El diputado Héctor Chibán, quien promovió un fallido intento de juicio político contra el presidente de la Corte, Guillermo Catalano, por su insistente avanzada a fin de obtener que su cargo sea de por vida, ahora va por más y realizará una denuncia penal. Lo acusa hasta de sedición.
Durante 2018 el bloque radical encabezado por el diputado Héctor Chibán realizó un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, por considerar que estaba demostrado que el funcionario judicial había hecho trampa en beneficio propio, designando a jueces amigos, para que intervengan en la causa que han promovido, para lograr el cometido de considerar inconstitucional a la Constitución de la provincia y dictaminar la inamovilidad de los jueces, para quedarse de por vida.
La movida busca que se declare inconstitucional el Art. 156 de la Constitución, donde se establece que los puestos de Jueces de la Corte duren 6 años; y que se declare, en consecuencia, que el mandato de los mismos sea por tiempo indefinido. La pretensión es la de modificar la Constitución de la provincia con una sentencia judicial, dictada por amigos para beneficiar a quienes en definitiva se van a quedar en el cargo. El antecedente nos remonta a fines del año 2017, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había dictaminado a una asociación de jueces, que la Constitución de Salta no podía modificarse mediante una sentencia y que se debía acudir a los tramites normales: dictar la ley de necesidad de reforma de la Constitución, convocar a una Asamblea Constituyente, elegir los convencionales y modificar allí sí, la Constitución. Lo sucedido en los últimos días y que anticipamos en la edición anterior de Cuarto Poder, es que los jueces amigos del presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano, han decidido darle trámite a tal intención incluyendo incluso, a tres jueces jubilados, constituyendo un peligrosísimo riesgo institucional.
“Estamos ni más ni menos, ante un golpe institucional por parte de la Corte de Justicia de Salta, señaló esta semana el diputado radical Héctor Chibán. “Es lo mismo que yo que soy diputado provincial, reúna a ambas Cámaras (diputados y senadores) y sancionemos una ley en virtud de la cual, en vez que de tener mandato por 4 años, tengamos mandato por tiempo indefinido”, ejemplificó.
El radical ya anticipó que interpondrá las acciones penales que correspondan contra los jueces que integran el tribunal ad hoc. “No me cabe la menor duda que han incurrido -hay que analizar las distintas responsabilidades de cada uno de estos 7 jueces- en prevaricato, en comisión del cumplimiento de los deberes de funcionario público y en algún caso también sedición, porque se están alzando contra los poderes constituidos”, apuntó.
Un pacto para vivir
El diputado Héctor Chibán dio a conocer el entramado gestado el año pasado para garantizar tranquilidad al presidente de la Corte frente al pedido de juicio político finalmente desestimado en diputados:
“Nos venimos a enterar ahora, que hubo un pacto tácito entre las autoridades de la Cámara de Diputados y quienes integraron la comisión de juicio político, entre ellos; Bettina Romero, Lucas Godoy y Andrés Suriani, en virtud de lo cual rechazaron el pedido de juicio político, a pesar de que estaba debidamente probada la trampa que había hecho el presidente de la Corte en la designación de esos jueces. Pero habían acordado, -esto nos enteramos ahora- con el presidente de la Corte de que éste a cambio, iba a paralizar las acciones».
«En la resolución que sale rechazando el juicio político, dicen que efectivamente la Corte no podía avanzar en esto, y que el presidente de la Corte debía paralizar este asunto. Resulta que ahora el presidente le incumplió ese pacto, el cual era de cajón. Y prosigue con las actuaciones. Hay que pararse frente a esta aventura golpista, repito no es otra cosa que esto”- continúa.
Entre los artículos de la Constitución que indefectiblemente se deben cumplir, está el Nº 156 que dice que los jueces son designados por 6 años. Estos, y cualquier juez o jueza que pasan a integrar la Corte, tiene absoluto conocimiento que su periodo es de 6 años, con opción a la reelección con acuerdo del Senado para un segundo periodo. El pretendido argumento de que la inamovilidad garantiza independencia del poder político es una burda excusa ya que un juez probo es y debe ser independiente, desde el primero al último día de su mandato.
Sobre la idoneidad de los actuales integrantes de la Corte que serían beneficiados con la inamovilidad, señala Chibán: “Bueno, se me vienen a la memoria algunos de los integrantes, como aquel que dejó la banca en la Cámara de Diputados para entrar ahí sin tener mayores condiciones que la de un título de abogado. Otro vino del Grand Bourg después de ser secretario general de la gobernación, y así… Yo creo que exceptuando a Posadas y Abel Cornejo, no hay méritos reales para estar en el máximo tribunal de justicia de Salta.
Viciadas elecciones
Luego de las bochornosas elecciones de jueces, fiscales y defensores en el Consejo de la Magistratura ya relatadas por nuestro semanario, ayer fue el turno de los abogados. En la contienda se presentaron la lista del oficialismo -del Colegio de Abogados, del Ejecutivo, del legislativo y del judicial; y una independiente. “Los abogados que hemos tenido en el Consejo de la Magistratura que se le vence el mandato, han elegido el año pasado: un juez en cámara laboral, que era abogado y nunca había interpuesto una demanda laboral, un juez en cámara civil y comercial que el año anterior se había presentado a concurso y que tenía recomendación de terapia psicológica. El año pasado le firma el apto psicológica el yerno del juez Silisque, y por supuesto ahí nomás lo designan camarista civil y comercial. Entonces tenemos que terminar con esto”, dijo Chibán.