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Los femicidas siguen matando

Un femicida asesinó a otro preso en el penal de Villa Las Rosas. La pelea se habría originado entre dos grupos de internos del pabellón A.

Se registró un enfrentamiento en el interior de la Unidad Carcelaria 1, donde un recluso del Pabellón A , segunda planta, identificado como Daniel Eduardo Puca, resultó lesionado en el pecho con un arma blanca y falleció cuando era trasladado al hospital San Bernardo.

Según informaron desde el penal a LA GACETA, el enfrentamiento se produjo entre las 9 y 10 de la mañana.

Puca fue herido por su compañero de pabellón, Carlos Alejandro Ramón Torres, que tenía una “punta”. Personal del Servicio Penitenciario trasladó de urgencia a la víctima hacia el hospital San Bernardo donde falleció producto de la herida.

El fiscal dispuso la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la División Homicidios, quienes ya trabajan en el lugar. En tanto, el cuerpo de Puca será trasladado a la morgue judicial para que se le practique la autopsia.

En 2013, Claudio Alejandro Ramón Torres había asesinado a su pareja. Su caso fue resonante porque su condena fue la segunda que se dictó en la provincia con el agravante de femicidio.

¿Quién es Claudio Alejandro Ramón Torres?

El 10 de junio de 2015 la Sala III del Tribunal de Juicio le dictó prisión perpetua por considerarlo responsable del delito de homicidio doblemente agravado por relación de pareja y violencia de género en perjuicio de Carmen Andrada.

Su caso fue resonante porque por segunda vez en la historia judicial de Salta se usó el agravente de femicidio. La fiscal María Graciela Herrera de Gudiño había usado esa figura para ampliar la imputación y solicitar la pena de prisión perpetua para el acusado.

La fiscalía no había utilizado la figura del femicidio en la imputación dado que en Salta se había aplicado una sola vez y había sido en 2014, mientras que el crimen de Carmen Andrada fue en 2013. Pero en virtud de que la figura existe en la legislación desde fines de 2012, cabe ser aplicada en este caso ya que el hecho fue cometido con posterioridad a la reforma que incorporó el femicidio.

Ricardo Poclava fue su defensor y había solicitado la absolución de Torres por el beneficio de la duda, ya que consideró que no había pruebas suficiente para condenar a su cliente.