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Los condenados de la tierra

El CECS publicó los primeros datos sobre los carreros de la ciudad. Relevaron 120 hogares de un total de 441 empadronados en la Agrupación de Carreros Salteños. El 90% de ellos cobra por debajo de salario mínimo que es de $6.000

La primera publicación de los datos por parte del Centro de Estudios por el Cambio Social, pretende contextualizar la situación social que atraviesan los trabajadores del sector y se construyeron unos primeros indicadores en relación a la composición familiar, educación e ingresos además de su distribución geográfica en los barrios de la ciudad.

“Se encontraron algunos indicadores que dan cuenta de una situación de vulnerabilidad bastante importante en el sector, el porcentaje de hogares con hacinamiento y por debajo de la línea de la pobreza e indigencia son alarmantes” señalo Julio Ibarra economista del CECS quien complementó que para hacer las mediciones se siguió la misma metodología utilizada por  los principales organismos internacionales como la ONU y el Banco Mundial.

“Para dar algunas cifras, poco más del 90% de los trabajadores en carro cuentan con ingresos mensuales por debajo del Salario Mínimo Vital y Móvil ($6060 a diciembre de 2015),  mientras un 75% de los hogares están por debajo de la línea de la pobreza, y un 38% no cubre siquiera la Canasta Básica Alimentaria, que es la que establece la línea de indigencia” aseguró el economista, quien además se mostró muy preocupado por el problema del hacinamiento en el sector, que alcanza un 43,65% de los hogares de la población bajo estudio.

Por otro lado, desde el CECS se señaló que el problema de los carreros tiene que ver con un problema más general que es la falta de generación de empleo en el sistema formal de trabajo y un déficit de política pública en ese sentido; En Salta aproximadamente un 40% de los trabajadores se encuentran en situación de precariedad, informalidad, o de «autoempleo» que son los trabajadores de la economía popular.

Finalmente desde el Centro de Investigación manifestaron ponerse a disposición de las autoridades municipales para pensar políticas públicas en conjunto y encontrar una solución al conflicto, desde una perspectiva que entienda el problema de una manera integral, contemplando las situaciones socio-económicas del sector.