En el sur de Salta, los vecinos de Metán, Rosario de la Frontera y otras localidades se cansaron de pagar por circular entre pozos y decidieron protestar contra el peaje de Cabeza de Buey. La escena de Ramón Mamani, que llegó con una llanta destrozada por un bache, resume bastante bien el estado de las rutas nacionales: el automovilista pone el vehículo, el Estado pone la indiferencia y el contribuyente paga la cuenta. Ahora, con la nueva concesión de la ruta 9/34, volvió el cobro, pero las reparaciones siguen sin aparecer. El Gobierno de Javier Milei parece haber encontrado una fórmula novedosa para administrar la infraestructura: dejar que se deteriore y después cobrarles a los usuarios por atravesarla.
Hay que reconocerle al Presidente cierta coherencia en su programa de ajuste: donde antes había mantenimiento, ahora hay pozos; donde había una exención, ahora hay peaje. Y todo esto mientras el discurso oficial insiste en que el Estado debe achicarse y que los impuestos son una calamidad. Milei había prometido que antes de crear un nuevo impuesto se cortaría un brazo —la frase suele recordarse en esos términos—, aunque conviene verificar la cita textual antes de publicarla entre comillas. El peaje no es técnicamente un impuesto, pero para el conductor que rompe una cubierta en la ruta y después debe pagar para seguir viaje, la diferencia debe de resultar bastante académica. Al final, el brazo que se salva es el del Presidente; el que queda expuesto es el del automovilista, haciendo señas para esquivar el próximo pozo.