Por Lucas Sorrentino
La libertad de expresión es uno de los pilares ineludibles del Estado de Derecho. A lo largo de la historia, este derecho constitucional ha enfrentado numerosas crisis, incluso durante los 40 años de vida democrática que celebró este país. Esa libertad ha prevalecido sobre los intentos de aquellos en el poder de sofocarla. Pero existe la sensación de que hoy está en peligro. Un caso claro fue lo que sucedió en Jujuy, donde unas personas fueron detenidas por un tuit en el que hacían alusión a una supuesta infidelidad que afectaba al exgobernador de la vecina provincia. Argentina no es Rusia ni Corea del Norte. No debería haber personas presas por tuitear.
Se nota, en Jujuy, una inusitada saña de la Justicia, que actúa a pedido de Gerardo Morales: impuso una restricción a los familiares de los detenidos Villegas y Morandini, prohibiéndoles mencionar al expresidente de la UCR, su esposa Tulia Snopek, o su hija.
La Coordinadora Nacional por la Libertad de Nahuel Morandini se ha manifestado en contra de esta última medida cautelar impuesta por el juez de control de Jujuy, Pablo Pullen Llermanos. La Coordinadora afirma que el magistrado ha censurado la libertad de expresión de los familiares y amigos de los detenidos, y considera que esta restricción constituye un acto de censura que vulnera los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, los organismos y legisladores que integran la Coordinadora sostienen que «denunciar las injusticias y arbitrariedades es un derecho fundamental que tenemos todos en una sociedad democrática».
A nivel nacional, la situación también es compleja. Si bien el presidente Javier Milei ha declarado que la libertad de expresión es un pilar inquebrantable en su ideario libertario y es la base de su propuesta de gobierno, en sus redes replica un perfil de tuitero agresivo. En su momento, esa actitud más cercana a un troll le generó gran parte de su atractivo político. Pero existe una diferencia sustancial ahora que ocupa el cargo de primer mandatario. Lo que haga ahora no se limita a 140 caracteres. Tiene consecuencias. Habilita comportamientos. Incluso puede infundir temor.
Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), se refirió a la relación entre el periodismo y el Poder, sosteniendo que “siempre hay una relación tensa y es sano que exista esa tensión. Siempre tiene que estar dentro de los límites constitucionales donde hay normativas que buscan preservar la libertad de expresión y de prensa en particular, entendiendo que sobre esa libertad se apoya el resto de las libertades, la posibilidad efectiva de que los ciudadanos ejerzan sus derechos”. “No tenemos verdadera Democracia si no hay libertad de expresión y viceversa, es un gran termómetro para medir la calidad de las instituciones. En todos los países donde la libertad de expresión es cancelada inmediatamente muere la Democracia, y donde hay circulación fluida de ideas y opiniones son aquellas que tienen sistemas democráticos intensos”.
Dessein hace hincapié en lo peligroso que es que una autoridad agravie y descalifique a un periodista por emitir una opinión o información que puede estar equivocada. La descalificación no es el mecanismo. La libertad de opinión también corre peligro cuando se crean miles de cuentas falsas para tergiversar, amenazar e intimidar opiniones que no concuerdan con el poder político. En varias ocasiones, los periodistas son víctimas de ataques en masa de estas cuentas falsas. “Muchas de estas cuentas son anónimas o tienen nombres falsos. También existe la desproporción entre un periodista que muestra su cara, da su nombre, frente a una cantidad de insultos que no tienen una referencia clara respecto de quién los emite. Es uno de los grandes problemas de la revolución digital que atenta contra la preservación de una libertad tan importante como la que tiene el periodismo para expresarse, que no está en función de preservar una ventaja específica de los vicios, sino un derecho de todos los ciudadanos de estar adecuadamente informados y que requiere que esa libertad esté adecuadamente preservada”, señaló el miembro de ADEPA.
Sin libertad de expresión no hay democracia
Es importante resaltar la importancia de la libertad de expresión como uno de los fundamentos de las sociedades democráticas. Este derecho no es simplemente una concesión tolerada, sino un elemento vital para el desarrollo de las comunidades y el fortalecimiento de las instituciones. La libertad de expresión promueve la libre circulación de ideas y opiniones, creando un ambiente propicio para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de un pensamiento crítico. Además, actúa como un mecanismo de control sobre el poder, ya sea gubernamental o privado, permitiendo señalar abusos, corrupción o injusticias y fortaleciendo la rendición de cuentas.
En el ámbito cultural, la libertad de expresión fomenta la creatividad y la innovación, permitiendo la creación de obras artísticas, literarias y científicas que desafían las normas establecidas y abren nuevos horizontes para el pensamiento humano. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la libertad de expresión no es absoluta y debe equilibrarse con otros derechos y responsabilidades. La incitación a la violencia, la difamación y la promoción del odio pueden socavar los principios que buscan preservar la armonía social. La responsabilidad y el respeto por los derechos de los demás son fundamentales para garantizar un ejercicio adecuado de la libertad de expresión.
En el caso específico que mencionas, es necesario evaluar detenidamente los detalles y las circunstancias particulares que rodean la restricción impuesta a los familiares de los detenidos. La prohibición de mencionar a ciertas personas puede plantear preocupaciones legítimas sobre posibles violaciones a la libertad de expresión. En una sociedad democrática, las restricciones a la libertad de expresión deben estar claramente justificadas y limitadas a casos excepcionales en los que se busca proteger otros derechos o intereses legítimos, como la seguridad, la privacidad o la reputación.
Es importante que los tribunales y las autoridades competentes revisen cuidadosamente estas medidas y aseguren que se respeten los estándares internacionales de derechos humanos. En particular, deben garantizar que se aplique el principio de proporcionalidad, es decir, que las restricciones sean necesarias y proporcionadas al objetivo legítimo perseguido. Además, es fundamental que existan salvaguardias procesales adecuadas, como el derecho a la defensa y la revisión judicial, para proteger los derechos de las personas afectadas por estas restricciones.