La administración del mercado San Miguel reconoció que la recaudación mensual roza los $130 millones, aunque sobran indicios de que la cifra sería mayor. Las condiciones edilicias constatadas por el COPAIPA no se condicen ni por lejos con esos números. A pesar de la evidente falta de inversión, el esfuerzo para la reapertura del mercado vendrá de parte de la Provincia y el Municipio. Los desmanejos de la gestión Muratore recaerán, como era esperable, sobre las espaldas de los contribuyentes.
La indisimulable incomodidad que José “pepe” Muratore muestra ante el más mínimo requerimiento informativo sobre el funcionamiento del mercado San Miguel, quedó en evidencia nuevamente esta semana. Es sabido que al “petiso” no le gusta hablar de números, mucho menos cuando dejan en evidencia la falta de inversión y de mantenimiento del predio de calle San Martín. Eso sí, para lanzar al aire y de manera irresponsable fechas tentativas de reapertura del mercado, se lo ve muy predispuesto.
En diálogo con el programa “Un día a la vez” de FM Profesional, “Pepe” dejó varias incógnitas y, a la vez, una significativa definición: la recaudación mensual del Mercado San Miguel rondaría, al menos, los $130 millones. La cifra se desprende de una fórmula propuesta por él mismo en la entrevista, no sin antes demostrar su poca tolerancia ante las preguntas de la prensa: “Están perdiendo la objetividad de la nota. no voy a permitir que se me acuse”, alegó sin que nadie haya deslizado esa postura. “El que más paga de alquiler paga $220 mil pesos, incluidos gastos de luz y limpieza. Multiplicá 650 por $200.000 y ahí vas a sacar lo que se recauda”, propuso.
Segundos antes, Muratore había asegurado que los puesteros eran “casi 600” y los comerciantes arriesgan un total de 750; por lo que el número de locales puede darse por incierto. Como sea, los detalles sobre la recaudación abren un sinfín de interrogantes. ¿Cómo es que no se realizaron inversiones reales y estructurales en el tendido eléctrico?, Con semejantes ingresos, ¿no alcanzaron los fondos para la adquisición de redes contra incendios?, ¿Qué porcentaje de la recaudación se invertía realmente en mejoras para la seguridad de los trabajadores? Por ahora, todo apunta a que el municipio y el gobierno de la provincia taparán los baches de la administración Muratore.
Durante la entrevista, también hubo lugar a consultas sobre la cobertura de seguros, un misterio desde el día uno después del incendio. “Ayer estuvo el perito de Buenos Aires y realizó los peritajes. Los primeros días de diciembre ya tendremos la respuesta del seguro. No tenemos nada nebuloso con ese tema”, se atajó.
No obstante, algunos aspectos del contrato dejan varios puntos oscuros. La mercadería, por ejemplo, que perdieron 148 puesteros en su totalidad, no está cubierta por la aseguradora. Esto se debe a que la cobertura no es particular, sino general para cada uno de los centros comerciales y gastronómicos que dependen de la Fundación San Miguel: Mercado Evita, Mercado de Vicente López, Paseo de Plaza España y Mercado San Miguel. La forma que eligió Muratore para explicarlo fue un canto a la empatía: “Si alguien se preocupa por la mercadería, debería ir y pagar su seguro”.
Pasillos que hablan
Los comerciantes afectados por el cierre del mercado se dividen en dos grandes grupos entre los que se encuentran los allegados a Muratore y quienes se muestran críticos a su gestión. Entre estos, últimos hay varios ex vendedores ambulantes, que la gestión bettinista relegó al subsuelo del edificio de calle San Martín.
El municipio, por entonces, prometió espacio para 115 vendedores, número que luego se redujo a 60 para dar lugar a comerciantes mayoristas amigos de “Pepe”. Por el escaso volumen de ventas y las deplorables condiciones edilicias del subsuelo, a esos comerciantes la administración les cobra actualmente una tarifa de $123 mil. El “mangazo”, por supuesto, iba siempre acompañado de promesas de nuevos baños y ventiladores, entre otras cosas jamás cumplidas.
“Pensamos que ese espacio iba a ser para vendedores ambulantes, pero eran casi todos mayoristas, que tienen 4 o 5 negocios, incluso algunos en la peatonal. “Nosotros quedamos sólo 25”, expuso a este medio un comerciante que prefirió el anonimato para evitar represalias. “Hace como un año construyó puestos sobre la escalera. Pasaron de ser 115 a 131 en dos años”, añadió.
