Una charla sobre aborto para estudiantes del colegio Carlos Pellegrini en la Ciudad de Buenos Aires reavivó el debate sobre la despenalización. El diario La Nación publicó una nota sobre abortos clandestinos que acá relacionamos con la situación salteña. (Garrik)
“¿Cuántas mujeres abortan de manera ilegal por año en la Argentina? ¿En qué condiciones? ¿Cuántas tienen complicaciones? ¿Cuántas mueren? Estas preguntas no tienen respuesta oficial, en gran parte debido al secreto que ronda a la mayor parte de los casos”. Así comienza la nota en el matutino nacional titulado “Aborto ilegal: una práctica insegura y de fácil acceso que se mantiene por fuera de las políticas públicas”.
“Investigaciones de los organismos de salud sexual y reproductiva como la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba) y la Fundación para el Estudio de la Mujer (FEIM) aseguran que se produce el triple de muertes por aborto inducido de las que se indican en las estadísticas oficiales”.
“En el ‘Protocolo de atención integral de los abortos no punibles’, que lanzó el Ministerio de Salud el año pasado, se cita un trabajo de 2009 que asegura que hay entre 370.000 y 522.000 interrupciones de embarazos por año en el país. Pero estos números representan sólo una fracción de los que ocurren anualmente. Se basa en las hospitalizaciones en establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos, que no distinguen entre abortos espontáneos y provocados. Tampoco incluyen los abortos clandestinos, justamente por la imposibilidad de acceder a esa cifra”.
Nuestra provincia
La Asociación por los Derechos Civiles informó que nuestra provincia se encuentra entre las que más prácticas abortivas se realizan en el país, con 7.200 casos durante el 2014, superada únicamente por la provincia de Buenos Aires, y del total de muertes maternas (14), la mitad (7) fueron por aborto. También se le cuestiona el protocolo instaurado para realizar abortos no punibles, ya que impone requisitos no contemplados por el fallo de la Corte.
Sucede que el protocolo provincial para acceder al aborto no punible estableció que las mujeres víctimas de una violación para solicitar la interrupción del embarazo en los hospitales públicos, deben presentar la denuncia penal o la declaración jurada con asistencia del defensor oficial o del asesor de menores e incapaces, según corresponda.
Mientras que el fallo “F. A. L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin tener que solicitar una autorización judicial previa para acceder a la práctica ni la obligación de realizar la denuncia penal del delito, sino que basta que completen una declaración jurada en la que manifiesten que el embarazo es producto de una violación.
Recordemos que el artículo 86 del Código Penal establece que “El aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si hace con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.
El matutino de Bartolomé Mitre informa que en los hospitales se practican abortos siempre que se trate de los contemplados por dicho artículo. “Sin embargo, miles de mujeres abortan todos los años por fuera del sistema de salud público, con cirugía y con medicamentos, que son los métodos menos inseguros, pero también los más caros. Quienes no tienen los medios suficientes suelen acudir a otras técnicas que ponen en mayor riesgo su salud y su vida”.
“La mortalidad materna es la forma de denominar la muerte de mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Según un informe de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) que toma datos entre 2003 y 2012, mueren aproximadamente 300 mujeres por año en ese contexto. Y la primera causa es el aborto. Según la Organización Mundial de la Salud una de las principales causas de muerte materna, a nivel internacional, es el “aborto peligroso”, señala La Nación.
El precio del aborto
El matutino dio a conocer los valores que dicha práctica puede llegar a tener. “El médico cirujano G.C. atiende en Tandil cobra desde 12.000 pesos por practicar abortos quirúrgicos por aspiración, hasta los tres meses de gestación. El monto sube de acuerdo a la cantidad de semanas. El procedimiento, mientras más avanzado está el embarazo, es más complejo, más riesgoso y puede llegar a costar 50.000 pesos”.
“En su consultorio hay sala de espera y elementos de esterilización. Trabaja con instrumental profesional y material descartable para realizar alrededor de 40 abortos por mes a mujeres de distintas edades, a veces a chicas menores de 18, aunque deben estar acompañadas por sus padres, aclara”.
Ante las críticas, responde sin titubear: “La mujer que está decidida a hacerse un aborto lo va a hacer de cualquier manera. Es su decisión y lo mejor es ayudarla a que no termine en manos de inescrupulosos, que lo haga de forma segura. Tengo más de treinta años de cirujano, sé manejar todo lo que pueda ocurrir”.
El turno del Congreso
El proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), presentado por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito y con el apoyo de legisladores de diferentes partidos, espera ser debatido en la Cámara baja.
La iniciativa consagra en su artículo 1° que: “En ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional”. Más allá de ese plazo, se despenaliza y legaliza la IVE en casos de violación, si corre riesgo la vida o “la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano”; y si existieran malformaciones fetales graves.
El proyecto establece que “toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 días desde su requerimiento”. La práctica deberá ser incorporada como prestación médica básica obligatoria y cubierta por el sistema de salud público, prepagas y obras sociales. En ningún caso se exigirá autorización judicial y las autoridades de cada establecimiento deberán garantizar la atención. La iniciativa garantiza los mismos derechos a las personas trans con capacidad de gestar.