La gente de Greenpeace denuncia a quienes son los verdaderos beneficiarios con todos los desmontes. Por un lado se critica a la ley de bosques y por el otro pide ayuda del estado para paliar la sequía.
Las incompatibilidades del doble discurso de la Sociedad Rural fueron puestas en tela de juicio por Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, en un parte de prensa enviado a diferentes medios. En él rescata por ejemplo que “es injusto que el Estado asista a quienes se enriquecieron durante años a costa de la destrucción de los bosques y ahora se quejan de los impactos climáticos” en referencia a los terratenientes que pertenecen a esta entidad del campo.
Los números, luego de aprobada la ley de bosques, no son muy esperanzadores para los ambientalistas. En Salta se desmontaron 350.000 hectáreas, 100.000 en zonas protegidas, principalmente a causa de la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Desde aprobada la ley, la Sociedad Rural parecía oponerse a esta medida, que de alguna manera frenaba parte de los negociados con tierras que podían realizarse. A algunos gazuzos no les agrada tener un freno.
Por su parte, Giardini consideró que “el gobierno de Urtubey continúa con la política de deforestación del ex gobernador Romero y cambia lo establecido por la ley nacional a pedido de los grandes terratenientes, representados por quienes ahora piden ayuda al Estado nacional. Recientemente la provincia anunció que busca cuadruplicar su stock ganadero para 2030, y esto significa el desmonte de 3 millones de hectáreas de bosques nativos de zonas protegidas”.