Todos hablan de la moral de Carlos Villalba, pero pocos reparan en que fue parte de una desquiciada relación entre el Grand Bourg, los intendentes y la Auditoria que nunca efectivizaron las investigaciones sumarísimas que se pidieron a Salvador Mazza mientras el prostibulario era reelegido con guiño “U”. (Daniel Avalos)
Toda la parafernalia que rodeó la intervención al municipio de Salvador Mazza se pareció mucho a esos policiales blancos en donde los detectives del poder creen que, identificado un desquiciado, alcanza con aislarlo (en cuanto a Villalba, léase apartarlo transitoriamente de su cargo) para que la armonía de la comarca retorne. El caso de este intendente, sin embargo, es un policial negro. Una historia en la cual el desquiciado es el emergente de mecanismos políticos descompuestos y en donde los actores no merecen la envidia de los espectadores que, sin embargo, son los que deben padecerlos como gobernantes. Es lo que en una nota anterior denominamos “La Liga de los Intendentes”. Una mecánica que Urtubey habría aprendido en sus épocas de diputado nacional, cuando conoció de cerca cómo Eduardo Duhalde tejía sus alianzas con los famosos barones del conurbano.
En Salta, la mecánica se repite en lo esencial: los intendentes transfieren su poder territorial-electoral al Gobernador, renuncian a disputar alguna vez la gobernación, pero exigen impunidad en la administración de sus municipios. Lo primero puede confirmarse fácil: Carlos Villalba es un intendente renovador que renunció a la línea partidaria para atar su destino a Urtubey y gobierna un municipio de un departamento que siempre puso al servicio del Gobernador el poder territorial propio. En las elecciones del 2011, por ejemplo, le aportó a la fórmula oficial el 72% de los votos. Hace dos semanas colaboró con casi el 50%. El gobierno retribuye el servicio con una tolerancia repugnante. Una auditoría realizada a Salvador Mazza en el 2011 lo ilustra descarnadamente. La misma fue publicada en la web del organismo el 2 de noviembre de ese año. El periodo en el que los auditores pusieron la lupa en el municipio de Villalba fue el comprendido entre enero y septiembre del 2010. Diez días (entre el 17/09 y el 27/09) estuvieron los auditores revisando papeles y entrevistando empleados para así redactar un informe de 97 páginas que mostró que, en Salvador Mazza, las irregularidades eran de todo tipo.
Satrapía norteña
El desdén con el que el Intendente obstaculizó las investigaciones fue asombroso. Los auditores estuvieron a punto de agotar las letras del abecedario (de la “a” a la “t”) para detallar la cantidad y el tipo de documentación que el funcionario no entregó a los investigadores: resoluciones que el municipio decía haber declarado pero no aparecían por ningún lado; contratos en calidad de locación de obras y/o asesorías que supuestamente se celebraron; copias de ejecuciones presupuestarias; identificación de cuentas en donde se imputa la recaudación de tasas municipales; documentos de cancelación de deudas de las que no había registros sobre el cuándo y las circunstancias en las que se originaron; registros sobre el número de personas de la planta política del municipio o montos de dinero que se gasta en personal; y una larga lista de etcéteras que los auditores precisaron con paciencia oriental.
Lo peor, sin embargo, fue otra cosa: 106 observaciones para dar cuenta de las irregularidades, que fueron desde la ausencia de un Manual de Procedimientos, al nulo control de los fondos que maneja la tesorería municipal. Lo último explicó la corrupción lisa y llana que, acá, resumiremos a lo central: de 102 órdenes de pago encontradas, 29 no poseían firmas ni comprobantes respaldatorios, 42 sólo llevan la firma del Intendente, 23 del responsable del sector contable, 19 del Secretario de Hacienda y 34 sólo del beneficiario. Compra de mercadería en diciembre del 2009 por $108.000 al supermercado King, que entregó facturas sin describir los productos vendidos; supermercado, además, no inscripto como proveedor del Estado y a cuyo propietario, Fadel Barakat, el municipio reintegró en otras operaciones $61.500 y $80.000, aunque nunca se aclaró cuándo y por qué había ingresado al municipio la suma que luego se declaraba reintegrar.
