La prolongada ausencia del referente máximo de Salta Somos Todos motivó el envalentonamiento de un triunvirato de bolsonaristas locales. Con muchas explicaciones que dar a la justicia y a la sociedad, Exeni, Jarsún y Orozco ahora exigen «mano dura» con la delincuencia.
Falsos debates, demagogia punitivista y oportunismo deslenguado son los elementos que mejor describen el discurso de los nuevos bolsonaristas domésticos. Ungidos como tales ante la ausencia de la versión original (el ex-diputado de la campera amarilla Alfredo Olmedo), los pichones del neofascismo local devienen en devaluados remakes de ideas que ya se debatieron hasta el hartazgo.
En la semana que concluye, los diputados Omar Exeni, Ignacio Jarsún y Gustavo Orozco se erigieron en aspirantes a ocupar el vacío dejado por el recluido Olmedo; y lo hicieron apelando al único recurso de construcción que tuvo y tendrá el empresario olivarero: el electoralismo de mano dura. En cosa de dos semanas, la opinión pública tuvo que soportar ver reaparecer debates de la prehistoria, que van desde la electro-tortura hasta las ejecuciones públicas.
El diputado y empresario Omar Exeni, autodefinido como emprendedor «de la política nueva», recurrió al trilladísimo recurso de la «defensa de la delincuencia», para despacharse contra las organizaciones de DDHH que criticaron el empleo de pistolas Taser. «Aquí parece que algunos además de defender a los delincuentes quieren darles privilegios», aludió. En sintonía con su mentor político, el empresario de los fiambres pidió «pena máxima» para homicidas y violadores, aún a sabiendas de que la onda expansiva de sus declaraciones no trascendería más allá de Facebook.
En un corto lapso, que incluyó algunas intervenciones en las sesiones virtuales de la cámara, el diputado Ignacio Jarsún comprimió una seguidilla de expresiones que abarcaron el pedido de desalojo del asentamiento de Parque La Vega, la utilización de pistolas de electrochoque, ataques a organizaciones de DDHH, la reivindicación de las ejecuciones públicas y finalmente la implementación de la pena de muerte. A propósito de la denominada «justicia por mano propia», el rosarino no tuvo más que pedir disculpas por la atrocidad, ante las denuncias presentadas por apología del delito e incitación a la violencia.
Sin ánimos de quedarse atrás y en un ataque de medievalismo repentino, el poli-diputado Gustavo Orozco, propuso «condenar de manera ejemplar y ejecutar en las plazas» a delincuentes. La proposición, en este caso, correría sólo para aquellos que violan o a quienes «maten un policía». Por supuesto, el legislador ni siquiera hizo el intento de explicar por qué, según su forma de ver el mundo, los asesinatos a civiles tendrían menos gravedad que los perpetrados contra uniformados.
A esta altura todo el mundo entiende con más o menos claridad que los debates punitivistas son a la opinión pública lo que la discusión sobre Messi o Maradona es al periodismo deportivo. Todos creemos tener algo novedoso que aportar, cuando objetivamente esto no es así. De esta forma, sus impulsores logran en cuestión de segundos lo que a muchos les lleva años: instalar prolongadamente una falsa agenda y sus propios nombres en la primera plana mediática.
Es curioso, de hecho, que entre los principales detractores del debate se encuentre un hombre de dilatada trayectoria derechosa como el diputado olmedista Carlos Zapata, quien se refirió al vicepresidente de la cámara baja como «opa» y «poco instruido». Luego de que hiciera apología de los linchamientos en la vía pública, Zapata aseguró a propósito del rosarino, que «no come pasto porque tiene el cuello muy corto».
Ahora bien, el hecho de que los puntazos hayan llegado desde aquellos lares, pone en evidencia dos hechos. Por un lado, cierta madurez del ala progresista local, al no caer en la tentación de prolongar el debate, ni gastar energías en ello; por otro lado, un evidente nerviosismo de la derecha ante la cooptación de sus elementos discursivos. En cualquier caso, los planteos no fueron tomados como algo más que grandes bombas de humo y ni siquiera ameritaron tratamientos específicos dentro del recinto.
Lo que probablemente es ajeno al entendimiento de muchos, es que ninguno de los portavoces del bolsonarismo local está en condiciones de exigir rigidez con el delito; precisamente porque todos deben explicaciones a la justicia y a la sociedad por una serie de hechos aun no esclarecidos.
En el caso de Exeni, quien dijo haber llegado a su banca en representación de las Pymes y los jóvenes emprendedores, fue denunciado por pequeños proveedores de su negocio, a quienes estafó emitiendo cheques sin fondos. Por entonces, el joven diputado alegó que la maniobra fue producto de la «crisis financiera y económica que azotó al país» y de la que no estaba exento. La documentación fue publicada por el Banco Central y, para ser precisos, se trataba de 125 boletas sin respaldo que fueron rechazadas durante 2019 por un valor de $5.359.265 pesos, un número que torna muy poco creíble la excusa del empresario. El sentido común, en cambio, sugiere que semejante cantidad de cheques no pueden haber sido emitidos sin estar en conocimiento del estado financiero de la firma.
Ignacio Jarsún, en tanto, tuvo un revés esta semana tras el fallido intento de los ediles de Rosario de Lerma por destituir a la presidenta del cuerpo Griselda Galleguillos. La justicia ratificó por segunda vez a la concejala, quien ahora está dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias en sus denuncias contra la administración Jarsún. Una de ellas tiene que ver con la falta de rendición de 174 millones de pesos, correspondientes al presupuesto 2019. Otra está relacionada a posibles contrataciones a una empresa de nombre JARCOR, conformada por Jarsún y el ex-intendente de Campo Quijano Manuel Cornejo, imputado por hechos graves de corrupción.
Finalmente, el ex-policía y actual diputado del saenzismo Gustavo Orozco se prepara para ser juzgado por los delitos de «vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales”. Los hechos, por los cuales se encuentra imputado junto a otros ocho policías, ocurrieron en Rosario de la Frontera cuando se desempeñaba como jefe de la brigada de investigaciones de ese distrito. Pero, además, Orozco podría afrontar un segundo juicio si prospera el pedido de la fiscal de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke en la causa que se le sigue por un hecho denunciado en 2015, en el que se lo acusa de vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautor con otras dos personas. Como si fuera poco, otras 31 denuncias recaen sobre el ex-policía entre las cuales sobresalen algunas vinculadas a: venta de estupefacientes (23/05/2019), comercio ilegal de mercadería robada (12/08/2019), prostitución de menores (26/08/2019) y privación ilegítima de la libertad (11/02/14).