El incendio en el centro comercial más antiguo de la ciudad puso de relieve, no sólo las falencias de la administración Muratore, sino también el incumplimiento de la condición original para su funcionamiento como mercado de abasto. Al igual que el Mercado San Miguel, muchos edificios icónicos de la ciudad fueron cedidos para fines que hoy se encuentran totalmente desvirtuados. ¿Generando las condiciones para la privatización?
Dos noticias sobresalientes de la semana que culmina parecen conectar en un punto hasta ahora poco debatido en Salta. La primera fue la oficialización por parte del gobierno nacional de la venta de cuatro inmuebles en la provincia, entre los que se encuentra nada menos que la sede de la justicia federal. El segundo, el voraz incendio que afectó el 50% de las instalaciones del Mercado San Miguel, con los consecuentes análisis respecto de la distorsión de su objetivo original como mercado de alimentos. Este proceso se hizo evidente en las últimas décadas bajo la administración de José Muratore.
En torno a los hechos citados surgen algunos interrogantes. ¿Qué ocurre o debería ocurrir con aquellos inmuebles que fueron cedidos al Estado con la condición de que se desarrollen allí actividades específicas que luego no se cumplen?, ¿qué tan funcionales son estas desviaciones a los proyectos privatizadores en boga?
El Código Civil y Comercial define a la donación con cargo como un contrato en el que el donatario se compromete a cumplir una obligación accesoria, inferior al valor de lo donado. Si el donatario no cumple con la obligación, el donante puede revocar la entrega. Los ejemplos en la ciudad y en la provincia son variados. Se trata de donaciones por parte de familias aristocráticas al Estado, muchas de las cuales datan del Siglo XIX. Otros casos, tienen que ver con cesiones del Estado provincial al municipal o viceversa, donde las condiciones para el uso de los inmuebles quedan plasmadas en leyes u ordenanzas.
Tal es el caso del Mercado San Miguel, originalmente proyectado como el mercado de abasto de la ciudad. En la mayoría de los mercados del país, esta categoría incluye la comercialización de: frutas, verduras, alimentos, especias y productos gastronómicos. Algunos historiadores consideran que fue en 1985 cuando el mercado salteño perdió esa caracterización y comenzó el proceso de transición caótica hacia lo que es hoy: mercado de pulgas, indumentaria de imitación y baratijas electrónicas, entre otros rubros.
Rescatando la historia
El Mercado San Miguel fue fundado en 1865 por don Saturnino San Miguel y Moldes, de ahí su nombre. Se trata del centro comercial más antiguo de la ciudad. Desde su fundación hasta 1914, su estructura edilicia creció anárquicamente. Pero ese año los hijos de San Miguel resolvieron levantar un nuevo edificio. El italiano Francisco Gianotti proyectó y ejecutó la obra.
El 24 de julio de 1961 el gobernador Bernardo Biella promulgó la expropiación por falta de higiene y mal estado de las instalaciones con la condición de que siempre fuese destinado a ser el mercado de abasto de la ciudad.
Del edificio original sólo se conservan las columnas del tinglado central y el frente sobre peatonal La Florida. El resto de la fachada sufrió cambios y remodelaciones. Sobre calle Ituzaingó, se realizó un subsuelo y entrepiso. En
la avenida San Martín se incorporó un nuevo acceso durante 1960. Así como la fachada, el resto del edificio también sufrió reformas: fue techado con un tinglado.
En el mercado se distribuyen más de 470 puestos, muchos de los cuales han pertenecido a familias por generaciones. El mercado actualmente es polirubro y ofrece variedad de productos, incluyendo un patio de comidas y un mercado de indumentaria de bajo costo.
La organización del mercado municipal está sujeta a la Ordenanza Municipal N° 12.371/04 y Ordenanza Municipal N° 15.151/16. La primera ordenanza mencionada rige las actividades del mercado y las condiciones de los puestos, mientras que la segunda ordenanza modifica a la primera respecto a la autoridad encargada de la administración del Mercado San Miguel. Este ente se encarga de la gestión y administración del mercado, compuesto por un directorio integrado por tres personas. Dos de ellos son designados y removidos por el Intendente y uno por la Fundación San Miguel. Sus mandatos son por períodos de cuatro años comprendidos dentro del que posee el Intendente en ejercicio al designarlos, con posibilidad de ser reelegidos.
Durante las últimas dos décadas, con idas y vueltas, la administración de José “Pepe” Muratore promovió la incorporación desmesurada de nuevos feriantes y abrió las puertas a todo tipo de rubros. La alteración de los fines proyectados en 1961, y que son la condición para que el edificio esté en manos del estado municipal, se volvió cada vez más evidente.
Casona de la Escuela Agrícola
Un caso resonante y no desprovisto de polémicas es el de la vivienda del general Martín Miguel de Güemes, en la zona sur de la ciudad. El inmueble es el único bien que adquirió el héroe gaucho y fue allí donde entrenaba a las fuerzas patriotas.
