Tras el hallazgo de otro patrullero con cocaína y el pedido de renuncia al Jefe de Policía por varios Concejos Deliberantes, sigue el operativo para bancar a Marcelo Lami y hacer la vista gorda sobre las relaciones de la policía con el narcotráfico. (M.A.)
El móvil del 911 que llevaba más de 68 ladrillos de cocaína y fue detenido hace un mes por la Federal no sólo comprometió a Marcelo Lami sino que expuso nuevamente las relaciones de la policía salteña con el narcotráfico. De tal magnitud fue la crisis detonada que la primera idea descartada por el jefe de la policía salteña fue que no estaríamos en presencia de una red de narcopolicías. Esto a pocas horas de haberse conocido el hallazgo, cuando ni siquiera se había reconstruido el hecho.
Esa línea fue seguida por Alejandro Cornejo D’Andrea. Si bien no era la primera vez que el ministro de Seguridad salía en resguardo de las fuerzas azules, en esta oportunidad todo fue demasiado llamativo: desde un principio planteó que se trataba de una “caso aislado” y recalcó que la policía está presente en “todas las necesidades de la ciudadanía, por lo cual, su trabajo no puede estar en tela de juicio”. Así largó el operativo para cerrar el tema. Y desde el oficialismo nadie se atrevió a ir más allá. Todos siguieron un patrón de conducta: buscaron sacar del centro de la tormenta a Lami y cuidar el “buen nombre de la institución policial”.
A pesar de esto, la discusión volvió a la prensa tras la aprobación del pedido de renuncia de Lami en los concejos deliberantes de Orán, Yrigoyen y Capital. En consecuencia, los hombres del gobierno dijeron que los concejos no tienen potestad alguna y subrayaron que el Gobernador es el que decide quiénes son o no sus “colaboradores y funcionarios”. Frente a la notoria premura, cabe preguntarse: ¿Que se puede destapar que el gobierno teme tanto y quiere cerrar el tema?
En el círculo íntimo del gobierno no quieren que salgan a luz más revelaciones porque ya conocen las posibles derivaciones. Ya lo comprobaron con la detención de los narcopolicías en 2005, cuando Carlos Gallardo, de la sección Frontera Tartagal y Gabriel Giménez de la División de Inteligencia Criminal terminaron salpicando al poder político no solo en cuestiones referidas al narcotráfico sino también denunciaron que realizaban pinchaduras de teléfonos y otros trabajos sucios. En ese contexto, se conoció que Gallardo junto a Kosiner eran los responsables de estudiar la ruta de la droga en Salta y tenían caracterizadas las zonas del narcotráfico, las modalidades y hasta croquis del desplazamiento de los narcos: manejaban información importante y destaparon un escándalo.
Marcelo Lami es otra pieza fundamental para conocer los vínculos con el narcotráfico. Formado en las filas de Drogas Peligrosas, según fuentes consultadas por este semanario, es el hombre con mayor conocimiento sobre el papel protagónico que ocupa la policía en el negocio de las drogas. En el juicio a Giménez y Gallardo, Lami pudo hacerse el distraído; todos saben que de abrir la boca, sus dichos, seguramente, incorporarían datos explosivos.
Hay un ex comisario de la policía de la Provincia que de hablar también levantaría polvareda. Se trata de Osvaldo “El Lobo” Sosa, quien años atrás en declaraciones a la prensa realizó inquietantes declaraciones: “Los narco-policías no es un hecho aislado como Pablo Kosiner o Aldo Saravia quieren hacernos creer (…) están involucrados altos jefes en actividad, otros retirados, políticos y mafiosos, tanto argentinos como bolivianos. Esto no se logró de la noche a la mañana, sino que fue un proceso. Lo hicieron sacándose de encima a los oficiales que no iban a poder comprar. Lo lograron inventando causas contra ellos, como el asesinato de un narco por el que culparon a los oficiales Burgos y Mendoza y pusieron a gente de Mario Paz, como Jorge Escobar, el que hizo el montaje del caso Pisco. Tras ello, elevaron a cargos altísimos al detenido Carlos Gallardo y al prófugo Gabriel Giménez, que se transformaron en manos derecha de las grandes investigaciones”. Sosa aportaría material para todo un libro.
Sí en 2005 cuatro policías federales aparecieron con 120 kilos de merca, en 2011 a dos policías de inteligencia se les secuestró 50 y este año apareció un patrullero con casi 70, ¿es posible sostener que se tratan de casos aislados? ¿Estos policías son “infiltrados” o sus actos son parte de una organizada manera de actuar, de una generalidad? Los casos mencionados -más otro buen número de hechos- empujan las respuestas hacia la segunda opción. De hecho, el operativo para desviar la atención todavía sigue en marcha.
Sin datos
Sobre el caso de Orán poco se sabe. El patrullero pasó 7 controles con 68 kg de cocaína. Hasta ahora hay 4 detenidos. Hipólito Yrigoyen y San Pedro fueron las paradas que realizó el cabo que manejaba. Se realizaron una veintena de allanamientos y se logró reconstruir la versión de que el cargamento no tenía como destino Salta sino que se dirigía a mercados más grandes. La investigación quedó a cargo del oranense Raúl Reynoso. El juez mencionado por CFK en sus discursos está cuestionado por dejar en libertad a Luis Cifre, concejal del Frente para la Victoria en Joaquín V. González, que fue detenido con 356 kg, y es uno de los jueces que siempre actúa en casos de narcotráfico. Las miradas están puestas en el cabo pero sus conexiones y derivaciones se mantienen en secreto.
Muchas dudas sobrevuelan: ¿Qué otros policías están involucrados y de qué comisaria son? ¿Qué eslabón de la cadena del negocio narco este policía? ¿Qué pureza tenía el cargamento? ¿En cuánto está valuado? ¿Cómo está conformada la banda de narcos? ¿Qué indica el GPS del patrullero? ¿Qué arrojan las comunicaciones telefónicas? ¿Las computadoras de las comisarias que información tienen? ¿Existe un empleado municipal involucrado como se murmuro? ¿Por qué el ministro y el jefe de policía no dieron otra conferencia de prensa? ¿Cuántos sumarios a policías por casos relacionadoss al narcotráfico hay en los últimos 10 años? ¿Por qué la policía federal no informa avances en la investigación?
Claro está que se intenta distraer la implicancia policial en el asunto. Así lo dio a entender Cornejo D’Andrea al ser consultado por el caso de Orán y sus responsabilidades: ¿No me van a decir que de eso tiene la culpa Lami? Contestó el ministro.