El pedido de intervención a Morillo se evapora pero el intendente Atta Gerala sigue cuestionado. Procesado por peculado, también fue mencionado en las cartas redactadas por Pablo Moreno antes de morir en una comisaría del norte. (Daniel Avalos)
La pequeña localidad de Morillo vive una situación inédita: cientos de pobladores se movilizan hace dos domingos para exigir que las leyes se apliquen a Atta Gerala, el jefe comunal que reasumió en el cargo el pasado 10 de diciembre. La sospechosa muerte del dirigente campesino Pablo Moreno cuando estaba detenido por protagonizar un piquete en septiembre de 2015, el asesinato de la militante campesina Marisol Campos y el procesamiento judicial del propio Gerala por peculado, retumban en las calles de Morillo aunque el reclamo siga sin perforar las paredes de la legislatura provincial.
La postura del senador por La Viña, José Soto, ilustra bien la negativa a querer tratara el tema: Soto quien impulsó la intervención a Coronel Moldes hace un par de meses aclara que mientras en la localidad vallista el conflicto social provocó la suspensión de servicios básicos, en Rivadavia Banda Norte Atta Gerala puede estar señalado por corrupto pero garantiza los servicios.
Gerala, efectivamente, acumuló durante 16 años docenas de denuncias y la que terminó afectándolo es la de diciembre del 2011. Ocurrió tras perder las elecciones de ese año y transferir la intendencia a Marcela Carabajal quien descubrió un faltante de $1.250.000. Fuentes con acceso al expediente judicial, confiaron a este medio que dos funcionarios de Atta Gerala durante el periodo 2007 – 2011 comprometieron al actual jefe comunal al asegurar en sus últimas declaraciones ante la Justicia que el dinero desaparecido estaba en las cajas municipales antes de que la nueva jefa comunal se hiciera cargo de la intendencia.
Dijeron los auditores
Otros documentos oficiales dieron cuenta del irregular manejo de Gerala en la intendencia de Morillo. En un informe de la Auditoría Provincial publicado el 31 de octubre de 2011 -al que puede accederse en la web de la institución- se especifica que los auditores llegaron a Morillo entre el 5 y 7 de septiembre de ese año: cinco meses después de que Gerala perdiera las elecciones y tres meses antes de que el inefable entregara el poder a Carabajal. El objetivo de la Auditoría era simple: evaluar el Ejercicio Financiero 2010 y el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de abril del mismo año.
El informe de los técnicos advirtió que “Auditoría no ha podido verificar el destino dado a los fondos percibidos durante el Ejercicio Financiero 2010 y Primer Cuatrimestre del Ejercicio Financiero 2011, ya que no ha sido provista la documentación respaldatoria que permita evaluar el cumplimiento de los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia de la gestión municipal en el periodo auditado”.
El relato de los sabuesos desafiaría la imaginación de grandes novelistas latinoamericanos. Y es que los técnicos cuentan que presentándose el 5 de septiembre para programar el trabajo de campo junto al mismo Atta Gerala y su Secretario de Gobierno, acordaron iniciar las tareas a las 15 horas del mismo día. A la hora prevista, sin embargo, los funcionarios brillaron por su ausencia. Desconcertados, los técnicos volvieron a las 8 de la mañana del día siguiente. Allí detallaron a los funcionarios municipales la documentación que precisaban para realizar la tarea y acordaron encontrarse otra vez a las 15 horas en la propia sede Municipal.
Fue a esa hora cuando presenciaron el absurdo mayor: Atta Gerala y su asesor contable los recibieron para informarles que el día anterior varios desconocidos ingresaron al archivo municipal y robaron “la documentación requerida por esta Auditoría (…) Cabe destacar que en las reuniones anteriores, el Municipio omitió informar la sustracción de documentación al equipo de Auditoría. Como consecuencia (…) el equipo de auditoria se apersonó ante las autoridades policiales a fin de constatar la existencia de la mencionada denuncia, momento en el cual se verificó su existencia en los registros de Comisaría Nº 44 donde se informa, que el Fiscal Penal interviniente, sería el de 1° Nominación, y los autos tramitarían bajo el número de Sumario Penal N° 49/11, Jurisdicción Tartagal”.
