Evaluaron las finanzas de Rivadavia Banda Sur, donde gobierna Leopoldo Cuenca, y se dieron con que el hombre perdió comprobantes de gastos. Atta Gerala, intendente vecino, adujo lo mismo hace años. Ambos son del departamento con mayor nivel de muertes por desnutrición infantil. (Daniel Avalos)

En el departamento de Rivadavia gobiernan personas que apelan a mecanismos que los novelistas del realismo mágico latinoamericano jamás podrían imaginar. Casi siempre tales mecanismos se relacionan con la falta de escrúpulos para enriquecerse y enquistarse en el poder.

Es el caso de Leopoldo Cuenca, jefe comunal de Rivadavia Banda Sur, cuya ejecución presupuestaria de gastos y el estado de la deuda municipal en el ejercicio 2012 fueron objeto de una auditoría en la que los técnicos omitieron dar opinión porque no accedieron a la documentación que les permitiera un análisis serio de los movimientos.

El descontrol, recordemos, ocurre en uno de los municipios con la mayor cantidad de niños salteños muertos por desnutrición y que según Marina Klememsiewicz -funcionaria del Ministerio del Interior de la Nación- es de los que encabezan el listado de los 100 lugares más vulnerables del país.

Un rodeo se impone. Servirá para remarcar que la miseria de ese municipio estuvo a punto de atrapar con sus garras a Leopoldo Cuenca que de carnicero quebrado devino en propietario de un cyber, hasta que en el año 2003 accedió a la intendencia y su vida dio un giro radical: miles de hectáreas apropiadas irregularmente a campesinos del lugar que lo denunciaron penalmente y una ostentosa casa que alguna vez promocionó por las redes sociales con la petulancia propia del nuevo rico que no conforme con serlo, quiere que los demás se enteren de ello.

Finalizado el rodeo, precisemos el motivo por el que los auditores se abstuvieron de emitir opinión en el informe publicado en la web del organismo el pasado 11 de agosto y que entre otras cosas detalla que la municipalidad presentó una ejecución presupuestaria de gastos que no expone los momentos de ejecución del mismo; evitó suministrar la nómina del personal municipal y la escala salarial lo que impidió a los auditores cotejar lo abonado y que según el presupuesto de Cuenca suponían $3.836.475: el 38% de los $10.441.195 que percibió en calidad de coparticipación de partidas provinciales y nacionales.

El caso de la Obra Pública es más curioso. Y es que ha pedido de los auditores el intendente informó que para el ejercicio 2012 se tenía previsto ejecutar obras por un total de $6.350.430, aunque según el desglose de los trabajos públicos ejecutados el monto invertido fue apenas de $771.004. La falta de Certificados de Obra y/o informes técnicos de ejecución de trabajos, análisis de precios y otros detalles de los procedimientos requeridos en obras de este tipo no hizo más que enturbiarlo todo.

De la dilatación a la pérdida

La forma en que el municipio dejó sin información a los auditores, tuvo su historia. Y es que estos últimos le solicitaron a ejecutivo municipal los papeles necesarios para ejercer su trabajo por medio de una nota fechada el 8 de mayo de 2013 que nunca fue respondida.

Ante ello los auditores insistieron con el pedido el 4 de abril de 2014, que sí fue respondido por Cuenca, aunque para solicitar una prórroga por treinta días que los auditores redujeron a quince días hábiles. Todo fue en vano, el municipio finalmente no presentó nada violando el artículo 169 de la Constitución Provincial que establece que las autoridades provinciales del sector público provincial y municipal “están obligados a proveerles la información que les requiera”.

Resignados, los auditores comenzaron la evaluación sin esos documentos aunque la irregularidad persistía. Cuando los auditores quisieron analizar el estado de la deuda municipal al 31 de diciembre de 2012, se dieron con un reporte en el que el municipio les informaba que se debía $1.455.272 aunque sin exhibir documentación que permitiera evaluar la composición de la deuda y su correspondencia con los registros respectivos.

