El “Operativo Independencia”, el “Rodrigazo” y las operaciones clandestinas de la “Triple A” fueron el antecedente principal de lo que se venía.
En los meses anteriores al Golpe de Estado de 1976 el término “subversión” sufrió una resignificación que comenzó a formar parte de un discurso recurrente. “El caos económico y la crisis de autoridad”, entre otras cosas eran causadas por la “subversión”. Así se llevó a cabo la toma del gobierno por parte de las Fuerzas Armadas, que prometían a un sector pasivo de la sociedad, “restablecer el orden”.
Marcos Novaro y Vicente Palermo, autores de La Dictadura Militar 1976/1983: Del golpe de Estado a la restauración democrática, dicen que “el Golpe del 76 no es simplemente un eslabón más en la cadena de intervenciones militares que se inició en 1930. La crisis inédita que lo enmarcó dio paso a un régimen mesiánico inédito que pretendió producir cambios irreversibles en la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura social, partidaria y gremial, actuando de cara a una sociedad que, a diferencia de episodios anteriores, se presentó debilitada y desarticulada, cuando no dócil y cooperativa, frente al fervor castrense”.
A ese momento, la idea de ruptura del orden constitucional contaba con un amplio consenso social. “La desmovilización y el desánimo de los actores políticos y sindicales garantizaron la pasividad con que se recibió el Golpe, cumpliendo sobradamente con las expectativas de sus protagonistas”.
Se trataba de dejar sentado desde un principio y de modo taxativo que las Fuerzas Armadas no se proponían tan sólo terminar con un gobierno, que yacía moribundo desde hacía meses, sino, de “poner en vereda a una sociedad sumida en el caos”.
El 8 de noviembre de 1974, el gobierno de Isabel declaró el Estado de Sitio a través del Decreto 1368.
En el ámbito policial, Edgardo Vilas, una persona cercana al Justicialismo y al sindicalismo, responsable de la Quinta Brigada del Ejército, en Tucumán, fue el encargado de adoctrinar a las policías provinciales, bajo metodologías extraídas de “La guerra moderna”, del coronel francés Roger Trinquier.
Vila decía que “el trabajo más difícil era el cambio de mentalidad de los cuadros policiales que debían ser preparados para utilizar métodos “no convencionales” de lucha. En Salta, el encargado de impartir esta instrucción era el comisario Joaquín Guil.
El Decreto 261 de 1975 colocaba a las dotaciones policiales provinciales bajo el mando operacional del Ejército, a través del Ministerio del Interior.
La directiva interna 333 del Ejército establecía en su primer anexo que “a los fines de aislar a los combatientes y aniquilar su accionar, todas las personas detenidas debían ser entregadas en el plazo más breve a las autoridades policiales sometidas a la Justicia Federal. También autorizaban los allanamientos sin orden judicial con justificación en el estado de sitio vigente desde 1974”.
Los grupos parapoliciales que formaban las huestes de la “Triple A”, estaban en su auge. De acuerdo a la investigación de Rodolfo Walsh “el ejército estaba aplicando la metodología clandestina y terrorista de la “Triple A” en la provincia de Tucumán. Un modus operandi que también venía del Viejo Continente, más precisamente de la España franquista, conocida como “somatén”, institución de carácter parapolicial tradicional de Cataluña, utilizada por Francisco Franco para combatir a los maquis.
En el ámbito judicial, desde Febrero de 1975, Salta contaba con un juez federal afín a todas estas políticas, Ricardo Lona, cuyo trabajo fue construir una muralla en la que se estrellaron todos los habeas corpus y denuncias contra los abusos de poder y los secuestros.
Por esos días, en Salta, la CGT Regional sesionaba en un plenario llamado “José Ignacio Rucci”, homenajeando al sindicalista nacional que lideraba la CGT cuando fue asesinado, a dos días haber triunfado en las elecciones la fórmula “Perón-Perón”. En ese plenario, la lista “Timoteo Vandor”, también en homenaje al metalúrgico asesinado 6 años atrás, quedó designada de forma indiscutida, con Benito Atilio Moya como Secretario General de la CGT Salta, con el apoyo de CGT nacional y las 62 organizaciones.
Moya era el alfil que el gobierno de Isabel puso en Salta para manejar la Delegación del Ministerio de Trabajo de Nación y por ende, al movimiento obrero local.
