En la XVI edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ de la provincia de Salta, pedirán por la derogación del art. 114 del Código contravencional de la Provincia de Salta que afecta el tránsito de la diversidad. “Somos agredidas por la policía” afirmo Marce Butierrez miembro del colectivo LGBTIQ+. (Guadalupe Macedo)
La disidencia decidió este año manifestarse en torno a consignas relacionadas a la defensa de su derechos a la salud y a la libertad de circulación en la vía pública ya que afectan el desarrollo de su vida digna dentro de la sociedad Salteña. “Centramos nuestros reclamos en la demanda al estado. Teniendo en cuenta que Saenz fue responsable de desarmar el área de la diversidad en lo municipal, la cuestión de la violencia policial, depende directamente de la responsabilidad del ejecutivo provincial, es decir de Urtubey y a partir del panorama nacional estamos frente claramente en la desaparición del ministerio de Salud y políticas que se tomaron en una situación de crisis” comentó Marce Butierrez.
El Artículo 114
“El pedido central es la derogación del 114, porque es el articulo del código contravencional que condena el trabajo sexual y posibilita a la policía levantando a las chicas en la calle y no es que la detención se produzca en términos que corresponde, sino que la detención implica maltrato y violencia, discriminación” describió Marce Butierre. Este articulo manifiesta: “Ser sancionados con arresto de hasta quince (15) días, conmutables con multa equivalente, las personas que ofrecieren o incitaren en la vía pública a practicar actos sexuales, por dinero o cualquier otra retribución que ofreciere”. Por lo que las mujeres trans son criminalizadas por su identidad sexo disidente, y la policía por este articulo las levanta de la vía publica, por considerarlas indecente, sin necesidad que estén realizando ofrecimiento sexual.
Los y las compañeras de la diversidad piden por mejoras en su calidad de vida, que se las trate de manera digna. Reclaman que todos los fines de semanas son violentadas por electivos policiales, Butierrez demanóo: “Lo cierto es que cada fin de semana y en función del artículo 114, que detienen a las compañeras, se suele detener a más de 10 compañeras por fin de semana y eso implica una serie de situaciones de violencia”. Las detenciones no se realizan de manera legal y muchos casos no son registrados en las comisarías.
La estigmatización, discriminación y violencia ejercida por efectivos policial se repite constantemente, pero no existe un registro oficial de las detenciones que las mujeres trans viven. Butierrez dijo “de las compañeras que sufren violencia policial no hay un estimativo, eso habla de una carencia de investigación desde el propio estado, porque si bien se vienen realizando relevamiento de las situaciones de violencia de la población trans en los diferentes puntos de la provincia no hay un número aproximado”.
El colectivo va realizando un registro desde los testimonios de aquellas que se animan a relatar sus experiencias violentas vinculadas al accionar policial que se producen en marco de la cotidianeidad de sus vidas. Algunos de los testimonios relatan detenciones arbitrarias en cualquier hora del día, cuando salían a comprar para cocinar, a trabajar o con algunos de sus familiares. Según Butierrez esta situación es dada por la implementación de la doctrina Chocobar, que habilita un tratamiento discriminatorio a determinadas clases sociales y también el tratamiento discriminatorio a las identidades sexo disidentes.
Violencia social
Son agredidos también por la sociedad salteña que tiene impunidad ante estos cuerpos ya que cuando las disidencias van a realizar las denuncias no son registradas y son violentadas por su identidad sexo disidente. Un claro ejemplo de la situación que vive este colectivo fue “el sábado 26 de octubre en horas de la tarde en el microcentro de la ciudad de Salta, cinco personas atacaron a dos compañeras travestis trans provocando consecuencias terribles en la salud física y emocional. Al dirigirse a la comisaría 2da. para asentar la denuncia, la respuesta inicial de parte de la Policía fue no querer tomarla, y después hubo una demora ‘habitual’ en la toma de la misma y en la actuación para brindar protección a las personas en situación de violencia” informo el OVcM.
Otra problemática que demanda es el acceso a la salud, las disidencias cuando quieren acceder a su derecho a la salud son discriminadas. “La falta de acceso a tratamientos hormonales de parte de los compañeros y compañeras trans es gravísimo y es parte de las políticas aplicadas en materia de salud” comentó Marce Butierrez. Desde la sanción de la ley de identidad de Género tiene un decreto reglamentario que obliga a los agentes de la salud a garantizar los tratamientos de las personas trans de manera integral, esto incluye que se brinden tratamientos hormonales que las personas requieran y que sean administrados a través del control médico. El colectivo solicita que se regularice estas situaciones para acceder a una vida digna.
