Sin argumentos legales y bajo sospecha de fraguar un contrato trucho, Gimnasia y Tiro desistiría de la demanda que inició en el 2014 contra el jugador Esteban Burgos y quedaría a merced de una firma que representa futbolistas que puede reclamarle un millón de dólares por incumplimiento de contrato. (Daniel Avalos)
Desde hace unos años el nombre Esteban Burgos está asociado al fútbol grande argentino por una condición que Eduardo Galeano reivindicara de los defensores: no lo pasan ni los rayos X. Tiene apenas 23 años y una carrera intensa: inferiores en River; debut a los 20 años en la primera de Gimnasia y Tiro; 50% de su pase adquirido por un representante en enero del 2013; jugador de Talleres de Córdoba en el mismo año; negociaciones con Boca Juniors en julio de 2014 aunque la operación se frustró cuándo los inquisidores que verifican la pureza xeneize descubrieron que en una cuenta de Twitter, Burgos había despotricado contra Juan Román Riquelme; y finalmente el sueño del pibe en agosto de 2014: fue adquirido por el equipo mendocino de primera división Godoy Cruz.
La felicidad se empañó con la transferencia misma y la razón es fácil de explicar en tiempos de fútbol devenido en uno de los negocios más lucrativos del mundo: la dirigencia del Gimnasia y Tiro se opuso a la transferencia y lo demandó judicialmente. Entendían que Burgos había incumplido un contrato que nunca firmó y que de haber existido hacía partícipe a Gimnasia y Tiro de tajadas monetarias por las transferencias que el jugador había conseguido a fuerza de puro talento.
El escrito judicial es de septiembre de 2014 y estaba rubricado por el abogado Carlos Gómez Rincón (h) en representación del presidente y la secretará del Gimnasia y Tiro: Marcelo Mentesana y Adriana Catalano, quienes solicitaban “Embargo Preventivo e Inhibición General de Bienes” en contra del jugador que ya se había incorporado al club mendocino. Las actuaciones recayeron luego en el letrado Pedro Guillén que, en la foja 97 del expediente, sintetizó las razones esgrimidas por la entidad: “Esteban Rodrigo Burgos formó parte y suscribió el contrato de Cesión de Derechos Económicos celebrado entre él, la firma HAZ Sport Agency S.A., Gimnasia y Tiro, en virtud del cual Gimnasia y Tiro mantiene el ejercicio de los derechos federativos hasta el día 30 de junio de 2016, derecho que fuera frustrado por la actitud defraudatoria del primero al desconocer el compromiso asumido, considerarse jugador ‘Libre’ y registrar su pase en Club Godoy Cruz de Mendoza”.
Billetera de verano
El entuerto empezó el 4 de enero de 2013. Ese día Julio César Quiroz y Osbaldo Montaldi en representación del Órgano Fiduciario (instrumento por medio del cual la Justicia intervino durante una década al club con el objeto de sanear las cuentas de una institución en quiebra y al borde del remate) rubricaron el acuerdo de Cesión de Derechos con HAZ Sport Agency S.A., una compañía de representantes de jugadores cuyos socios fundadores -Hidalgo Fernando, Arribas Gustavo y el israelí Zahav Pinhas- aportaron las iniciales de sus apellidos para formar la sigla en cuestión. Al primero de los mencionados correspondió firmar el contrato que convertía en mercancía la rentabilidad generada por el jugador: Gimnasia cedía a los empresarios el 50% de los derechos económicos relacionados con el futbolista salteño.
Por esos derechos, la firma abonaba $750.000 que en cuotas de $250.000 se efectivizaron entre el 15 de enero y el 15 de marzo de 2013. La Justicia, incluso, fue acondicionando el terreno al autorizar el 28 de diciembre de 2012 que el primer pago se hiciera en efectivo y no vía cuenta bancaria. Respondía así a un pedido del propio Órgano Fiduciario que argumentaba la “necesidad de devolver sumas de dinero que han sido prestadas por terceros para hacer frente al pago de los sueldos de los integrantes del plantel de fútbol”. Terceros que, según el mismo documento judicial indica, eran el propio Julio Quiroz y otros integrantes de la Subcomisión de Fútbol.