Para tratar de saldar en algo la falta de documentación, el Municipio adjuntó una Acta de Declaración Testimonial en la que manifestó el extravío del Libro de Resoluciones Municipales, el de Bancos de las cuentas corrientes y el Legajo de Obras Municipales. Los auditores, no obstante, aclararon que “el ente auditado no ha provisto información respecto de las acciones desarrolladas a fin de establecer las responsabilidades por la pérdida de la documentación municipal”.

Maniobras de ese tipo ya se dieron en el departamento de Rivadavia a través de Atta Gerala, el inefable intendente de Rivadavia Banda Norte. Ocurrió hace unos años cuando también los auditores fueron a evaluar las cuentas de Don Atta y se dieron con que faltaba información de todo tipo. Tras pedidos varios, finalmente los auditores y el intendente se encontraron aunque los primeros quedaron desolados por la noticia que recibirían: les dijeron que el día anterior el municipio había sufrido un robo en el que se había sustraído la documentación requerida por la Auditoría.

Los técnicos aclararon en su informe lo siguiente: “Cabe destacar que en las reuniones anteriores, el Municipio omitió informar la sustracción de documentación al equipo de Auditoría”.

Males que duran

Para finalizar, y volviendo a Cuenca, conviene recordar que otros informes de auditoría ya daban cuenta de irregularidades de todo tipo. Uno de ellos había sido publicado el 20 de diciembre de 2012 y también evaluaba la gestión financiera de ese jefe comunal durante fines de 2010 y el primer semestre de 2011.

Los descubrimientos fueron asombrosos: nombramientos de familiares directos en cargos claves del municipio (la CPN Ángela M. Cuenca como Receptor Fiscal del Municipio y Eladio A. Cuenca en cargo similar en la Delegación de la Unión); contratos con un Estudio Contable (Herrera & Asociados) que exigían dinero, espacio físico e implementos de trabajo aunque los auditores no encontraron pruebas de que el estudio haya tenido actuación concreta; tesorería municipal sin sistema y registros de movimientos financieros, contables y patrimoniales; ejecución presupuestaria no ajustada a los conceptos contenidos en el presupuesto; 56 compras por $1.700.445 sin legajos o expedientes que permitieran algún control; una de ellas incluyó la compra de un camión VW por el que se pagó $83.920 mal registrados por lo que los auditores entrevistaron al Secretario de Gobierno y al Responsable del Parque Automotor quien declaró que “solo se compró una camioneta Hilux que utiliza el Intendente”; dinero destinado a asistir familias hambrientas aunque sin pruebas de la entrega efectiva de la ayuda, razón por la cual los auditores preguntaron al Secretario de Gobierno, Fermín Salazar, la razón de tales ausencias para escuchar una respuesta desopilante: no se efectuaron padrones ni relevamiento porque a todas la autorizó él y “en el pueblo son pocos y todos conocen las necesidades”.

Otro informe anterior fue publicado el 16 de abril de 2010. Como ocurrió ahora, los auditores se abstuvieron de emitir opinión porque Cuenca ni siquiera suministró el presupuesto de los años 2007 y 2008 que debían auditar no por iniciativa propia, sino porque dos ediles de entonces habían denunciado al intendente por trabajar sin tesorería, porque distintas dependencias recaudaban fondos por diferentes tasas, aranceles e impuestos municipales sin el debido contralor; por carecer de comprobantes de ninguna naturaleza; comprar vehículos y radio FM sin acuerdo del Concejo Deliberante; y hasta por la usurpación de los lotes Fiscales 26 y 29.

Por eso y muchas otras cosas, Cuenca y varios intendentes se asemejan mucho a los tiranos que la literatura retratara tan bien en tiempos del boom latinoamericano: falaces y peligrosos pelícanos que buscan esclavizar a los que dicen representar; representados que además fueron convertidos en peces a los que el tiranozuelo va “embuchando en la bolsa rojiza que le cuelga del insaciable pico”, como afirma Augusto Roa Bastos en su novela Yo el Supremo.