El concejal de Rosario de la Frontera, Sebastián Iglesias de la UCR, fue suspendido por diez días. Lo decidieron ocho de los nueves ediles. Fue por acoso y maltrato a una empleada administrativa en medio de discusiones políticas.
La resolución en cuestión no sólo suspende al edil por 10 días, sino que también lo resolvieron hacer sin goce de haberes. El hecho desencadenante ocurrió el miércoles 29 de marzo cuando la sesión se vio interrumpida por jóvenes radicales que comenzaron a repartir bandejas con ñoquis, tanto a funcionarios como a empleados del edificio.
Uno de las empleadas, Sonia Leal, habría discutido con Iglesias y su secretaria ya que habían subido una foto de ella a las redes sociales con los ñoquis. En ese marco, la empleada elevó una nota en la que pidió al presidente del cuerpo su urgente traslado a otra área municipal porque había sufrido agresiones. En tanto, Iglesias realizó una denuncia policial en la que aclara que en «ningún momento ejerció violencia hacia la mujer, solo fue un cruce de palabras con un tono de voz alto y ella actuó gritando y con portazos», detalló.
A su vez, los cuatro ediles que estuvieron presentes al momento de generarse la discusión, Caro, Nogales, Elvira e Iglesias, tomaron la palabra para brindar su versión de los hechos aunque el audio que reproducía una conversación privada entre ellos y el propio Iglesias no era óptimo.
Hugo Nogales, no obstante, se refirió a la situación: «No queremos transformarnos en jueces, simplemente tenemos que velar por la conducta del concejo como lo manifiesta la carta orgánica y la Constitución provincial. Sobre violencia de género sabemos que no lo podemos manejar nosotros porque no somos los indicados. Pero debemos resguardar el respeto en esta institución y por eso votamos en repudio a la agresión contra esta señora», expresó.
Finalmente, según lo reprodujo el diario El Tribuno, el edil sancionado manifestó que respeta “las posiciones de mis colegas, no me dieron la posibilidad de hacer el descargo oficial por un error administrativo. El bloque de la UCR a partir de la denuncia que se realizó por corrupción está sufriendo un alto grado de persecución», manifestó.
Y agregó: «Acá solo se está juzgando a una parte y a ella, que ocasionó disturbios, no se le hizo ningún apercibimiento. Fue una inconducta y dejó expuesta la integridad de esta institución con los gritos, llantos y portazos. Sostenemos que muchos de los que quieren resolver un problema en el escritorio lo hacen porque no lo van a poder sostener en las urnas».