Sebastián Copello, del Polo Obrero, Verónica Urzagaste, del MAR y Juan Chorolque, del MTR 12 de Abril fueron detenidos en sus domicilios por la policía de Gerardo Morales en Jujuy. Este viernes se realizaron movilizaciones en todo el país para pedir por su liberación.
Por: Andrea Sztychmasjter
En un cuadro de pobreza, salarios de miseria y aumento de la desocupación, organizaciones sociales y combativas de todo el país se movilizaron en las últimas semanas para mostrar a los gobiernos de turno que la situación económica y social de este país no da para más. Contrario a los discursos de la clase dirigente, funcionarios y políticos varios, las organizaciones demuestran en la calle que es necesario y urgente un cambio de rumbo político, y que se precisa de gobiernos que defiendan a la clase trabajadora.
En Jujuy el 3 de marzo se realizó un histórico acampe que fue respondido con una fuerte represión. La jornada de lucha provincial por parte de organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Lucha Piquetero, se desarrolló en distintos puntos: la capital jujeña, Perico, San Pedro, La Quiaca, Libertador. Uno de las principales exigencias fue el pedido de la asistencia social de comedores y ayuda económica de emergencia, contra el ajuste y el hambre.
“Con balas de goma y caballería la policía de Gerardo Morales impide la protesta de organizaciones sociales como el MTR-12 de Abril en San Pedro de Jujuy”, denunciaron.
Fue el propio gobernador quien en el inicio de las sesiones legislativas trató de delincuentes a quienes salen a marchar y a dirigentes sociales y eso fue la antesala para la persecución policial que se llevaría a cabo en la vecina provincia días después.
El 6 de abril con una orden de allanamiento, se realizó la detención e incautación de los celulares de Copello, Chorolque y Urzagasti con la firma de Rodolfo Miguel Fernández, Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delito contra la Administración Pública. La fiscalía ordenó la imputación por «entorpecimiento del transporte y servicios» (art. 194 del Código Penal) y «desobediencia a la autoridades» (Art. 239 del Código Penal).
Mientras esto sucedía, el fiscal de la causa Diego Funes señalaba que dichas detenciones “no eran por el reclamo social”: “Las imputaciones no tienen nada que ver con el reclamo social, sino que se relacionan a delitos estipulados en el Código Penal. La protesta es un derecho constitucional, lo que acá se está investigando son delitos que ocurrieron en el marco de un reclamo social. No se reprime, lo que sucede es que cuando en el ejercicio de un derecho se producen delitos donde hay víctimas concretas, la justicia debe actuar”, declaró Funes y generó más confusiones.
En la orden judicial se cita la “investigación preparatoria” del expediente N° 266973 del Ministerio Público de la Acusación quien inició las causas a raíz de manifestaciones en las calles de San Salvador de Jujuy el 3 y 30 de marzo pasado.
Movilizaciones en todo el país
Ante las detenciones ilegales y la persecución lanzada por el gobernador jujeño Gerardo Morales contra dirigentes piqueteros, numerosas organizaciones de lucha se movilizaron este viernes 8 en la ciudad de Buenos Aires, desde el Obelisco hasta la casa de Jujuy y conjuntamente se realizaron movilizaciones en todas las provincias del país, incluida Salta.
“Estas detenciones, que van acompañadas del amedrentamiento, hostigamiento y anteriores detenciones con violación de los derechos humanos, buscan aleccionar a los movimientos de lucha”, denunciaron desde el Polo Obrero.
Las organizaciones de la Unidad Piquetera lanzaron la convocatoria de movilizarse en todo el país. En Salta la senadora M.C. y dirigente del Polo Obrero, Gabriela Cerrano, explicó: «Los dirigentes Copello y Chorolque vienen de protagonizar en Jujuy un enorme plan de lucha contra el hambre, el ajuste y la judicializacion de la protesta. Una militante de la organización MAR fue detenida por andar con la remera de su organización, ante la evidencia del atropello policial fue puesta en libertad. Morales persigue a todos los luchadores con el Código de Contravenciones y aplican multas de hasta $15.000 por manifestarse. En Jujuy no existe el derecho a la protesta consagrado en la Constitución Nacional».
La dirigenta agregó: «Morales hace punta en reprimir a cuenta del FMI, encarcela a los dirigentes para evitar las luchas y particularmente a la lucha piquetera que viene defendiendo a los trabajadores en su conjunto, ocupados y desocupados».