de los participantes de la reunión convocada por Economía de Nación, el acuerdo de Córdoba pone la vara muy alta para el resto de las provincias en problemas financieros, por haber bajado la tasa de interés en solo un punto, y no haber «pateado» demasiado los plazos de repago. En el equipo del ministro de Guzmán, en tanto, pidieron no cerrar en niveles que corresponden a «demandas mal fundadas de acreedores».
La ocasión también sirvió a los funcionarios provinciales para volver a insistir con la demanda de asistencia financiera que sus distritos necesitan, tras un año 2020 para el olvido por la monumental de la caída de la actividad y, consecuentemente, de la recaudación atada a ella a través de Ingresos Brutos y Sellos.
Para ellos, el mensaje fue de cautela y paciencia: todo está condicionado a lograr una renegociación de la deuda con el FMI, idealmente, antes de mayo.