La ciudad de Salta fue escenario este martes de una masiva movilización en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria, donde estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones sociales salieron a las calles para denunciar el deterioro del sistema universitario y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La convocatoria, que se replicó en distintos puntos del país, dejó al descubierto una situación que distintos sectores calificaron como crítica y sin precedentes en las últimas décadas.
La marcha partió desde el Monumento 20 de Febrero y culminó en la Plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto central.
A lo largo del recorrido, la consigna fue clara: el ajuste presupuestario y la pérdida del poder adquisitivo están afectando de manera directa el funcionamiento de las universidades públicas y el acceso a la educación superior.
Desde la Universidad Nacional de Salta (UNSa), la vicerrectora Rita Martearena advirtió que las transferencias a las universidades nacionales sufrieron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
Este dato sintetiza el núcleo del conflicto: una reducción sostenida de recursos en un contexto de alta inflación, que impacta en todas las áreas, desde el dictado de clases hasta la investigación y el mantenimiento de las instituciones. A esto se suma el fuerte deterioro salarial.
Según se expuso durante la jornada, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada alcanzó el 293,30%, mientras que los salarios aumentaron solo un 147,30%, lo que implica una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%.
Este desfase ubica hoy a los salarios universitarios entre los más bajos de los últimos 23 años y en una posición desfavorable incluso a nivel regional.
Las consecuencias de este escenario no son abstractas. Docentes denunciaron que la precarización obliga a muchos a multiplicar sus trabajos para sostenerse, lo que repercute directamente en la calidad educativa. Investigadores alertaron sobre el freno en proyectos científicos, mientras que estudiantes señalaron el debilitamiento de los programas de becas, como Progresar y Manuel Belgrano, que han perdido capacidad real de acompañamiento frente al avance del costo de vida.
El reclamo también tuvo un fuerte componente político e institucional. Durante la lectura del documento central, los manifestantes apelaron a la Corte Suprema de Justicia para que intervenga y garantice el cumplimiento de derechos básicos. “Todo se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas, y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública”, expresaron.
El malestar también alcanzó a representantes políticos y sindicales. Desde la CGT Regional Salta, su secretario general Carlos Rodas cuestionó el ajuste y sostuvo que “defender la universidad pública es defender el futuro de la sociedad”.
En la misma línea, dirigentes educativos remarcaron que la ley de financiamiento no es una opción, sino una obligación del Estado.
Sin embargo, uno de los puntos más duros de la jornada estuvo dirigido hacia el ámbito legislativo. Referentes sindicales y universitarios cuestionaron a legisladores nacionales por acompañar políticas que, según denunciaron, profundizan el ajuste sobre el sistema educativo. Las críticas evidencian un creciente nivel de confrontación política en torno al financiamiento universitario.
La movilización, que combinó consignas, pancartas y una fuerte presencia juvenil, dejó en claro que el conflicto está lejos de resolverse.
Lejos de tratarse de una protesta aislada, se inscribe en un escenario más amplio de tensión entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, donde lo que está en juego no es solo el presupuesto, sino el modelo de educación pública y el acceso igualitario al conocimiento.
En ese contexto, la advertencia que sobrevoló toda la jornada fue contundente: sin financiamiento sostenido, la universidad pública no solo pierde calidad, sino que corre el riesgo de dejar de ser una herramienta real de inclusión social.