Luego de haber logrado en tres oportunidades la suspensión del juicio en su contra, el exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, se sentó en el banquillo de los acusados.
Pocos casos grafican con tanta claridad los entretelones de la corrupción municipal como la gestión del exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo. Desde su enorme dificultad para discernir entre el patrimonio municipal y el personal, hasta los múltiples intentos por hacer naufragar el juicio en su contra, los componentes del caso abrevan en un sólo cúmulo de irregularidades. A varios años de los hechos denunciados, y luego de tres postergaciones, comenzó el proceso que lo tendrá en el banquillo por múltiples hechos de corrupción. Junto a él se sentará la extesorera del municipio, Carmen Méndez.
El pasado 9 de junio el juez Guillermo Pereyra difirió la apertura del debate fijada para el lunes 12. La decisión se asentó en que un día antes los imputados realizaron individualmente y en forma sucesiva, presentaciones designando nuevos abogados defensores y revocando las designaciones anteriores.
En la misma resolución, el juez rechazó el pedido efectuado por el nuevo abogado de Cornejo para que se integrara el tribunal como órgano colegiado. Para denegar esta petición, Pereyra invocó los artículos 40 y 440 del Código Procesal Penal de Salta que permiten el juzgamiento por un solo magistrado cuando se trate de delitos cuya pena en abstracto no exceda los seis años.
De esa forma, el ex jefe comunal logró postergar por tercera vez el comienzo del juicio que debió haberse dado en mayo de 2021.
Artilugios
En noviembre de 2020, la fiscal penal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio contra el exintendente. En dicha solicitud la fiscal señaló que Cornejo omitió dar cumplimiento a los deberes propios de sus funciones al desplegar conductas contrarias a las leyes y ordenanzas y determinando la disposición de fondos apartada de los principios contables, bajo los cuales se rige el gasto público.
La fecha estipulada para el inicio del juicio era el 5 de mayo de 2021, pero las audiencias se suspendieron tras un pedido de juicio abreviado por parte de la defensa. El acuerdo planteado entre sus abogados y la fiscal solicitaba para Cornejo la pena de tres años y dos meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, aunque se pidió que la condena sea cumplida con modalidad domiciliaria por las condiciones de salud alegadas por el imputado.
Además, se ofrecía una reparación por los daños causados al municipio de Campo Quijano, consistente en la devolución de los bienes que Cornejo tenía en su poder y que le correspondían a la comuna (maquinaria pesada y material de construcción); la entrega de un terreno ubicado en Rosario de Lerma; entrega del 08 de una camioneta comprada con fondos del municipio a nombre de un particular; la entrega de caños de Aguas del Norte y la transferencia de 5 millones de pesos a nombre de la municipalidad.
Tras evaluar el planteo de las partes, el juez Ángel Longarte resolvió no hacer lugar al pedido por considerar que se debía exigir un mayor conocimiento de los hechos en un juicio oral y público, y no en un proceso abreviado.
En diciembre de 2022 llegó la segunda suspensión del juicio contra el exjefe comunal. La resolución se dictó por pedido de la defensa del Cornejo, que indicó que no se realizó una pericia contable y que los peritos que debían producir esta prueba solicitaron una prórroga. El juez Pereyra también dispuso que se mantenga la habilitación de la causa para su tramitación durante la feria judicial ordinaria de enero de 2023.
Según informó, por entonces, la defensa del exmandatario, durante la etapa de instrucción no se hizo la pericia contable respecto al dinero faltante en la municipalidad. Este análisis, según explicaron, debe hacerse con peritos del Ministerio Público Fiscal, de la Corte de Justicia de Salta y un perito de parte de la defensa, y que estos especialistas no han tenido tiempo de hacer la pericia, por lo que solicitaron una prórroga.
En febrero de este año, la corte informó de manera oficial que el juicio contra Cornejo tendría lugar en junio y se extendería hasta el séptimo mes del calendario.
Los hechos
Manuel Cornejo será juzgado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos) en concurso real y en carácter de autor, según lo dispuso la jueza de Garantías 6, Sandra Espeche. Los mismos delitos se le imputan a la exsecretaria de Hacienda Carmen Méndez.
De las investigaciones surgió que Cornejo “omitió dar cumplimiento a los deberes propios de sus funciones al desplegar conductas contrarias a las leyes y ordenanzas y determinar la disposición de fondos apartada de los principios contables, bajo los cuales se rige el gasto público”.
Un informe de la Auditoría General de la Provincia dio cuenta de la inexistencia de la documentación respaldatoria de los gastos efectuados, del incumplimiento de la normativa financiera y la transparencia de la gestión pública en el manejo de fondos.
Ese análisis consigna además la falta de registración contable sobre el destino real de los fondos asignados durante su gestión y la falta de control para determinar la legitimidad del gasto.
De la documentación aportada por el denunciante y actual intendente, Carlos Folloni, surgió la falta de registros contables de fondos municipales de los períodos 2017-2019.
Peculado x 4
La fiscal Simesen tuvo por acreditada la participación del exjefe comunal en el delito de peculado en cuatro hechos. El primero ocurrió el 30 de agosto de 2018, cuando el imputado adquirió -en beneficio personal- una camioneta marca Chevrolet S10 abonada con fondos municipales, a través del libramiento de dos cheques girados sobre la cuenta de titularidad del municipio, por la suma de $750 mil. El vehículo fue inscripto a nombre de Gonzalo Fernando Cornejo, según consta en el Formulario 08 secuestrado.
Un segundo hecho da cuenta que el imputado, a pocos días de finalizar su mandato, sustrajo maquinaria pesada y otros bienes muebles, que fueron llevados a una finca privada donde se los ocultó.
El tercer hecho surgió de las declaraciones testimoniales y de documentación hallada en el municipio, que prueban la sustracción de fondos comunales para ser entregados en forma discrecional, a razón de $500, a las personas que lo solicitaban como ayuda social, sin verificar la existencia real de dicha necesidad.
Por último, se tuvo por acreditado un cuarto hecho, mediante constancias del Banco Macro, que el imputado extrajo a través de diversas personas fondos municipales sin haberse podido determinar el destino asignado y que llevó a cabo la misma maniobra respecto de los fondos depositados en el Banco Patagonia.
Sobre estos últimos se giraron cheques con extracciones de sumas de dinero del municipio y se constituyeron plazos fijos, con los consecuentes beneficios financieros.
Luego, se extrajeron los fondos públicos que no ingresaron al municipio sin haberse podido determinar tampoco su destino real, dada la inexistencia de un circuito administrativo y respaldo documental, lo que generó un grave perjuicio al erario municipal, estimado en $84 millones.
La última ficha
Ninguno de los hechos constatados por la investigación inhibió al exmandatario de presentarse como candidato en las elecciones del pasado 14 de mayo; posiblemente, en busca del último manotazo de impunidad. En 2019, a pesar de las denuncias por compra de voluntades, arañó el cuarto lugar con apenas el 11% de los votos. Este año, tampoco fueron suficientes las promesas de terrenos y viviendas que emanaron de la boca del candidato imputado.
El exintendente tenía una restricción de acercamiento al edificio de la municipalidad, por lo que -de haber ganado- no hubiera podido asistir siquiera su lugar de trabajo. Una vez concretada la postulación la defensa de Cornejo pidió que se levantara la medida cautelar que le prohíbe participar de reuniones sociales. Pero la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) decidió rechazar la solicitud en virtud de que el proceso contra el exintendente continúa abierto y puede entorpecerlo.