Las sanciones llegan a $340 mil a lo que se le sumarán otros $34 mil por cada día de retraso.
Con el objetivo de garantizar la transparencia en la función pública, el concejo deliberante aprobó ayer un proyecto para que los funcionarios municipales que no respondan pedidos de informe paguen una multa que llega a los $340 mil.
El concejal Pablo López, autor del proyecto, subrayó que los concejales representan a los vecinos de la ciudad y que necesitan legislar con información adecuada, lo que es crucial para cumplir con sus responsabilidades. «Convivimos y cogobernamos esta ciudad y, para ello, necesitamos información», afirmó.
«Mucha de esa información no es fácil de conseguir. Hay una ordenanza vigente que establece multas, pero propongo aumentar esas multas porque han quedado desactualizadas», explicó López.
Finalmente, destacó que, una vez promulgada la ordenanza, cualquier funcionario que no responda a los pedidos de informe en tiempo y forma deberá pagar una multa de $340.000, a la cual se sumarán $34.000 por cada día adicional de retraso.