Tras una exhaustiva investigación que se prolongó por varios meses, las autoridades llevaron a cabo trece allanamientos, durante los cuales se incautaron elementos relevantes para la causa, lo que condujo a la detención de todos los implicados.
La investigación se inició tras denuncias de robos por parte de vecinos y se llevó a cabo en colaboración con la Mesa del Cobre, un grupo que reúne al Ministerio Público Fiscal, fuerzas de seguridad provinciales y federales, y empresas de servicios.
Consiguientemente las autoridades realizaron 13 allanamientos simultáneos el 3 de octubre en diferentes domicilios del Valle de Lerma, y encontraron entre los principales acusados a tres hermanos que, según la investigación, dirigían la organización. A uno de ellos se le imputa delitos como asociación ilícita, robo en poblado y en banda, abigeato agravado y tentativa de robo. A otro hermano se le atribuyeron cargos similares, incluyendo hurto calificado de agroquímicos y tenencia de armas de fuego. El tercer hermano fue acusado de asociación ilícita, robo, abigeato agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.
Además de los tres hermanos, otros acusados fueron imputados por delitos relacionados con la organización criminal. Uno de ellos fue acusado de asociación ilícita, robo, hurto calificado y abigeato agravado, mientras que otros dos fueron acusados de asociación ilícita, hurto calificado y tenencia de armas de fuego, todos se encuentran detenidos.
En relación con los acusados en libertad, tres de ellos fueron acusados de asociación ilícita, robo y otros delitos relacionados con el robo de cables y caños. Otros dos acusados fueron imputados por asociación ilícita y posesión de armas de fuego, mientras que un último hombre fue acusado de asociación ilícita y robo.
El fiscal Escalante, quien está a cargo del caso, destacó la gravedad de los hechos, señalando que las actividades delictivas de la organización afectaron el patrimonio, la seguridad y la prestación de servicios públicos. La investigación reveló que la organización operaba con una estructura jerárquica, encabezada por dos de los hermanos, quienes coordinaban y dirigían las actividades delictivas. Los miembros restantes tenían funciones específicas dentro de la organización, que operaba de manera constante desde 2023.
Los delitos que se les atribuyen incluyen el robo de animales, cables y caños, la venta de estos bienes, la obtención de armas de fuego y otras actividades ilícitas. La acusación se basa en denuncias, escuchas telefónicas y otras pruebas que demuestran la coordinación y permanencia de la organización en el tiempo, afectando la tranquilidad pública y la seguridad de la región.