Las irregularidades alcanzaban a las mismas partidas presupuestarias: montos ejecutados por encima de lo realmente transferido, otros que se ejecutan por debajo de lo depositado por el gobierno y otros que directamente no se usaron, aun cuando los depósitos sí se efectivizaron. En cuanto a la relación entre el municipio y otros actores privados, se encontró un contrato desopilante que vinculó al estudio jurídico contable CALVO GAINZA & ASOCIADOS con el municipio. Este le requirió al primero servicios importantes para una provincia que pretende imitar los modelos gerenciales del primer mundo: atención de causas judiciales, consultas de índole jurídico-legal e incluso la “realización de auditorías contables de verificación presupuestaria y la elaboración de proyectos de reorganización contable y administrativa, y toda otra consulta de contenido contable”. A la luz del informe de Auditoría que ahora tratamos, el trabajo de estudio contable no fue eficiente, aun cuando ese contrato le comprometió al estudio $560.000 por los servicios que se estipularon entre mayo del 2008 y diciembre del 2011. Jugoso monto que no privó al estudio de otros beneficios: por ejemplo, el 22% de los montos recuperados por litigios judiciales o extrajudiciales, aun cuando ello transgrede lo dispuesto en el Art. 51 de la Ley de Aranceles de Abogados y Procuradores de Salta y la Jurisprudencia vigente.
Distribución del ingreso y alta cultura
Al mismo Villalba correspondió una clara política de distribución del ingreso que, lamentablemente, sólo alcanzó a los funcionarios del Ejecutivo Municipal y los Concejales. Consistió en un incremento de la dieta a $7.000 y $5.000 respectivamente (Ordenanza Nº 005/10 y Res. Nº 4.309/10 promulgadas el 26/04/10), incluso cuando esa decisión violaba el Art. 79 de la Ley Nº 1349 (Orgánica de Municipalidades). La misma dispone que el porcentaje de la renta que puede ser destinada a sueldos (también de los cargos) en ningún caso debiera superar al 25% de ella. Los auditores corroboraron también lo que los vecinos de Salvador Mazza critican a rabiar en el día de hoy: la casi permanente ausencia de Villalba de su municipio. Tomando como parámetro los meses de junio y julio del 2010, descubrieron tres cosas: en dos meses el Intendente estuvo en su cargo sólo 13 días hábiles, mientras los 31 días restantes se declaró en comisión de servicios; su gran acompañante en las comisiones era el asesor de la Dirección de Cultura, Juan Carlos Aguirre; y ambos cobraban los viáticos correspondientes justificando la ausencia con el muy amplio concepto de “realización de gestiones inherentes a su cargo”.
En ese marco, no sorprende que al municipio le rebotaran cheques por un total de $112.451,86. Tampoco que esa situación terminara constituyendo la principal razón de varios juicios contra la intendencia. Sí sorprende, en cambio, que uno de los que inició demanda fuera uno de los grandes beneficiados por las compras descontroladas de Villaba: Fadel Barakat, del supermercado King, que entabló demanda por $387.165. Sorprende también que los auditores hayan constatado que el municipio no se opuso al reclamo efectuado, “con lo cual, el Ente Auditado deberá afrontar el pago de la suma de referencia, más los intereses correspondientes, desde la fecha de presentación, al cobro de cada uno de los cheques y hasta su efectivo pago, costos y costas” (gastos de justicia y honorarios profesionales, por no haber presentado allanamiento en tiempo y forma, con más pedido de eximición de costas).
