La situación de Corina Arnedo, una mujer internada en un Hogar de Coronel Moldes refleja la desprotección de los ancianos. Sin DNI y no accede a tratamientos médicos para sus padecimientos. Aquí la odisea de una fundación para que la justicia y el municipio le reconozcan sus derechos. (Andrea Sz)
La abogada Antonieta Plaza, presidenta de la Fundación “Tomar Acción”, se acercó al Hogar de ancianos Josefina Vaca de Piedra Morada en Coronel Moldes para realizar un voluntariado, sus intenciones eran llevarles plantas a los abuelos, armar un jardín y brindarles su compañía durante los fines de semana. Sin embargo Antonieta poco a poco pudo ir conociendo la situación de los ancianos que allí viven y sus preocupaciones fueron tomando un rumbo distinto. Se dio con que estaban en una situación de vulnerabilidad extrema y fue develando una cadena de irresponsabilidades que hasta el día de hoy continúa descubriendo. Fue así que conoció la historia de Corina Arnedo, gracias a quien, reconoce, le debe la puesta en marcha de la Fundación.
Entre los objetivos de dicha fundación -que hace poco recibió su personaría jurídica-, su presidenta comenta que “Fundación Tomar Acción se conformó por el caso de Corina y además articula junto a organizaciones sociales un espacio para brindar defensa jurídica y asesoramiento jurídico a situaciones y casos colectivos. Los temas que se trabajan en este espacio se relacionan al acceso a servicios públicos como la justicia y a la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de la sociedad –acceso a la vivienda, salud, educación, etc. Entre nuestros objetivos se encuentran fortalecer las capacidades de los vecinos en la defensa de sus derechos, impulsar la creación de redes de trabajo comunitario y difundir información relevante vinculada a los derechos como herramienta de acción”.
El caso de Corina fue lo que motivó a un grupo de mujeres a conformar una fundación para brindar ayuda, pero también es la muestra perfecta de la situación que atraviesan muchos ancianos olvidados. Este caso además sienta un precedente importante en materia jurídica, ya que el tipo de juicio que produjo permite dirimir la responsabilidad estatal por acción u omisión de sus funcionarios o agentes. Es decir, el juez podría haber obligado al Municipio de Coronel Moldes a realizar las gestiones para tramitar el DNI e instar a cambiar la situación, sin embargo eso no ocurrió.
“Queremos darle difusión a esta herramienta jurídica al alcance de la comunidad, especialmente de aplicación a casos de violación de derechos fundamentales. Para que la sentencia cambie algo para las generaciones futuras. Esta posibilidad esta al alcance de los jueces”, aclaró la abogada.
Derecho a la identidad
El estado de salud de Corina Arnedo es delicado: tiene múltiples discapacidades, es sordomuda y se encuentra en sillas de ruedas. Actualmente está internada en el Hogar de Ancianos que depende del municipio de Coronel Moldes, a cargo de Osvaldo García, jefe comunal sospechado de emitir cheques sin fondos.
“¿Qué le pasa a Corina?” Fue la primera pregunta que hizo la abogada Antonieta al ver el estado de salud de la anciana. “Ella no tiene obra social, por eso recibe los cuidados mínimos”, le respondieron las enfermeras del hogar, “Corina tampoco tiene DNI”, le comentaron.
Fue allí que comenzó la odisea de la letrada Antonieta Plaza, quien decidió dirigirse a un Juez de Paz para que acredite la existencia de Corina. “No quería que me la desaparezcan”, señala la abogada y comenta: “Al enterarme que Corina no tenía DNI, me presento con un amparo, empezamos con las gestiones en una especie de curaduría. El tema es que ella al no tener documento de identidad pierde los beneficios que tiene por ley. Actualmente no tiene médico especialista y hace tres años que no tiene un tratamiento acorde, tampoco me hacen llegar su historia clínica”, asegura.
La presidenta de la fundación comentó que también se dirigió al Registro Civil solicitando se realice una búsqueda de la partida de nacimiento de Corina: “Hacen el rastreo por Guachipas, Moldes, Pampa Grande y no encuentran nada de esta mujer”, señaló.
Justicia contradictoria
La fundación asumió la defensa de Corina e inició una demanda contra el municipio de Coronel Moldes y el Hogar de ancianos “por la violación de los derechos civiles, sociales, humanos y culturales de la señora Corina Arnedo ya que durante su estadía en la institución fue privada al acceso y al goce de los derechos que hacen a la salud, bienestar y una vida digna”.
Pese a eso, la sentencia del juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial, Leonardo Rubén Aranibar no tuvo en cuenta nada de esto y en su escrito señala que “luego de reiteradas lecturas al escrito presentado no se logra determinar cuál es el verdadero objeto de la pretensión de la actora”, y luego agrega que “para el caso de personas indocumentadas la vía adecuada será la acción Judicial de Inscripción de Nacimiento que se tramita ante un Juzgado de Persona y Familia, y la persona legitimada para dicha acción, en caso de ser capaz, será el propio interesado; de lo contrario su curador o de no tenerlo, un Asesor de Incapaces. Está claro que la Municipalidad de Coronel Moldes, y mucho menos el Hogar demandado, NO se encuentran en condiciones de expedir el documento nacional de identidad a la Sra. Arnedo”.
Frente a la sentencia que la Fundación Tomar Acción apeló, su presidenta menciona: “El juez que dicta sentencia no dice nada de todas las irresponsabilidades en torno a la situación de Corina y su salud. Lo único que llega a decir como un consejo es que ‘el municipio de Coronel Moldes debería ver qué estaba pasando. Nosotros no tenemos competencia para hacer el DNI. El abogado del municipio también declaró que ellos no tienen potestad para hacerlo”.
En la apelación, presentada esta semana, la Fundación critica la sentencia del juez y le recuerda que ante la inacción “son omisiones graves a los deberes de funcionarios públicos, ya que si bien no tienen injerencia ni competencia para elaborar un documento de identidad, les corresponde llevar a cabo las gestiones en pos de obtener el mismo ante autoridades competentes”.
La justicia finalmente decidió no ayudar a una anciana desprotegida y se plegó a las responsabilidades no asumidas por el municipio de Moldes y el propio Hogar de ancianos, al manifestar que ellos no tienen competencia para realizar las gestiones para tramitar un DNI. Mientras la fiscal interviniente le recomendó al juez que tomara medidas al respecto, ya que además de informar que el hogar no cuenta con la habilitación correspondiente, dejó sentado que en la institución hay varios casos de ancianos con enfermedades mentales que no están recibiendo los tratamientos adecuados, según comentó la abogada.
Mientras tanto hay una mujer muy mayor que seguirá sin documento de identidad y por ende sin poder acceder a sus derechos.
