La Justicia dejó libres a los responsables de la violación de la niña wichí que, incluso, quisieron sobornar a la madre para que no los denunciara. Ella no aceptó y los increpó: “Vengan y mátenme”. Denunció igual. A pesar de su valentía, el Estado las abandonó por completo.
Compartimos la nota publicada en Página 12 sobre el caso de la niña wichí:
Una niña wichí, de 12 años, con un retraso madurativo severo, fue violada por ocho criollos. La corrieron en una cancha de fútbol, la llevaron hasta un monte y abusaron de ella en tierras reclamadas como ancestrales por las Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat. La madre hizo la denuncia pero el Estado no la escuchó, no le habilitó un test de embarazo ni le realizó un aborto legal. Después de 31 semanas le practicaron una cesárea porque el embarazo era inviable y con diagnóstico de anencefalia. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados criticó severamente al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y al sistema de salud. Los acusados están libres.
El 3 de junio, mientras 150.000 personas, reclamaban, en una marcha del Congreso a la Plaza de Mayo, que no mueran más mujeres por violencia machista y abortos clandestinos, una niña wichí era intervenida para terminar con un calvario después de una violación masiva y de la máxima desprotección política, judicial y sanitaria. Ese día, en el contexto del reclamo por Ni Una Menos, se le practicó una cesárea después de una violación múltiple y con todas las causales para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
Juana -un nombre para proteger su identidad- tiene un retraso madurativo severo. El año pasado, cuando tenía 12 años, fue violada por ocho hombres criollos. La corrieron en una cancha de futbol de Alto La Sierra, en el municipio de Santa Victoria Este. Otras chicas pudieron escapar y a ella la alcanzaron y la abusaron en un monte. Su mamá realizó la denuncia en la comisaría de Alto La Sierra. No recibió anticoncepción de emergencia, ni medicación para prever contagio de enfermedades de transmisión sexual y VIH. No se le hizo un test de embarazo ni en ese momento, ni con posterioridad. No se le practicó un aborto no punible a pesar que es una niña, fue víctima de violación, padece una discapacidad y su salud se veía afectada por la continuidad del embarazo. Los acusados quedaron libres en febrero. El 3 de junio, recién, se le práctico una cesárea porque su embarazo era inviable y con un diagnóstico de anencefalia sin expectativa de vida. Con 31 semanas de gestación y tortura en su cuerpo, se le realizó la práctica en el Hospital Materno Infantil de Salta.
La Justicia dejó libres, hasta ahora, a los responsables de la violación que, incluso, quisieron sobornar a la madre para que no los denunciara. Ella no aceptó y los increpó: “Vengan y mátenme”. Denunció igual. A pesar de su valentía, el Estado las abandonó por completo. En ningún momento, antes de la difusión de la noticia, ni la niña, ni su familia recibieron asistencia social o jurídica. “Las autoridades administrativas y judiciales no cumplieron con lo dispuesto en los protocolos de atención integral para los casos de abortos no punibles y para la atención integral de las víctimas de violencia sexual. Existieron fallas de los organismos gubernamentales del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para la atención y el acompañamiento de la victima y la familia”, dictamina un informe, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos Mario Oscar Ángel, presentado el 7 de junio, al presidente de la Cámara de Diputados de Salta Manuel Santiago Godoy.
Los funcionarios que desampararon a la niña son muchos: el juez que lleva la causa por violación, Fernando Mariscal Astigueta (que consideró que no hay prueba para detener a los ocho acusados); la jueza de menores, Sandra Sánchez y el fiscal penal, Armando Cazón quien sostuvo “si nos vamos a poner a hacer pruebas de embarazo ante cada violación no terminamos más, además, no es común que la víctima quede embarazada”.
“Las medidas judiciales tomadas durante el proceso penal por las autoridades no fueron oportunas y conducentes para el esclarecimiento del hecho. Asimismo no se observó la correcta preservación de los elementos de prueba que pueden resultar irreproducibles”, denuncia la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que pide que se tomen medidas contra los actores judiciales que participaron del proceso. El diputado Mario Ángel expresó que cuando dialogó con el Juez y el Fiscal “daba la impresión de que para ellos la culpa era siempre del otro y lo real es que por ejemplo el juez ni conocía a los acusados que liberó”. También pueden ser observados por incumplimiento de funcionarios públicos los profesionales de la salud que expusieron a la nena a portar un embarazo inviable y producto de una violación, con un retraso madurativo severo, con tan solo 12 años: el médico Juan Carlos Limache Mamaní y el gerente del hospital de Alto La Sierra, Ramón Bustamante.
Ahora la niña se recupera. Pero diversos organismos de derechos humanos estudian cómo seguir la causa. Mientras que la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito pide la renuncia de los funcionarios públicos intervinientes en el caso. También que se revise el protocolo de abortos no punible salteño que pone más trabas de las requeridas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo F.A.L, del 2012, ya que, por ejemplo, se da intervención a un tribunal interdisciplinario antes de dar acceso a un aborto legal por inviabilidad del embarazo, por problemas de salud o por violencia sexual y, en muchas ocasiones, se han detectado maniobras para hacer firmar a las madres o padres, un documento que quita el consentimiento para realizar la interrupción legal del embarazo.
El caso de Juana es un punto de inflexión para que no continúen los atropellos hacia las niñas más vulnerables. “No solo se debe esclarecer la parte penal, sino que también debemos hablar de los derechos humanos de las mujeres profunda y sinceramente. En Salta cuando se cruzan las vulnerabilidades el sistema no responde. Este caso tiene que convertirse en una bisagra para que no se repita. La justicia tiene que poner presos a los violadores, el sistema de salud tiene que realizar el aborto no punible y los medios de comunicación deben respetar la identidad de la chica y todo esto no pasó”, enfatiza Pamela Ares, Directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Magister en Políticas Públicas y especializada en género.
Las múltiples vulnerabilidades de la niña también revelan la discriminación específica a las mujeres de pueblos originarios. Juana vive en tierras reclamadas como ancestrales por las Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat -que significa Nuestra tierra- y que nuclean a setenta y un comunidades indígenas. Ya existe una demanda internacional, llevada adelante por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por el reclamo de las tierras. Además la niña habla y entiende lenguas originarias y no tuvo acceso a su derecho a contar con traductores/as para que pueda hacer valer su palabra.
En tanto, ahora, el fiscal Armando Cazón sostiene que “ninguna de las ocho personas (acusadas) sería el padre porque las fechas no dan”, según información publicada por el periodista Horacio Cecchi, en Página/12. Aún si la niña fue victima de múltiples abusos -anteriores o posteriores- siempre debería acceder a una interrupción voluntaria del embarazo y una violación de ocho varones criollos a una niña -en una práctica de abuso de poder conocida como chineo- siempre debe ser sancionada. Mientras que una amiga de Juana describió -en Cámara Gesell- la violación y dio el nombre de los ocho violadores con una traductora y una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima. Ni una vez más se puede repetir la violación a Juana.