Uno de los hechos más insólitos vinculados a la recaudación en el Mercado se registró en 2022, a pocos meses del traslado de los ambulantes al subsuelo. “Cuando tenía que aprobar los planos eléctricos, nos pidió un dinero a todos los puesteros. Fueron $45 mil, pero logramos que lo baje a $30 mil en dos cuotas”. El destino de dichos montos nunca quedó claro, aunque no es muy difícil de intuir.
Como si fuera poco, una insólita cláusula establece que si -por algún motivo- los comerciantes desean vender su local, la administración se queda con un porcentaje de ese valor. “Las estructuras estaban llenas de telarañas, las cloacas transpiraban y el agua caía en la ropa que vendía la gente. No hay ventilación. Para colmo, según cuentan los más viejos, el segundo piso del mercado fue construido hace varios años con hierro del 8. Si siguen sumando negocios puede ser una tragedia”.
¿Una auditoría que no fue?
No fueron pocos los trabajadores que recibieron una curiosa advertencia el día previo al incendio que devoró la tercera parte del mercado: “Mañana hay una inspección de control. Tengan cuidado con lo que van a responder, si responden mal, se los saca del puesto”.
Las palabras fueron una amenaza directa por parte de “los Ayub”, encargados de Seguridad (y fuerza de intimidación) al servicio de Muratore. Los comerciantes, desconcertados, indagaron al respecto y obtuvieron como respuesta que en realidad se trataba de una auditoría.
Es sabido que dichos controles, no se realizan desde hace al menos 5 años en la Fundación San Miguel. ¿Se habrán quemado algunos papeles?
Apareció el COPAIPA
El colegio que nuclea a profesionales arquitectos, ingenieros y agrimensores se expidió en relación al siniestro y publicó un duro informe. De acuerdo al documento, corresponde hacer un nuevo proyecto para la parte de instalación eléctrica, debido al cortocircuito que obliga a verificar la sismo resistencia de las estructuras siendo el fuego sumamente dañino y evaluar si sirven o se deben demoler, y en lo inmediato brindar las medidas de seguridad a los puesteros que trabajan en la recuperación del lugar en condiciones inseguras.
Además remarcaron la necesidad de realizar un control de plagas ante la denuncia de algunos vecinos y puesteros sobre la presencia de ratas y cucarachas, algo que corresponde a las normas de higiene para garantizar la salubridad de las personas.
Para los profesionales, el cortocircuito pudo tener que ver con las zapatillas, ya que se nota que la llave térmica que era la encargada de visualizar este desperfecto, no ha podido leer y saltar. Luego remarcaron que antes de la reapertura del mercado es central que se cumpla la coordinación entre la llave térmica, que es la que tiene que visualizar el cortocircuito y los cables que están aguas abajo con respecto a la carga que tienen.
Fuera de la ley
Como se subrayó en ediciones anteriores, la expansión caótica del número de comerciantes en el Mercado San Miguel es producto, además de la voracidad recaudatoria de don “Pepe”, de la distorsión absoluta del objeto original del inmueble.
Al menos así queda evidenciado en las leyes sancionadas en la década del 60 para la expropiación del mercado y la cesión de su manejo al municipio. Las normativas pueden consultarse en el Boletín oficial de la provincia:
El 28 de julio de 1961, a través de la ley N° 3.619, se declara utilidad pública sujeta a expropiación el inmueble de Inmobiliaria San Miguel (catastro 4.551) para la Municipalidad de Salta. El objeto/destino del inmueble queda establecido como “Mercado de abastecimiento y consumo” en el artículo 2 de la ley.
El 2 de diciembre de 1969, a través de la ley N° 4.323 se declaran sujetos a expropiación los derechos de ocupación, uso y goce por terceros de todos los locales exteriores del edificio del Mercado San Miguel. El objetivo de la norma era construir la fachada de calle San Martín y realizar obras sobre Ituzaingó y Urquiza.
Demás está aclarar que la venta de artículos electrónicos, indumentaria, repuestos para celulares, electrodomésticos, florería y elementos de santería, poco y nada tienen que ver con la categoría de “consumo y abastecimiento”.
Cabe preguntarse entonces, ¿hasta cuándo se seguirá permitiendo semejante distorsión/incumplimiento de los mandatos legales?