La suma total del desmanejo confirmado fue asombrosa. Aun si el cálculo se realizara según los montos del presupuesto municipal 2013, que es de $17.418.657 y es producto de las transferencias por Impuestos de Coparticipación Nacional ($8.114.085); Impuestos de Coparticipación Provincial ($2.988.248); Fondo Federal Solidario ($2.504.240) y Descentralización de la Ayuda Social ($3.812.084). Monto total que puede ser muy poco para resolver los graves problemas de esa localidad, pero demasiado si el que los administra es Carlos Villalba.
No pasa nada
Continuar con la enumeración de las irregularidades es imposible para cualquier nota que pretenda describir y explicar 97 folios en menos de 15.000 caracteres. Por eso conviene rescatar una recomendación de los auditores: “en atención a las observaciones formuladas en este Informe de Auditoría Definitivo (…) correspondería la aplicación de la normativa contemplada en la Res. AGPS Nº 20/04”. Esa resolución aprueba el Reglamento de las Investigaciones Sumarísimas, y sus considerandos ilustran bien las irregularidades en Salvador Mazza: “proveer a la Auditoría General de un Reglamento que brinde celeridad a las actuaciones, asegurando el legítimo derecho del Estado de munirse de aquellos elementos esenciales para fundamentar la acción judicial tendiente a hacer efectiva la responsabilidad civil de los agentes y funcionarios, ante la existencia de un perjuicio de significación para el Fisco, en el marco propio de una investigación sumarísima”. El problema es que nunca las autoridades de Auditoría General acataron la recomendación que debía llevarla a conformar la Gerencia de Investigaciones Sumarísimas. La misma debía iniciar las investigaciones pertinentes a establecer la dimensión del daño que Villalba realizó al Estado teniendo como base el trabajo de los auditores y con pruebas que debían ampliarse a partir de otras para cuya identificación se debía apelar a las facultades que otorga el art. 169 de la Constitución provincial.
Nada de eso se hizo. La presidencia de la auditoría se limitó a un lacónico “publíquese y archívese”. Lo último fue escrupulosamente cumplido y explica por qué, a pesar de que el organismo está legitimado para comparecer en juicio por sí mismo si lo considera necesario, eso nunca ha ocurrido. La Auditoría General de la Provincia, en definitiva, no es ajena a lo que la voz de Urtubey en el gabinete ordenó alguna vez a los nuevos intendentes electos en el año 2011: “A partir del 10 de diciembre tengamos una mirada positiva y hacia adelante y no se dediquen a investigar lo que hicieron o dejaron de hacer sus antecesores”.
Salvador Mazza, la parte chica del todo grande
Salvador Mazza es más que un ejemplo excepcional de la corrupción. Es un fragmento que ayuda a colorear los detalles de una totalidad provincial: la de la connivencia entre un poder central y jefes comunales que, de distintas fuerzas políticas, exhiben impúdicamente el botín del que se adueñaron por estar convencidos de que una cosa es que las leyes prohíban sus conductas y otra, muy distinta, que los que deben aplicar esas leyes realmente lo hagan. De allí lo asombroso que resulta visitar la página oficial de la auditoría. Entre los años 2011 y el actual, se publicaron 82 informes definitivos sobre municipios. Esos 82 informes corresponden a gestiones que actuaron con Urtubey como gobernador. Y de ellos sólo uno, el efectuado a Cachi y publicado en febrero del 2011, aprobó el accionar del Intendente.
Nunca se hizo nada al respecto, aun cuando tres fragantes faltas atraviesan a todos los informes: el no cumplimiento de la Ley 6838 denominada del Sistema de Contratación, que establece cómo usar el dinero de los a partir de ciertos montos; la inexistencia de controles internos que aseguren la legalidad de los procesos; y la constante obstaculización de los intendentes a suministrar la información requerida. En ese marco, el acuerdo de los intendentes con el poder central es resguardado por un organismo autárquico que no deja de responder a la estrategia política general del Grand Bourg y que tiene su base de sustentación en los jefes comunales, quienes hace dos semanas le aportaron al gobernador el 70% de los votos recolectados por Rodolfo Urtubey.
