Fueron las declaraciones de Mariela Labozzetta, titular de UFEM, Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres.
La Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres tuvo un rol clave en la resolución del femicidio de Diana Sacayán: llegaron al caso durante la recolección de pruebas de la escena del crimen. En colaboración con la fiscalía de turno y otros organismos estatales, consiguieron los “elementos probatorios” que ayudaron a visibilizar el odio de género y a probar los agravantes. La investigación fue un ejemplo de buenas prácticas en la justicia. Para Mariela Labozzetta, titular de UFEM, el camino todavía es largo. “Mientras las mujeres sigan siendo mercancías, va a seguir habiendo femicidios”, dijo a Cosecha Roja.
Labozzetta es optimista con el movimiento de mujeres y las repercusiones que tuvieron las marchas del 3 de junio al grito de #NiUnaMenos. “Fue un movida social de alta trascendencia e impacto, expuso una realidad que estaba tapada. Las transformaciones se producen con la intervención activa de la comunidad: está bueno apoderarse del Estado, que la gente pueda asirse muy activamente de esas estructuras. Al día siguiente de la movilización subieron la cantidad de denuncias. Fue un mensaje para las mujeres que todavía piensan que tienen la culpa, que creen que es un asunto privado, cosas pasionales de las relaciones, una forma de mostrar que la violencia de género no es natural”.
El problema es qué pasa con aquellas mujeres que se animan a denunciar la violencia pero el sistema judicial no las contiene. “La capacidad de acción es limitada porque el derecho penal llega después del hecho y no previene. La posibilidad de tener una intervención efectiva es que no haya más femicidios impunes. El mensaje del sistema tiene que ser que no hay nada natural en matar a una mujer”, explicó la fiscal.
Cuando la procuradora Alejandra Gils Carbó creó la UFEM, el equipo se debatió cómo sería el funcionamiento: una fiscalía grande, de cien personas, que trabajase todos los casos de violencia contra las mujeres o un modelo similar al resto de las unidades especializadas (narcocriminalidad, trata, criminalidad económica, violencia institucional) que interviniera en casos específicos. Eligieron el segundo modelo y armaron tres líneas de trabajo con 16 personas. La primera es el diseño de herramientas y protocolos de investigación en casos de violencia contra las mujeres con perspectiva de género. La segunda, la intervención en hechos (con prioridad en femicidios) de gran impacto social y mediático o en casos testigos que fijen un modo de acción y sirvan para ser replicados. “Ahí siempre dependemos de que el fiscal a cargo de la causa nos dé intervención, nos pida colaboración”, dijo Labozzetta.
La tercera línea de análisis en la que trabajan es la construcción de información criminal. “El objetivo es dar cuenta que la violencia contra las mujeres es un fenómeno estructural que tiene que ser visibilizado. Hasta ahora el derecho penal es androcéntrico y el registro de casos se construye por tipo de crimen y no por víctima”, explicó la fiscal.
En octubre del año la policía encontró el cadáver de Diana Sacayán en su departamento de Flores: tenía 27 heridas en el cuerpo. La UFEM actuó en el caso desde su inicio.
– ¿Qué incidencia tuvo la UFEM en el caso de Diana Sacayán?
– La posibilidad de incidencia cuando se investiga con perspectiva de género es enorme. El caso de Diana Sacayán fue emblemático porque que era una mujer trans, una luchadora de los Derechos Humanos. Su muerte visibilizó una realidad a los ojos públicos: los crímenes de odio. Y porque se pudo trabajar desde el principio con el fiscal y con el protocolo de femicidios (del Ministerio de Seguridad) en la escena del crimen: recolectamos rastros que se pierden meses después.
– ¿Cuáles son esas marcas particulares?
– Están indicados en un protocolo de Naciones Unidas y dan cuenta del odio de género: la saña con que se cometió el crimen, la cantidad de puñaladas, golpes, ataduras, notas escritas, indicios en la escena y en el cuerpo. Son datos diferentes a un asesinato por robo, elementos probatorios que no sólo ayudan a visibilizar el odio de género, sino que sirven para probar los agravantes. El protocolo que usamos con Sacayán está destinado a las fuerzas de Seguridad. Aún falta uno para operadores judiciales.
– ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres que denuncian?
– Lo que debemos transformar es el modo en el que las víctimas son recibidas en el sistema penal. Los fueros divididos hacen que tengan que tramitar las medidas cautelares con un juez civil, las amenazas o violencia con uno penal, las órdenes de restricción en la comisaría, ir al grupo terapéutico. La víctima termina rebotando por distintas instancias judiciales. Sería diferencial no aplicar prácticas revictimizadoras como los test de fabulación (informes periciales para comprobar si las mujeres mienten en el relato), las declaraciones reiteradas, la falta de acompañamiento, la culpabilización en las comisarías y hasta la toma de denuncias recíprocas a los agresores. Es crucial pasar al sistema acusatorio para restituir el conflicto, integrar a la víctima, acompañarla.
– Hubo polémicas por las órdenes de restricción en casos de femicidios, ¿creés que sirven para proteger a las mujeres?
– Es mejor que estén a que no estén, no las demonicemos. Es cierto que algunas terminan siendo inefectivas pero antes del traslado al refugio o la consigna policial hay una variante de opciones. Pero hay que intervenir sobre la violencia, las relaciones desiguales, la sociedad patriarcal. El vínculo entre desigualdad y violencia es causal: mientras las mujeres sigan siendo mercancías, mientras estén estereotipadas, expuestas como objetos en la televisión, va a seguir habiendo violencia y femicidios.
Fuente: Cosecha roja