La mayor empresa metalera de Salta despidió a más de 50 trabajadores en cuestión de horas, quemó documentación en un contenedor y guarda silencio sobre su futuro. La maniobra coincide con un megaoperativo nacional por lavado y tráfico de metales que sacudió al sector. Los vínculos políticos, el reciente desembarco de Yarade en Aceros Zapla y un antecedente clave revelado hace siete meses completan un cuadro inquietante.
En las últimas horas, la planta que Metalnor opera sobre la Ruta 26 se convirtió en un escenario de incertidumbre, angustia y un sospechoso frenesí por borrar rastros. Más de 50 trabajadores —entre operarios, maquinistas y administrativos— fueron notificados de su desvinculación sin previo aviso. “Quedó solo un grupo reducido trabajando”, relató uno de ellos, todavía con la carta de despido fresca entre las manos. Algunos llevaban más de una década en la empresa; otros, directamente, habían sido empujados al retiro voluntario con cifras muy por debajo de las indemnizaciones correspondientes. Para los administrativos, que suman unos veinte entre los cesanteados, el golpe fue igual de fulminante.
A la desolación laboral se le sumó una escena digna de un thriller corporativo: en las inmediaciones de la empresa, un contenedor repleto de carpetas y documentos terminó envuelto en llamas. La quema fue acompañada por un cordón improvisado de seguridad privada que impidió el acercamiento de vecinos y trabajadores. Nadie pudo ver qué ardía, pero todos entendieron el mensaje: algo debía desaparecer, y rápido.
En cualquier otra compañía, una decisión semejante suscitaría cuestionamientos públicos inmediatos. En Metalnor, en cambio, reina un silencio absoluto. No hubo comunicado oficial, no hubo explicaciones internas, no hubo intento alguno de contener la crisis. Lo único evidente fue el desmantelamiento acelerado de la planta más grande del rubro en la provincia.
De comprar empresa a borrar el pasado: el extraño viraje de los Yobi
La abrupta decisión empresarial choca con otro dato todavía más llamativo: Metalnor no venía de un derrumbe comercial ni de un proceso sostenido de achique. Muy por el contrario. En marzo de este año, la empresa —manejada por los hermanos Yobi— concretó la compra de Aceros Zapla al empresario jujeño Sergio Taselli. El traspaso fue anunciado de manera pública: desde el 14 de marzo, la histórica firma jujeña pasaría a llamarse Industria Zapla S.A. (INZA).
El dato político no tardó en asomar. Al frente del directorio quedó alguien bien conocido en «El romerato»: Fernando Yarade, ex jefe de Gabinete de Juan Urtubey, ex ministro de Economía de Juan Romero y figura clave en los negocios del conglomerado que rodea a su familia. Las imágenes de las reuniones previas al traspaso lo muestran sentado en la mesa chica junto al gobernador jujeño, Carlos Sadir, hablando de inversiones, producción y exportaciones. Yarade anticipó que la producción inicial sería de 1.000 toneladas, con la posibilidad de triplicar esa cifra a fines de 2025. Palabras mayores, si se considera el contexto económico nacional.
Por eso resulta desconcertante que, apenas siete meses después de ese anuncio estratégico, Metalnor entre en una suerte de hibernación forzosa: despidos masivos, vaciamiento, quema de documentos y una reclusión corporativa que nadie se anima a explicar. En los pasillos internos corre una sospecha insistente: la empresa estaría preparando el clásico movimiento de manual para tiempos de tormenta —cambiar de nombre, reorganizar sociedades y desmarcarse de su propio historial— antes de que el escándalo los alcance.
Un caso de película
El detonante del nerviosismo, según coinciden trabajadores y fuentes policiales consultadas, habría sido un megaoperativo nacional realizado la semana pasada. La Policía Federal Argentina desarticuló una banda criminal que desde hace años movía millones de dólares mediante contrabando de metales y lavado a través de criptomonedas. La estructura tenía ramificaciones en 12 localidades del país, desde la Patagonia hasta el norte, y conexiones directas con organizaciones criminales de Brasil, incluido el temido Primeiro Comando da Capital (PCC).
