El caso del Loteo San Jorge expone una trama de más de cien compradores que pagaron sus terrenos en dólares y todavía esperan contar con la posesión efectiva y los servicios esenciales. Hay al menos seis denuncias penales contra quienes aparecen vinculados al emprendimiento. Detrás del caso aparece una pregunta más incómoda: ¿cómo puede ser que se siga vendiendo tierra con servicios que no existen y qué controles funcionan antes de que una familia entregue sus ahorros?
Jerson De Cecco
La historia empieza como uno más de los tantos enredos inmobiliarios del último tiempo. Una publicación en Facebook, una promesa de futuro y un precio que parece una oportunidad. Un terreno propio, la posibilidad de dejar de alquilar, el primer paso hacia la casa soñada.
A fines de 2024, uno de los compradores del Loteo San Jorge llegó así al emprendimiento ubicado sobre la ruta 68, pasando Santa Ana y frente al sector donde se levantó la nueva urbanización de 300 viviendas. Compró un lote de la primera etapa por unos 10 mil dólares. En las etapas siguientes, los precios trepaban a 12 mil y 14 mil dólares.
La promesa era concreta: la posesión llegaría en enero de 2025. El boleto de compraventa debía acompañar el proceso. Pero enero pasó. También febrero, marzo y abril. El papel no llegó y el terreno tampoco.
En mayo, el comprador comenzó a comunicarse con la inmobiliaria. El vendedor que originalmente había atendido la operación ya no trabajaba allí. La respuesta, sin embargo, seguía siendo tranquilizadora: faltaba poco y hasta se estaba preparando un acto de entrega.
El problema es que, cuando una persona está pagando un terreno para dejar de alquilar, “falta poco” no es una fecha. Mucho menos cuando el alquiler aumenta cada tres meses y hay que renovar porque ya vence el contrato.
Los nombres: de “ya falta poco” a “en 45 días”
El relato de los damnificados reconstruye una secuencia de promesas que fueron desplazándose hacia adelante. Primero enero. Después otras fechas. Finalmente, ante la insistencia de los compradores, apareció una promesa por escrito.
En un audio fechado el 3 de junio de 2025 se hablaba de una entrega en 45 días. El comprador necesitaba esa constancia para mostrársela a la persona que le alquilaba la vivienda y conseguir una extensión del contrato. Otros compradores atravesaron situaciones similares: tuvieron que pedir prórrogas de alquiler mientras esperaban una posesión que ya había sido pactada.
A fines de junio, la inmobiliaria entregó una constancia. Pero había un detalle que llamó la atención de los compradores: el documento ya no llevaba el nombre de la inmobiliaria con la que habían iniciado la operación. Donde antes aparecía “Premium”, ahora figuraba “Alianza Grupo Inmobiliario”.
Los nombres que aparecen repetidamente en el relato de los afectados son los de René Aramayo Carrizo, responsable de la inmobiliaria Premium (posteriormente a Alianza) y Pablo Alejandro Torrejón, señalado por los compradores como desarrollador del loteo. De Aramayo Carrizo, se sabe que no figura como profesional matriculado en el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Torrejón, por su parte, estuvo involucrado en 2016 en un fuerte conflicto por tierras en la zona de La Isla, Vaqueros. Los registros fílmicos de ese año dan cuenta que el desarrollador envió matones a golpear y amedrentar a pequeños productores de la zona. Torrejón aseguraba ser el propietario de 77 hectáreas habitadas por aproximadamente diez familias, todas dedicadas a la pequeña producción agropecuaria. (Ver “La mafia de las tierras”; Cuarto Poder, 2016)
El peloteo
Después vino otra etapa conocida por cualquiera que haya quedado atrapado en un conflicto inmobiliario: llamadas sin respuesta y responsables que parecen correrse un paso cada vez que el comprador intenta alcanzarlos.
Buscando en Facebook, uno de los damnificados descubrió que no estaba solo. Había otros compradores en la misma situación. Muchos. Más de cien, de acuerdo a la distribución de lotes publicitada por los vendedores. El reclamo dejó de ser individual y se convirtió en colectivo.
A fines de 2025, tres compradores se presentaron sin turno previo en la inmobiliaria y avisaron que permanecerían allí hasta obtener una respuesta. Finalmente aparecieron Aramayo Carrizo y Torrejón. Para entonces, los damnificados ya habían consultado con abogados y habían comenzado a avanzar judicialmente.
La causa penal que tramita en la Fiscalía N° ٥ reúne al menos seis denuncias contra Torrejón y Aramayo Carrizo. Los compradores hablan de una presunta estafa y de incumplimientos vinculados a los contratos. El expediente deberá determinar responsabilidades y establecer si existió un delito. Pero hay hechos materiales que no dependen de una sentencia para resultar inquietantes.
