Los permisos de Nacho Jarsún a los desarrolladores de barrios privados para que hagan lo que quieran con el agua, habrían sido bien recompensados. Un alto monto en dólares, sumado a dos lotes en un exclusivo country serían parte del generoso acuerdo. Mientras tanto, las empresas amigas hacen estragos en el norte asediado por la escasez de agua.
En julio de este año, a través de estas páginas, se dio a conocer que la empresa Aguas del Norte -comandada por Ignacio Jarsún- había autorizado a un exclusivo barrio privado de San Lorenzo chico a despachar sus desechos al río Arenales. Esto se había logrado a través de un permiso precario para utilizar la saturada 11° colectora máxima, que celebraron tanto los administradores del barrio, como la megadesarrolladora Proyecto Norte, dueña de todas las urbanizaciones de la circunvalación oeste.
Más tarde el Ente Regulador de Servicios Públicos pondría un freno a las múltiples solicitudes de barrios aledaños interesados -al igual que sus vecinos- en dejar de pagar por biodigestores y volcar sus efluentes cloacales directamente al lecho del río.
Para que estas y otras operaciones relacionadas con el agua tengan lugar, en necesario contar con un certificado de factibilidad que, actualmente, otorga de manera unilateral la empresa Aguas del Norte. La factibilidad es la certificación de que un proyecto cuenta con los requisitos para disponer del servicio y que todo desarrollo necesita para concretar las obras de agua y cloacas en los loteos.
El caso citado disparó polémicas adicionales a las mencionadas cuando se conoció que el actual presidente de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, habría comprado un inmueble valuado en $24 millones nada menos que a Proyecto Norte, la empresa que benefició. A cuatro meses de aquella revelación, el exdiputado y rugbier oriundo de Rosario de Lerma no dio explicación alguna.
¿Cuánto vale la caca de los cholos?
A cambio del permiso para que los vecinos de Jardines de San Lorenzo puedan volcar sus heces al río a través de la 11° colectora, el exintendente de Rosario de Lerma habría exigido algo más que un buen montón de billetes en moneda nacional.
Cincuenta mil dólares estadounidenses y dos lotes en el coqueto country “Las Chuñas” habrían de constituir la jugosa ofrenda.
En sus redes, Proyecto Norte publicita el nuevo vecindario de Jarsún como “La inversión ideal”. Las Chuñas se presenta como la última urbanización privada de gran escala en San Lorenzo Chico. Se trata de un nuevo barrio privado donde el lote más pequeño parte de los 800 m2. Según el sitio web de PN, la urbanización se encuentra “cerca de todos los servicios y en el corazón de San Lorenzo Chico”. Ubicado anexo a Praderas de San Lorenzo y La Trinidad, Las Chuñas “cuenta con diferentes opciones de acceso desde Circunvalación o a través de la Av. Finca Yerba Buena”.
Finalmente, la empresa beneficiada por Jarsún promete que el loteo “ofrecerá todos los servicios propios de nuestras urbanizaciones de primera calidad, amenities, accesos y calles pavimentadas, infraestructura subterránea y ductos para corrientes débiles”. La nueva adquisición de “nachito” debería -como mínimo- despertar interrogantes sobre las otras cinco propiedades que posee en la provincia según los registros de inmuebles.
Decreto Velarde
El hecho de que los certificados de factibilidad deban ser otorgados exclusivamente por la empresa de agua, es el producto más acabado del lobby inmobiliario. Tanto la secretaría de Recursos Hídricos, como el Ente Regulador de Servicios Públicos fueron desplazados de esta función a través del decreto 1682/19, también conocido como “decreto Fanny Velarde”.
En su artículo 4, inciso d, la norma establece que todo loteo debe presentar obligatoriamente: “certificado de pre-factibilidad del servicio de agua potable y cloacas en los casos que corresponda, emitido por la empresa prestadora del servicio o por el organismo correspondiente”.
Es a través de esta herramienta que la empresa Aguas del Norte dispone qué barrios gozarán del aval para hacer con el agua lo que les venga en gana. Bien lo saben los vecinos de Jardines de San Lorenzo que observan a diario como los residentes de countries aledaños llenan piscinas y riegan jardines desde la bomba ubicada en Tucán Club.
MAHEstros del afano
Mientras tanto, el norte provincial se prepara para recibir uno de los veranos más hostiles de los últimos años como producto de las altas temperaturas y la escasez crónica de agua. En ese contexto son poderosamente llamativos los movimientos de algunas empresas con curiosos vínculos con el estado.
A comienzos del mes pasado, los habitantes de Tartagal recibieron la triste noticia de la rescisión del contrato de obra para la realización de un pozo en la localidad de Tonono. Así quedó establecido en la resolución 770 publicada en el Boletín Oficial. El convenio de obra había sido firmado por el Ing. Hugo De la Fuente, secretario de Obras Públicas, por un presupuesto de 37.080.263 pesos (IVA incluido, a valores Noviembre/2022) y tenía un plazo de ejecución de 120 días corridos.
No obstante, el informe de inspección efectuado por la Dirección de Obras Municipales de la comuna tartagalense resalta que por el contexto inflacionario y el desfasaje económico no podrá finalizarse en debida forma.
Los trabajos registran un avance del 71.66 por ciento (iniciaron el 1 de febrero de este año) y la rescisión del convenio resulta en que la Secretaría de Obras Públicas ocupará y dispondrá inmediatamente del terreno de la obra “en el estado en que se encuentra y con todos los bienes incorporados a la misma”, bajo conformidad de la comuna.
La empresa a cargo de la obra era MAHE SALTA SRL, una sociedad conformada en 2021 por Mauricio Giorgini y Ramiro Arsenio Carrizo, este último tendría un lazo familiar con el titular del IPV, Gustavo Carrizo. Entre los increíbles argumentos de la firma para retirarse del lugar sin terminar la obra, se llegó a mencionar que el pozo había colapsado por la caída de una herramienta. Los habitantes de la ruta nacional 86 siguen sin acceso al agua, a pesar de los millones cobrados por la empresa. Negocio redondo.