Así lo advierte la organización Greenpeace quien denuncia que avanza la habilitación de un negocio inmobiliario en la localidad de San Lorenzo.
Se trata del proyecto urbanístico Los Maitines S.A., de la familia Patrón Costas, que afectará 125 hectáreas (de una superficie catastral de 500 hectáreas) en una cuenca hídrica vital para la zona. La ecorregión de Yungas ocupa menos del 1% del territorio argentino, pero concentra casi el 50% de la biodiversidad. La finca está clasificada en la Categoría II – Amarillo de la Ley Nacional de Bosques, por lo que su desmonte no está permitido.
“El gobernador Sáenz no puede desentenderse y dejar en manos del Municipio de San Lorenzo la decisión de desmontar este frágil ecosistema. La Provincia es la autoridad de aplicación de la Ley de Bosques y no debe permitir que se viole”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Selva de Yungas cumple un papel ecológico muy importante por su alta diversidad biológica y la provisión de agua en época seca. La zona del proyecto urbanístico es hábitat de la corzuela, el zorro gris y el gato montés; de numerosas aves como el carpintero lomo blanco, la bandurria baya, el loro alisero, el zorzal colorado, el picaflor cometa y el tucán; y de árboles como el tala blanca, el ceibo, el nogal, el horco molle y el chal chal, entre otros.
Greenpeace envió una carta al gobernador de Salta reclamando por este desmonte y solicitando declare la Emergencia Forestal.
De concretarse, la destrucción de esta área se sumaría a las ya denunciadas por Greenpeace durante las restricciones impuestas por la cuarentena por la pandemia de Covid-19: el monitoreo de deforestación en el norte del país, mediante la comparación de imágenes satelitales, reveló que entre el 15 de marzo y el 31 de agosto de este año en Salta se desmontaron 9.079 hectáreas de bosques nativos.