Desolados, los técnicos interrumpieron los trabajos y partieron ellos mismos a la comisaría a radicar denuncia por “Sustracción de documentación pública y obstaculización de la labor de Auditoría”. Antes de abandonar el poblado, analizaron la poca documentación que tuvieron al alcance para así constatar varias barbaridades entre las que sobresalía una: los funcionarios les explicaron que la intendencia debía plata a Gerala por préstamos realizados por familiares de éste al municipio. Por supuesto, los auditores no accedieron a ninguna prueba de la supuesta deuda.
Los papeles de Moreno
La muerte del dirigente campesino, Pablo Moreno, en una comisaría de Tartagal donde estaba detenido por protagonizar un piquete en septiembre de 2015, también salpicó al intendente de Morillo. Los vínculos entre la causa y el jefe comunal no son directos, pero el abierto conflicto que existía entre el intendente y la coalición de asociaciones de campesinos de la que formaba parte Moreno, dan sentido a lo relatado por el segundo en las cartas que escribió desde prisión. Las mismas estaban dirigidas a su hermano Pascual quien sólo accedió a ellas cuando Moreno ya había perdido la vida en la comisaría 45 de Tartagal (ver la nota publicada el pasado 2 de abril por Cuarto Poder: “Los policías no piden permiso).
Las relaciones entre esos escritos y Atta Gerala son básicamente dos: Moreno había sido amenazado de muerte no sólo por la fuerza policial sino también por el entorno de Gerala, más precisamente por un hijo de nombre Abraham. El otro elemento no es menos importante: la víctima aseguraba que a él se le imputaban incidentes al interior de la empresa Vertua en septiembre de 2015 cuando en realidad habrían sido los hombres de Gerala quienes los protagonizaron, después de que Moreno repeliera con una antorcha la arremetida de la Guardia de Infantería contra los manifestantes.
“La empresa de Gasoducto Bertua mintio por q los que trabajan en la empresa como personales son los q icieron problemas adentro de la empresa pero esa jente en la mayoría responden al poder politico de Gerala (…) y ellos arreglaron todo con Gerala y me icieron cargo y a la causa me la isieron a mi” (SIC). Al final del escrito, Moreno da nombres, apellidos y alias de los mismos: Fernando Arenas, alias “Cabrito”; Felix Rodríguez, alias “Rata”; Cristián Ruiz a quien señala como un agente policial con licencia por ese entonces; Ovidio Jaimez; Ángel Paz; Onofre Santillán; Miguel Palma, alias “Chueco Miguel”, y otros empleados a los que no identifica aunque aseguró que “ellos tendrian q responder por lo q paso en el predio de la empresa”.
La versión no resulta descabellada. En el expediente judicial aparece el testimonio de un hombre de apellido Yepes quien reconoció a varios de los once imputados como empleados de la empresa. Entre esos once, Yepes menciona la presencia de un tal Cristian Arenas que nunca fue detenido. Los pobladores lo atribuyen a cuestiones de índole política: Arenas es hombre de Atta Gerala, fue candidato en primer término de la lista que encabezaba por él en las elecciones de mayo de 2015 y actualmente es el único edil del PJ en el Concejo Deliberante de Morillo.
Cuarto Poder escuchó de los familiares de Pablo Moreno la versión que vincula a los hombres de Atta Gerala con los incidentes al interior de la empresa Vertua: cuando la policía arremetió contra mujeres y niños hiriendo con balas de goma al hijo de Moreno y provocando en este la reacción que finalmente tuvo, hasta los hombres de Gerala estallaron de furia y arremetieron contra la policía y la empresa. El ataque de solidaridad se evaporó pronto: a cambio de no ser denunciados y mantener sus puestos de trabajo, entregaron a la empresa las imágenes que habían registrado otros aspectos de los incidentes y dejaron que Moreno, el militante campesino anti Gerala, fuera empujado a la mazmorra policial de la que salió sin vida el 18 de marzo del 2016.