Los números hablan solos: 20 allanamientos, 4,4 millones de dólares secuestrados, 473 millones en pesos, 44.090 USDT y nueve detenidos, entre ellos una ciudadana china señalada como engranaje clave del circuito financiero internacional.
La modalidad delictiva —según la investigación— consistía en adquirir cobre y bronce en el mercado negro, muchas veces producto de robos urbanos y rurales, para luego transportarlos en camiones hacia el norte argentino. Allí, sobornos mediante, los cargamentos cruzaban a Paraguay y Bolivia, y desde esos países seguían viaje a Perú, Europa, Estados Unidos y China. Las ganancias se cobraban casi íntegramente en criptoactivos trasnacionales, permitiendo a la red esquivar cualquier control bancario local.
El operativo encendió alarmas en varias provincias. Pero en Salta, la inquietud tomó un matiz distinto: el mecanismo descrito coincide sospechosamente con prácticas ya reportadas en la región. Y allí aparece nuevamente Metalnor.
El antecedente advertido hace siete meses
En abril de este año, Cuarto Poder reveló un episodio que pasó casi desapercibido para la prensa local, pero que hoy cobra una relevancia fulminante. Un operativo de control en la Ruta Nacional N° 3 detectó un cargamento de “cobre disfrazado de chatarra”, con remitos adulterados y un evidente intento de evasión. En aquella ocasión, aunque las crónicas evitaron nombrarla, las fotos mostraban con nitidez un camión identificado con el logo de Metalnor.
El vehículo, un Scania G410 que había partido desde Salta, declaraba transportar 2.700 kilos de cobre. Los agentes notaron inconsistencias en el remito y en la carga, una diferencia entre lo declarado y lo que a simple vista se veía. La maniobra no es novedosa: se hace pasar cobre por chatarra para sortear controles aduaneros, violando el Decreto 70/2023 que prohíbe exportar materiales estratégicos, y los artículos 985, 987 y 872 del Código Aduanero. Pero sí es novedoso —o más bien inquietante— que una empresa salteña aparezca involucrada en un caso detectado tan lejos: en la Patagonia, epicentro infrecuente para este tipo de contrabando.
Fuentes vinculadas al sector afirman que no sería el único caso donde Metalnor figura en maniobras similares. La circulación de los camiones, el tipo de carga y los contactos operativos sugieren un engranaje más amplio, posiblemente enlazado con la red criminal desarticulada días atrás.
Y entonces surge la pregunta que nadie en el Gobierno provincial parece querer formular en voz alta: ¿Qué tan lejos llega la responsabilidad de la empresa? ¿Y qué tan cerca están quienes deberían controlarla?
Vaciamiento, contrabando y política:
Si se unen los elementos —los despidos intempestivos, la quema de documentación, la compra de Aceros Zapla, la presencia de Yarade en la conducción, los antecedentes de transporte irregular de metales y el reciente operativo nacional— aparece una trama que trasciende lo laboral.
Metalnor, la empresa de los hermanos Yobi, siempre mantuvo una estrecha cercanía con sectores del romerato, un dato que en Salta jamás pasa inadvertido. Pero hoy ese vínculo se vuelve un problema: cualquier investigación que avance sobre el tráfico ilegal de metales tocará inevitablemente intereses políticos y empresariales de peso.
Lo que ocurre en la Ruta 26 no es solo una crisis interna. Es, con todas las letras, un posible intento de blindaje antes de que una causa mayor los alcance. Mientras tanto, cincuenta familias quedaron en la calle, la planta opera al mínimo y la provincia pierde —otra vez— una pieza crucial de su industria bajo un manto de sospecha.
La pregunta hoy no es si hay algo detrás del vaciamiento. La pregunta es qué tan grave es lo que están intentando ocultar.