Un informe de la ONU ratificó la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Redactado bajo la responsabilidad de Michelle Bachelet, el informe ratificó que en Venezuela grupos de tareas se han dedicado a asesinar, violar, secuestrar y torturar a opositores al régimen populista que aún se sostiene por los aportes financieros y económicos de China, Irán, Cuba y Rusia.
El Gobierno argentino dio un voto de respaldo al informe presentado por Bachelet y volvió a condenar los bloqueos y las sanciones económicas impuestas al país gobernado por Nicolás Maduro, que «agreden especialmente al pueblo venezolano».
La votación que se realizó vía zoom, formó parte de la sesión regular número 45 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y contó con 22 votos favorables, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Eritrea, Filipinas, y la propia Venezuela).
La Cancillería argentina había adelantado en un comunicado que el presidente Alberto Fernández «dio instrucciones sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos de resolución, en relación con la situación en Venezuela que se tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU». El canciller Felipe Solá aseguro que la definición de la Argentina en Ginebra no representa un giro en torno a la situación que atraviesa Venezuela y que «tampoco implica un cambio de mirada respecto a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro”, sino que más bien, ratifica la posición histórica de liderazgo que tiene la Argentina respecto a la defensa y vigencia de los derechos humanos en el mundo y el cumplimiento por parte de los gobiernos de las obligaciones internacionales en ese sentido.
Nicolás Maduro accedió a información clasificada del gobierno argentino que describía la posición de Alberto Fernández frente al informe de la ONU antes de que fuera pública y se propuso bloquear la posición institucional del Presidente, desplegando una acción de lobby internacional que excedió la práctica diplomática y violó el concepto de no injerencia en los asuntos internos de los países.
Alberto Fernández conoció la presión de Maduro y ratificó en Olivos que no se movería un centímetro. Tras protagonizar un Zoom con el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, el Presidente junto a Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, terminó de pulir la posición argentina que un día más tarde se presentaría ante las Naciones Unidas.
El fracaso del lobby desde Caracas determinó que Maduro utilizara a sus contactos en Buenos Aires para torcer la mano de Alberto Fernández. Alicia Castro, que solo recibe órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, ocupó el centro del escenario mediático ayer. Castro fue embajadora en Caracas entre 2006 y 2011, encargada de cuestionar con dureza al canciller Felipe Solá y mandarle una carta de rechazo al presidente Alberto Fernández, respecto a su nominación para encabezar la embajada de Moscú, por su apoyo al informe de la ONU. Las declaraciones de Castro, pese a que hacían referencia a un puesto que ya no tenía, causaron muchísima irritación en Olivos. Solá, por su parte, no quiso contestar las acusaciones de Castro –sabía que era un eslabón más del plan urdido por Maduro en Caracas–, y aguardó expectante que jugara Alberto Fernández.
Castro fue la punta de lanza que disparó una ofensiva que completó Hebe de Bonafini, quien aseguró que la Cancillería estaba traicionando el legado de Néstor Kirchner y en ningún momento otorgó veracidad al informe de la ONU. Fernández tuvo el gesto político de llamar a Alicia Castro y le pidió que “revea” su decisión personal, inducida por Maduro, pero la ex dirigente gremial reiteró que ya no sería embajadora en Rusia y para terminar la afrenta contó la conversación a una agencia de noticias.
El líder populista había cumplido su cometido: deteriorar la imagen presidencial cuando Argentina había asumido una posición diplomática respaldada por la comunidad internacional.