El Sindicalismo ortodoxo, en su plan de acercamiento al gobierno nacional, no se opuso a la Ley de Prescindibilidad (21274) que dictó la intervención federal en Salta, luego de la renuncia de Ragone, en noviembre de 1975, y que puso en marcha el mismo Benito Moya desde su función de delegado.
Esta Ley habilitaba despidos masivos sin causa ni sumario con la imposibilidad de la recontratación durante los 5 años posteriores a la cesantía. Tampoco generaba derecho a indemnización si la persona expulsada era considerada un factor real o potencial de perturbación, es decir, un “subversivo”.
La oportunidad también fue aprovechada para expulsar con violencia, gracias a esa Ley, a la Comisión Directiva del Centro de Empleados y Obreros de la Administración Pública (CEOAPS), que inmediatamente fue reemplazada por tres referentes de la Juventud Sindical Peronista, Eduardo Barrionuevo, Carlos Alberto Bellido e Ignacio Carral.
A mediados de mes, esa misma rama juvenil reconoció formalmente a la JSP Bancaria, con Olivio Ríos, hijo, como Secretario General, junto a Carlos Taibo y Adolfo Meyer Torino.
A su vez, la intervención de Mosquera en Salta, les otorgaba reconocimiento a través de cargos públicos. Por ejemplo, Carlos Bellido obtuvo el cargo de Director de Acción Social de la Municipalidad de Salta. Pablo Jauregui, obtuvo el cargo de Director de Promoción de la Comunidad del Ministerio de Bienestar Social. Y Enrique Masa fue nombrado Director de Acción Social del Ministerio de Bienestar Social.
En las elecciones de los ferroviarios se impuso la Lista Azul o Agrupación Argentina Liberada, que se definió como verticalista, con Víctor Lalú a la cabeza. Joaquín Guil, era electo presidente del Círculo de Jefes y Oficiales de la Policía. Aunque muchos afiliados aseguraron que el acto comicial nunca se llevó a cabo.
En el ámbito partidario, Oscar Valdez, interventor del PJ, ponía de manifiesto su intención de “alejar a los personajes con veleidades de caudillo”, ya que “en el peronismo no hay más caudillo que Perón”. Pero, desde la otra vereda, los sectores Azul y Blanco, Reconquista, Agrupación 45, Rama Femenina, Celeste y Blanco, Frente de Recuperación Peronista, 62 Organizaciones y Reservas Peronistas, decidieron “devolver el peronismo a sus conductores nativos”.
El 4 de febrero explotó una bomba en la casa del ex diputado radical, Fernando Chamorro, por esos tiempos, abogado defensor de detenidos por motivos político y en este caso en particular, la bomba estaba directamente ligada a la intervención del CEOAPS, ya que fue él quien asumió la defensa de los expulsados, por encima de la autoridad de la Delegación de Trabajo Regional.
Otro tema de gran gravedad fue la persecución a la prensa y en particular a Luciano Jaime. Un periodista que inicialmente trabajó en el diario Norte y El Tribuno. Aunque cuando fue secuestrado estaba en el Intransigente, en el área de Policiales.
Entre el 21 y 22 de enero, Eduardo Porcel lo vio en la delegación de la Policía Federal, siendo interrogado. Las publicaciones sobre la muerte del joven sindicalista Eduardo Fronda fueron determinantes para que el miércoles 12 de febrero, luego que un taxi lo dejara en la esquina de Alberdi y San Martín, a las 9 de la noche, no se lo viera nunca mas con vida. Un obrero que limpiaba una zanja en El Encón encontró su cuerpo dinamitado y con signos de descomposición. se lo reconoció por la ropa.
La Gaceta y El Intransigente publicaron que fue muerto por seis disparos de calibre 45 y luego su cuerpo fue dinamitado por una bomba casera.
La Policía quería mostrarlo como un extremista. El Tribuno tomó esa hipótesis y publicó que Luciano Jaime estaba preparando una bomba casera y le explotó en las manos. El Sindicato de prensa pidió la investigación de los hechos, pero nunca se dio con los culpables.
Así las cosas, la persecución no paraba. Abogados de militantes detenidos, sindicalistas y gente común que simplemente brindó su apoyo a algún partido. Todos eran considerados subversivos.
Cualquier semejanza con la realidad actual, es mera coincidencia…