Hoy el edificio se encuentra venido a menos. Ya en 2013 se anunciaron las obras de recuperación del mismo, pero jamás llegaron a concretarse. El 3 de febrero de 2013 y luego de varias reuniones entre funcionarios de la municipalidad de la Ciudad de Salta y el responsable del distrito noroeste de la Dirección Nacional de Arquitectura, Carlos Demergassi, se concluyó que había dos puntos importantes a resolver: por un lado el proyecto de restauración y, por otro, definir el uso de la casona porque la donación de la familia Güemes era con cargo para destinarla a actividades educativas.
Desde el municipio, María Beatriz Blanco, en aquel momento subsecretaria de Desarrollo Metropolitano de la Secretaría de Financiamiento, señalaba que la idea era hacer convivir allí un museo sobre la gesta del general Güemes y la actividad agrícola. El proyecto tenía como fecha de inicio marzo de aquel año y trabajarían otros organismos, como la delegación en Salta de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos y la Comisión de Preservación Arquitectónica y Urbanística de la Provincia (Copaups).
En aquel período se logró la recuperación de la Casa de Moldes, en Caseros 711, la Casa de Hernández y la Casona de Castañares. La única casa que fue propiedad de Güemes no corrió esa misma suerte.
Ex palúdica
A fines del año pasado, María Elena Jiménez, presidente de la red Sol Salta, denunció al Estado Nacional por la donación, en 2.016, del edificio de la Ex Palúdica a la Municipalidad de Salta para la realización de un Museo del Folclore. El fiscal federal Ricardo Toranzos consideró que el Tribunal Federal de Salta es competente para actuar en la causa.
El 23 de noviembre de 2.016, el Congreso Nacional aprobó la Ley 27.336 donde se determinó la transferencia a título gratuito y en favor de la Municipalidad de Salta el inmueble donde se encuentra el edificio de la Ex Palúdica. La transferencia fue con cargo a que la Municipalidad “preserve el patrimonio arquitectónico del edificio y lo destine a la construcción del ‘Museo Nacional del Folclore’ y otros espacios de interés cultural”. También, debía mantener un lugar que contenga una estación sanitaria.
Ante ello, Jiménez radicó una denuncia para que se declare nula la transferencia. Jiménez sostuvo que dicha ley viola el legado efectuado por Luis Güemes cuando efectuó la donación con cargo del inmueble al estado nacional en 1.923 para que funcionara como una estación sanitaria ante las enfermedades endémicas.
Además, la demandante solicitó a la justicia se efectúe una medida cautelar que ordene a la Municipalidad no realizar ninguna mejora u obra en construcción sobre el edificio.
Tras recibir la denuncia, el Juzgado Federal de Salta 2° pidió a la fiscalía federal expedirse sobre si la causa compete al fuero federal.
El fiscal Ricardo Toranzos determinó, los últimos días de noviembre, que el Juzgado Federal es efectivamente competente para actuar en la causa.
Para ello, Toranzos tomó en cuenta que hasta la fecha no hubo cumplimiento por parte de la Municipalidad del cargo otorgado, por lo que “si bien en la cédula parcelaria figura como titular del dominio la Municipalidad de Salta, existe un interés por parte del Estado Nacional hasta que se perfeccione el destino asignado, por ello su participación en la presente causa resulta sustancial”.
Legado Güemes y estadio de Central Norte
Otros casos emblemáticos asociados al deporte son las donaciones de la familia Güemes de los inmuebles que hoy conforman el estadio del Club Atlético Central Norte (Dr. Luis Güemes) y el complejo polideportivo conocido como Legado Güemes, ubicado sobre la misma calle.
En el primer caso, la familia donó el terreno en la década de 1950 para su construcción. Desde entonces, estuvieron siempre presentes los rumores que vinculaban al exgobernador Roberto Romero con la intención de apropiarse del predio.
Tal es así que el 2 de febrero de 1968, Roberto Romero, inició su camino como presidente del Club Atlético Central Norte, sucediendo a Julio Cesar Gómez, quien estuvo frente al club desde 1966 a 1968. Su plan fue el famoso “Operativo Relámpago”, que consistió en una masiva campaña de afiliación que buscaba llegar a diez mil socios, pero para eso realizó sorteos de autos, viajes a Brasil o dinero en efectivo.
En cuanto al legado Güemes, su traspaso al Estado provincial se concretó con la condición de que en esa parcela se desarrollen actividades deportivas. Aunque desde su creación el complejo sirvió para el desenvolvimiento de múltiples disciplinas, en los últimos años, también fue sede de eventos masivos, festivales y ferias.
Los pelotazos en contra de Chávez
El viejo enfrentamiento entre Muratore y el jefe de los bomberos voluntarios, Walter Chávez, podría volverse en contra de los casi 200 puesteros que perdieron todo en el incendio. En declaraciones a los medios, el titular del escuadrón arremetió contra la administración del mercado asegurando que “hace 20 años que recomendó la utilización de una red contra incendios”. Además, agregó que el predio “no tiene los certificados de seguridad mínima” contra este tipo de siniestros.
Al margen de la veracidad o no de sus afirmaciones, las aseguradoras que, según Muratore, cubren el 100% de los bienes de los comerciantes estarían tomando nota por estas horas del argumento de Chávez. Los laburantes damnificados, una vez más en el medio de disputas inertes.