A pesar de los esfuerzos de Macri por evitar el peritaje sobre las llamadas que hizo y recibió su teléfono celular, la jueza federal María Servini ordenó que se reanude. La pericia responde a la causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo para torcer su voluntad en difusión de determinadas noticias, así como para eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa. La Cámara Federal se había opuesto, hasta que ese dictamen de la Cámara esté firme. El peritaje irá desde el 1 de enero del 2016 al 31 de agosto del 2019 para tener detalle «de interlocutores comunes y frecuentes», en medio de sospechas sobre si a partir de diciembre de 2015 hubo presiones al Grupo Indalo, porque «se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación adquirieran una línea editorial afín al Gobierno» de ese momento.
Los teléfonos a peritar son los de Mauricio Macri, del ex jefe de asesores de Presidencia, José Torello, del amigo de Macri, Nicolás Caputo, del diputado del Parlasur, Fabián Rodríguez Simón, del ex secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, del ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y de los ex titulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también de un grupo de empresarios. Los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia consideraron que la medida de la jueza abarcaba un período excesivo de tiempo. Además de opinar que el peritaje afectaba «derechos individuales».
Viendo que era imposible impedir la pericia, los camaristas solicitaron a la jueza que «ni bien se produzcan los primeros resultados, la información fuera recibida únicamente por el juzgado para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo imponiendo su eliminación y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de Justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas».
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Mauricio Macri y Gustavo Arribas compró en Estados Unidos 120 teléfonos celulares que fueron encriptados por el propio organismo y repartidos no sólo entre ex funcionarios –lo que en ciertos casos podría tener explicación– sino entre personas que no tenían ningún cargo en el Gobierno nacional. El denominador común es la cercanía con el expresidente y Juntos por el Cambio. Entre los beneficiarios más llamativos que aparecen en una lista que encontró la intervención de la central de espías, figuran el empresario amigo y viejo socio del ex presidente, Nicolás Caputo, el consultor, Jaime Durán Barba, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand y el abogado Alejandro Pérez Chada y el expresidente de Boca, Daniel Angelici. También tenían teléfonos blindados la mayoría de los integrantes de la llamada “mesa judicial”, casi todo el gabinete, Sergio Bergman, Laura Alonso, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.
El dato surge luego de que Martín Coste, ex jefe de contrainteligencia, respondió en su indagatoria sobre la vinculación entre el ex presidente y el director de la AFI. Fue ahí que se comenzó a rastrear la existencia de estos teléfonos celulares, dotados de una tecnología especial de encriptación para volver inaccesible su contenido.
No resulta llamativo que ambos funcionarios hablaran por teléfonos secretos, pero a la fiscalía de Lomas de Zamora sí le interesa analizar la frecuencia y el contexto de aquellas comunicaciones, dado que Coste fue contundente al decir que el expresidente podía ser una de las fuentes de las órdenes para hacer inteligencia ilegal con fines políticos.
Para sorpresa de Cristina Caamaño, los teléfonos no eran para que un grupo selecto de funcionarios pudieran tener comunicación entre sí. Se encontraron dos comprobantes de compra de la Dirección Operacional de Inteligencia sobre Ciberseguridad a la empresa Edmar Technologies Inc., en un shopping en California. Uno, fue por la compra de en una tanda de 100 teléfonos a 470 dólares cada uno (por un total de 47.769 dólares), el 17 de junio de 2016. La segunda adquisición fue por 20 celulares a 445 dólares cada uno (9906 dólares), el 5 de junio de 2018. El modelo adquirido es “Nexus 6P H1512” y la marca es “Huawei”, tal como declaró Coste. Hasta ahora, fueron encontrados 100 aparatos, aunque no está claro el número de chips secreto, que al parecer era mayor.
Será difícil justificar que a muchos de estos celulares, llamados “Criptex” se les dio (y pagó) a gente que no tenía ningún tipo de vinculación legal con el Estado. Aunque en algunos casos guarda cierta lógica que los tuvieran. Hay nombres asociados a grandes operaciones mediáticas y varios integrantes de la “mesa judicial” están sospechados de incidir en casos judiciales puntuales.
