En una jornada marcada por la tensión, la angustia y un firme reclamo de justicia territorial, integrantes del pueblo originario Lule junto a vecinos autoconvocados de la zona se concentran en el acceso al Puente de San Lorenzo. Con pancartas, cantos y un pedido unánime, la comunidad alza su voz frente a la inminente ejecución de una medida judicial: «Sra. jueza Villagrán, detenga su orden de demolición».
La protesta surge como respuesta a la resolución dictada por la jueza María Victoria Villagrán, la cual ordena el desalojo y la posterior demolición de las viviendas habitadas por familias de la comunidad Lule en el sector. Para las familias afectadas, esta medida no solo amenaza con dejar sin techo a niños, jóvenes y ancianos, sino que ignora de manera categórica el arraigo ancestral y los derechos territoriales constitucionalmente reconocidos a los pueblos originarios.
El conflicto por las tierras de Finca Las Costas no es reciente; se remonta a décadas de reclamos de posesión ancestral frente al avance estatal y privado en la zona de San Lorenzo. Pese a que el Estado reconoció la personería jurídica de la Comunidad Indígena Lule y la delimitación de su territorio comunitario respaldada por la Ley de Emergencia Territorial (26.160) y estudios académicos, la falta de una titulación definitiva por parte de la provincia ha dejado a las familias en una situación recurrente de inseguridad jurídica.
En los últimos años, la presión sobre estas tierras estratégicas se ha intensificado debido a la expansión de desarrollos inmobiliarios, barrios privados, clubes deportivos y proyectos turísticos en los alrededores. La comunidad denuncia una marcada «doble vara» ambiental e institucional: mientras el Estado culpa a los asentamientos originarios por el impacto en las cuencas hídricas y les restringe la mejora o ampliación de sus viviendas familiares, en simultáneo aprueba loteos cerrados sin la infraestructura sanitaria adecuada o cede parcelas a entidades privadas.