La medida, impulsada por el gobienro nacional, dejará sin ingresos de $78 mil a más de 52 mil titulares en la provincia y tendrá un fuerte impacto social y económico en los sectores más vulnerables.
El gobierno nacional dispuso la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una política que había sido implementada en 2024 para reemplazar al Potenciar Trabajo, y resolvió sustituirlo por vouchers de formación laboral. En la práctica, la medida implica que miles de beneficiarios dejarán de percibir un ingreso directo, quedando sin ese sostén económico mensual.
La decisión, que comenzó a regir en abril de 2026, alcanza a 52.739 titulares en la provincia de Salta, quienes dejarán de cobrar los $78 mil mensuales que otorgaba el programa.
El impacto de la medida trasciende a los beneficiarios directos. Según un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, al considerar los grupos familiares, entre 158.000 y 211.000 personas se verán afectadas en la provincia, lo que profundiza la situación de vulnerabilidad en un contexto económico complejo.
La eliminación del programa se da en paralelo a una fuerte caída del consumo y del poder adquisitivo, factores que golpean especialmente a los sectores de menores ingresos.
El informe también advierte sobre el impacto económico que tendrá la medida en el territorio. El retiro de aproximadamente $49.364 millones anuales del circuito económico provincial afectará de manera directa la actividad comercial, el empleo informal y los servicios de cercanía en los distintos municipios salteños.
El programa “Volver al Trabajo” estaba destinado a personas de entre 18 y 49 años en situación de vulnerabilidad, quienes debían participar en instancias de formación o en proyectos socioproductivos para acceder a la asignación. En la provincia, había logrado articular cooperativas, organizaciones sociales y espacios comunitarios en todos los departamentos, consolidándose como un componente clave de la economía popular.
Sin embargo, los niveles de inserción laboral formal fueron bajos. De acuerdo al ISEPCi, hasta junio de 2025 solo unas 1.500 personas habían accedido a empleo registrado en todo el país, lo que representa apenas el 0,17% del total de beneficiarios. Para el organismo, este dato refleja que se trata de una población estructuralmente excluida del mercado laboral formal, más que de personas que no desean trabajar.
La decisión abre un nuevo escenario de incertidumbre para miles de familias salteñas, en un contexto donde la asistencia estatal funcionaba como un ingreso clave para sostener el consumo básico y la economía cotidiana.