Un lote que se vendía con servicios que no tenía
Hay un elemento que vuelve todavía más delicado el caso: qué era exactamente lo que se ofrecía cuando los compradores entregaban el dinero.
La cartelería instalada públicamente en el lugar promocionaba el Loteo San Jorge como un emprendimiento que contaba con agua, luz, gas y cloacas. No se trataba de una promesa etérea de que algún día llegarían los servicios: la publicidad presentaba esas prestaciones como parte de las características del loteo.
Cuando los compradores comenzaron a reclamar por la demora en la entrega, la realidad que encontraron era otra. En febrero de 2025, además, desde las redes sociales vinculadas al emprendimiento se difundían publicaciones que hablaban de un 90% de avance de obra. Para entonces, sin embargo, los compradores todavía no tenían sus terrenos y los servicios básicos seguían sin estar disponibles.
Cuando reclamaron explicaciones, una de las respuestas fue que el loteo tenía un avance cercano al 80%. El principal obstáculo, según les explicaron, era un transformador de EDESA que todavía debía instalarse.
Los damnificados hicieron entonces algo bastante elemental: preguntaron a la empresa distribuidora. Según relatan, desde EDESA les indicaron que, si el trámite se encontraba en regla, la incorporación de un transformador no debería demandar más de tres meses.
Ahí aparece una pregunta todavía más incómoda: si el transformador era el problema, ¿qué había ocurrido con todo lo demás? Los propios compradores enumeran lo que falta: la red de cloacas, parte de la red de agua y la conexión eléctrica. El gas, según sabían, tendría un plazo todavía más largo. Hoy, describen, el lugar cuenta básicamente con cordón cuneta y calles enripiadas. La distancia entre el cartel y el terreno es difícil de disimular. Los compradores confiaron. Pagaron. Esperaron. Y no vieron a nadie entregarles sus terrenos.
El caso también presenta otro punto que deberá ser esclarecido: los damnificados aseguran haber accedido a documentación oficial de la Municipalidad de Cerrillos según la cual el emprendimiento comenzó a comercializarse antes de contar con la habilitación municipal correspondiente. Uno de los compradores sostiene que adquirió su lote en 2022, mientras que la documentación que consultaron consignaría una habilitación posterior, de 2024.
La normativa provincial no deja demasiado margen para interpretaciones. El Decreto 1682/19 reglamenta el procedimiento para la aprobación de loteos urbanos y suburbanos y establece requisitos vinculados con la infraestructura y las condiciones de los desarrollos. El propio Estado provincial ya había advertido, años atrás, sobre el problema de urbanizaciones ofrecidas sin planos, certificados de factibilidad u otros requisitos. La cuestión, entonces, es por qué el mecanismo puede repetirse.
El mercado de la promesa
Hay algo perversamente sencillo en el negocio del loteo: se vende hoy una expectativa que se materializará mañana.
El comprador entrega dinero real y el desarrollador promete infraestructura futura. Entre ambos queda suspendido un tiempo que, en la práctica, puede ser de meses o años. Si todo funciona, el negocio termina con una casa. Si no funciona, el comprador queda con un contrato, sin ahorros y una parcela que no puede utilizar como había previsto.
El problema se vuelve todavía más grave cuando la publicidad no presenta los servicios como una obra futura sino como una prestación existente. La historia de estos compradores tiene otro componente que se repite en demasiados conflictos inmobiliarios: el contrato existe, el pago también, pero el cumplimiento queda flotando en una fecha que se mueve permanentemente. Para la justicia resulta complejo establecer en qué momento una demora deja de ser una demora y se convierte en incumplimiento. La causa penal deberá determinar qué ocurrió y si las conductas denunciadas constituyen un delito. Pero mientras la investigación intenta reconstruir lo sucedido, los compradores siguen esperando.
Loteo San Jorge 2: ¿un clavo anticipado?
Y mientras esperan, hay algo que resulta todavía más difícil de explicar: el Loteo San Jorge 2 ya aparece como una nueva oferta comercial. Aramayo Carrizo habría sido apartado de la operatoria, aunque los damnificados sostienen que continúa promocionando lotes.
Cambian los carteles, cambian los nombres, cambia la etapa del emprendimiento. Pero si los controles siguen llegando después de las denuncias, el negocio siempre empieza en el mismo lugar: familias que pagan con sus ahorros por una promesa.
En San Jorge son más de cien compradores los que, según sus propios testimonios, siguen esperando que esa promesa se transforme en un terreno entregado y habitable. La discusión ya no debería limitarse a quién tiene la responsabilidad por esos lotes. También debería preguntarse por qué alguien puede vender el futuro de una familia antes de tener listo el presente.