Con el sello del Banco Macro y el “pago in situ”, el municipio de Manuel Saravia aprobó un esquema que promete modernización, pero ya despierta críticas por posibles abusos, incentivos económicos y riesgos para las garantías de los conductores.
Kim Im Porta
La escena parece salida de un manual contemporáneo de gestión pública: aplicaciones móviles, inteligencia artificial, tableros de control en tiempo real, digitalización de actas y pagos electrónicos instantáneos. Todo bajo el elegante paraguas de la “modernización del Estado”. Pero detrás de esa estética tecnológica, el nuevo sistema de “Gestión Digital de Infracciones” aprobado en San Lorenzo empieza a generar una dicotomía incómoda: ¿seguridad vial o recaudación?
Con el respaldo del oficialismo en el Concejo Deliberante, el intendente Manuel Cornejo Saravia consiguió avanzar con un convenio que incorpora al Banco Macro S.A. como actor central en el sistema de multas municipales. El acuerdo no solo habilita la digitalización integral de infracciones de tránsito, sino que además establece que la entidad financiera percibirá un 13% más IVA sobre cada multa efectivamente cobrada.
La cifra no pasó inadvertida. Mucho menos en una provincia donde todavía sobrevuelan los fantasmas de CECAITRA y DETECTRA, aquel polémico esquema de fotomultas impulsado durante la gestión de Bettina Romero en la capital salteña y que terminó alimentando sospechas sobre negocios privados atados directamente al volumen de infracciones.
Porque ahí aparece el primer núcleo de la polémica: cuando una empresa —o en este caso un banco— gana más dinero cuanto más multas se cobran, el discurso oficial de la “prevención” empieza a tambalear.
Incentivos perfecto para recaudar
El municipio presentó el convenio como una herramienta moderna para agilizar procedimientos, reducir burocracia y transparentar controles. Los inspectores podrán labrar actas digitales desde una aplicación móvil, incorporar fotografías como prueba y cargar toda la información en tiempo real.
Sin embargo, el problema no parece tecnológico sino político. El convenio establece un esquema donde Banco Macro no cobra una suma fija por prestar el servicio, sino un porcentaje directo sobre cada infracción pagada. Es decir: cuanto más dinero ingrese por multas, más gana la entidad financiera. Sólo ese punto modifica completamente la lógica del sistema.
La discusión no es menor. Si el objetivo declarado de las multas de tránsito es desalentar conductas peligrosas y promover educación vial, ¿por qué montar un esquema económico donde una parte privada se beneficia directamente del aumento de sanciones?
La pregunta se vuelve todavía más sensible cuando el contrato prevé una duración inicial de cinco años con renovación automática y la posibilidad de incrementar aún más la comisión para cubrir dispositivos móviles, impresoras y otros costos tecnológicos.
En otras palabras: el propio financiamiento del sistema podría terminar dependiendo del volumen de multas aplicadas.
Los críticos advierten que allí aparece un incentivo perverso. Porque el riesgo ya no es solamente que el Estado recaude, sino que exista toda una estructura económica interesada en que el sistema produzca infracciones constantemente.
El antecedente de las fotomultas salteñas vuelve inevitable la comparación. En aquel modelo, también se prometía eficiencia, tecnología y prevención. Pero las sospechas crecieron cuando comenzaron a aparecer contratos donde empresas privadas cobraban porcentajes atados directamente a la recaudación.
El “pago in situ” y el nacimiento del inspector-cajero
Pero si la participación del Macro encendió alarmas, el otro punto explosivo del convenio es la implementación del llamado “Pago In Situ”.
El mecanismo permitiría que el conductor abone la multa en el mismo momento del control mediante una pasarela de pagos digital. Traducido al lenguaje cotidiano: el inspector podría convertirse, en los hechos, en una especie de cobrador ambulante del Estado. Allí empiezan los problemas jurídicos, éticos y políticos.
En distintos países de América Latina, este tipo de sistemas acumula críticas desde hace años. Las objeciones son múltiples: incentivos a la corrupción, presión sobre el conductor, afectación del derecho de defensa y una peligrosa transformación de la sanción administrativa en una mera herramienta de cobro inmediato.
Numerosos especialistas sostienen que el pago instantáneo genera una “presunción práctica de culpabilidad”. El conductor paga para evitarse problemas, demoras, secuestros del vehículo o mayores costos, incluso cuando no está de acuerdo con la infracción.
La lógica es simple y brutal: “pague ahora y siga”. En ese contexto, el derecho a discutir la multa, ofrecer pruebas o recurrir la sanción queda reducido a una formalidad casi decorativa.
Distintas asociaciones de consumidores y juristas vienen cuestionando estos mecanismos porque consideran que muchas veces operan bajo presión psicológica. El ciudadano, frente a un inspector y en plena vía pública, difícilmente se encuentre en condiciones reales de ejercer adecuadamente su defensa.
Además, el “pago in situ” suele generar otra distorsión peligrosa: transforma la infracción vial en una operación financiera inmediata. La prioridad deja de ser determinar correctamente la responsabilidad y pasa a ser cobrar rápido.
Incluso desde sectores académicos se critica que los descuentos por pago voluntario inmediato desnaturalizan el carácter educativo de la sanción. Si el Estado premia la rapidez del pago por encima de la discusión sobre la infracción, el mensaje implícito parece bastante claro: lo importante no es corregir conductas, sino recaudar eficientemente.
Inteligencia artificial, dashboards y control en tiempo real
El convenio aprobado en San Lorenzo incorpora además elementos que muestran hasta dónde pretende avanzar el nuevo esquema.
Habrá “Dashboard de Control” para monitorear en tiempo real la emisión de actas y los ingresos generados por multas. También se menciona la eventual incorporación de inteligencia artificial para análisis predictivo e integración con sistemas de licencias por puntos.
En teoría, todo aparece envuelto en un discurso de eficiencia administrativa. En la práctica, muchos observan la consolidación de una maquinaria estatal cada vez más sofisticada para detectar, procesar y cobrar infracciones de manera automática y permanente.
El problema es que la tecnología nunca es neutral cuando detrás existe un incentivo económico. Las dudas siguen creciendo: ¿quién controla a los controladores? ¿Qué garantías reales tendrá un vecino frente a un sistema diseñado para cobrar en tiempo real? ¿Hasta dónde llegará la participación privada en la administración sancionatoria del Estado?