Dinero que los empresarios hicieron efectivo previa redacción de 9 artículos y 22 incisos en donde enumeraron los derechos que adquirían y para cuyo resguardo elaboraron dos cláusulas que combinadas con la impericia dirigencial resultarían letales para GyT: “El Club expresamente manifiesta y se obliga a extender el contrato federativo suscripto con el jugador hasta el 30 de junio de 2016” (art. 2º inc. 3); “Será responsabilidad del Club mantener la vigencia del derecho federativo (…) siendo responsable de su extinción anticipada de manera que perjudique los Derechos económicos que quedan en propiedad de HAZ, correspondiendo resarcir en ese caso a HAZ con el pago de una multa equivalente a DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (U$S1.000.000.-) sin perjuicio de que HAZ pudiera probar un perjuicio mayor” (art. 4º inc. 9).
¿Qué es lo que no hizo el Club? Garantizar la extensión del vínculo entre la entidad y el jugador que había empezado en junio de 2012 y finalizaba el 30 de junio de 2014. Sólo días antes de esa fecha límite, la dirigencia millonaria empezó a gestionar lo que hasta entonces no había hecho. Mientras tanto, Burgos estaba a préstamo en Talleres de Córdoba, disputaba el Nacional B y sonaba como refuerzo de Boca Juniors. De allí la urgencia alba: mantener el contrato federativo hasta 2016 le garantizaba una tajada en las operaciones comerciales futuras pero, también, resultaba crucial para evitar una demanda de HAZ que, cual fondo buitre, espera que la impericia de algunos le garantice un dinero extra como esa multa de un millón de dólares registrada en el acuerdo de enero de 2013.
La desesperación que, como el odio, suele nublar el pensamiento, inclinó a la dirigencia alba a arremeter contra el jugador. Por medio de una carta documento fechada el 27 de junio de 2014 (tres días antes de la finalización del vínculo) lo intimaba a presentarse en la administración de la institución para extender el vínculo. El argumento de la breve e imperativa comunicación era simple: el artículo octavo del acuerdo entre Gimnasia y HAZ S.A. dejaba sentado que el jugador aceptaba y daba conformidad a los términos del acuerdo 2013 y por lo tanto, concluía la dirigencia, el futbolista tenía la obligación de firmar un nuevo contrato sin necesidad de una negociación en donde las partes discutieran las condiciones de esa nueva vinculación.
Gol en contra
La tensa atmósfera que envolvió desde entonces a la dirigencia y al jugador, obliga a detallar las actuaciones de quienes mientras se informaban por los medios que los inoportunos tuits de Burgos frustraron su pase a Boca, pusieron el grito en el cielo cuando días después el futbolista en condición de “Libre” y arregló su incorporación a Godoy Cruz de Mendoza. Desde entonces, Esteban Burgos dejó de ser digno de la gran familia millonaria en la que, según se dice, deben apoyarse unos a otros sin necesidad de tener un motivo preciso. De allí que la primera reacción de la dirigencia ocurriera en agosto de 2014: a través de la Liga Salteña de Fútbol se informó a la liga mendocina la negativa de Gimnasia y Tiro a validar la incorporación del salteño al club cuyano con la inmediata consecuencia de frustrar el debut de Burgos en el torneo de primera división.
