El debate de candidatos a rector empezó frío pero terminó mejor: Fernández Fernández y Puga consideran que no hay ajuste del Gobierno Nacional. Builliubasich exhortó a “defender el presupuesto universitario” ante las políticas de recorte. F.H.
El próximo viernes se llevarán a cabo las elecciones de autoridades en la UNSa. Lo más destacado será la disputa por el rectorado, que por estos días ya arroja una certeza: Víctor Hugo Claros no seguirá ocupando el cargo que ostentó desde 2010.
Las tres fórmulas que se dirimen la sucesión debatieron el jueves pasado en el anfiteatro A de la sede central, en el campo Castañares. El ambiente fue fecundo, la expectativa creciente de oír a los candidatos en simultáneo exponiendo sus ideas centrales movilizó a una gran cantidad de personas de la comunidad universitaria, que terminaron por atestar el inveterado anfiteatro. Las tres listas son Evolución -Carlos Puga y Adriana Ortín-, Compromiso Académico y Social -Antonio Fernández Fernández y Edgardo Sham- y Universidad Futura -Catalina Bulliubasich y Sergio Moreno.
La coordinación del debate estuvo a cargo de una comunicadora ajena a la universidad, en tanto no percibe un salario ni tiene ninguna dependencia directa con la administración, Elena Corvalán. Primero expuso Puga, candidato a rector por Evolución, luego Fernández Fernández, el protegido del contador Claros, y por último Bulliubasich y Moreno compartieron una alocución conjunta.
Cháchara
En líneas generales, el debate estuvo colmado de demagogia, tal como ameritan esas instancias. Mucho se habló de inclusión, de propulsar políticas contra la deserción, de optimizar las políticas de investigación, de aplicar “conectar” la universidad y de ir brindando autonomía a las sedes regionales. Las tres listas coincidieron también en la necesidad de convocar una Asamblea Universitaria, cuestión que Claros obvió arbitrariamente a pesar que es uno de los deberes que le correspondía como rector.
En ese sentido, la diferencia estuvo en que tanto Puga como Fernández Fernández aclararon que “hay que convocar una asamblea universitaria para modificar el estatuto y aplicar todas las leyes”. De soslayo, se referían a la aplicación de las observaciones que en 1996 -pleno menemismo- el por entonces Ministerio de Educación y Cultura le hizo al estatuto de la unas. Todas van en dirección de adecuar la norma universitaria a las intenciones privatistas de la Ley de Educación Superior. Bulliubasich manifestó que de ningún modo, desde Universidad Futura, pondrían en discusión la gratuidad de la educación superior pública, y agregó que las modificaciones al estatuto tendrían que ir en línea con dar mayor participación política a las sedes o aplicar íntegramente el Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes.
Sin casette
La dinámica del debate prosiguió con preguntas para los candidatos luego de las exposiciones iniciales. En esa instancia se abrieron las grietas y las diferencias entre unos y otros fueron más visibles. Al respecto de la política de investigación, Bulliubasich bregó no sólo por revisar las lógicas actuales del CIUNSa sino también por “crear conocimiento con especificidad, que responda a las necesidades de la provincia”.
Puga, por su parte, se destacó en dos momentos. En primer lugar, afirmó, sin dar mayores explicaciones, que “el Convenio Colectivo de Trabajo ya se está implementando”. Luego, evidenció un error discursivo de la antropóloga, quien había defendido que las autoridades tengan el derecho a gastos por representatividad. La única mujer candidata a rectora, sin mayores vergüenzas, reconoció el yerro y lo redimió aclarando que se refería a viáticos y no a saldos sin registro.
En los tópicos donde el surco se hizo más notorio fue en la posición con respecto al actual Gobierno Nacional y en las posiciones en cuanto a los salarios percibidos por las autoridades. Sobre esto último, se les consultó a los tres candidatos a rector si no consideraban que la situación apremiante de algunas áreas de la universidad -falta de bibliografía, cupos insuficientes para el comedor, etc.- no hacía ver como “gastos innecesarios” a los suculentos sueldos de las autoridades. Desde que asumió, Claros se aumentó el salario en más de una ocasión y trepando a cifras siderales.
Puga y Fernández Fernández señalaron la misma observación a la inquietud presentada: “No creo que las remuneraciones que recibimos sean gastos innecesarios”. Fernández Fernández divagó en eso y finalmente evitó responder si se bajaría el sueldo o si al menos cortaría la racha de auto-aumentos que inició Claros. Puga fue un poco más lejos, definió a las autoridades como “trabajadores”, que por lo tanto “tenemos derecho a cobrar nuestros haberes”. La antropóloga opinó que los sueldos de las autoridades son excesivos y que considera que se pueden bajar y adecuarse a lo que percibiría un docente con dedicación exclusiva.
Consultados por el ajuste emprendido por el Ejecutivo Nacional, el contador de doble e idéntico apellido, de conocidas cercanías con el PRO, aseguró que “todavía no he visto ajuste a la educación pública”. El ingeniero Puga fue más mesurado, pero también desconoció los recortes que ya se han hecho y que Cuarto Poder ha venido denunciando en sus últimas ediciones (por ejemplo la resolución Nº 3/16 de la Secretaría de Políticas Universitarias, que envío 5 millones de menos de lo que la UNSa requería para los gastos en personal de enero). Bulliubasich fue un tanto más realista, y se limitó a prometer que se dará la batalla que tenga que darse para defender el presupuesto universitario.