La maniobra, sin embargo, casi de inmediato perdió efecto. El letrado de la AFA, Mario Schmoisman, determinó que el 100% de los derechos federativos habían dejado de pertenecer a Gimnasia y Tiro y declaraba “Libre” al futbolista. Fue entonces cuando la institución puso en práctica sus peores movimientos y que en nada se diferenciaron de las operaciones mediáticas que el común de la gente suele atribuir a la clase política: impulsar calumnias y maniobras reñidas con la ética para resolver discrepancias comerciales. Acusaron al jugador de mala fe y arremetieron con las acciones judiciales: en septiembre se formaliza la demanda judicial ya mencionada y en octubre la justicia ordenó un embargo preventivo sobre haberes y bienes del jugador hasta cubrir la suma de un millón de dólares en concepto de capital, más 300.000 dólares presupuestados para accesorios legales.
Demanda de la que ahora el club quiere desistir no sólo por la carencia de argumentos válidos, sino también por las artimañas empleadas que podrían ser causales de querellas contra la entidad de la calle Vicente López, confirmando así que no hay trampas más letales que aquellas que las personas se tienden a sí mismas. Y es que un dictamen de uso interno de la AFA que sirvió de soporte para dar la razón a Esteban Burgos, evidencia la presentación por parte de Gimnasia y Tiro de un contrato que ingreso a la entidad del futbol argentino el 5 de febrero de 2014. El mismo pretendía probar el vínculo entre Gimnasia y Tiro y Esteban Burgos hasta junio de 2016, aunque un perito de la AFA dijo de ese documento lo siguiente: “no resultó registrado en la AFA; por lo que no corresponde la habilitación (CCT 557/09 art. 3, ap. 2 y 5); el formulario agregado no pertenece a aquel que resultaba entregado para la registración en el año 2014 (el que debía ser del Torneo Argentino A, tenía el número 2014 en gran tamaño y era de color blanco cruzado por las palabras Asociación del Fútbol Argentino de color celeste), mientras que el agregado no tiene el año y es de color blanco con las palabras cruzadas Asociación del Futbol Argentino en color rosa o rojizo; podrá observarse del resto de los instrumentos agregados por el Club Gimnasia y Tiro de fecha posterior al 05 de febrero de 2014 (…) que en ninguno de ellos se menciona la existencia del contrato en cuestión”.
Traducido al idioma futbolero, la presentación del contrato trucho dejaba tan en off-side a las autoridades del club que firmaron el mismo que podrían ser objeto, según abogados consultados por Cuarto Poder, de denuncias por “abuso de firma en blanco”; “falsificación de firma”; o “tentativa de estafa”.
Hasta ahora y como sucede en algunas novelas policiales, el apócrifo contrato no aparece por ningún lado. Situación que no impide saber el móvil de su confección -lucrar con el pase del jugador y evitar demandas judiciales de HAZ S.A.- aunque la aparición del mismo y la identificación de las firmas permitirían conocer a los autores materiales de la irregularidad. Variables de tipo temporal convierten en sospechosos principales a los miembros del Órgano Fiduciario. Después de todo, la actual Comisión Directiva asumió el viernes 7 de febrero de 2014 y según el documento de la AFA citado en este informe el contrato trucho ingresó a esa entidad el 5 de febrero de ese año. Los infructuosos intentos de Cuarto Poder para comunicarse con el presidente de la institución, Marcelo Mentesana, nos priva de su visión de las cosas e incluso del descargo.
De lo que no podrá librarse la nueva Comisión Directiva es de su propia y doble impericia: en los primeros cinco meses de ejercicio no fue capaz de hacer bien lo que el órgano fiduciario había hecho mal: garantizar la extensión del vínculo; y empujada por la desesperación elaboró una demanda judicial que admite en varios párrafos que los interventores del club designados por la justicia salteña durante más de una década omitieron “instrumentar en tiempo y forma el contrato profesional para ser presentado en la AFA”. Confesión de parte que no hizo más que convertir a la institución en una especie de jugador maltrecho, de físico poco atlético, estupidez desquiciante y que hace todo para sufrir una criminal patada en los tobillos por parte HAZ S.A. que debe estar pensando a qué jugador comprar ahora con ese millón de dólares que el club debe pagarle por no haber extendido el contrato con el jugador.
