En la provincia de Salta al igual que en el resto del país la capacitación a los agentes estatales es obligatoria por la sanción de la Ley N° 27.499 llamada “Ley Micaela”. Pero, ¿qué alcances tiene la capacitación a los agentes públicos? ¿Se redujo de algún modo la revictimización en las instituciones públicas? ¿Se crearon leyes con perspectivas de género? (Guadalupe Macedo)

La Ley Nacional N° 27.499 fue sancionada en el año 2019, estableciendo la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que se desempeñan función pública en los tres poderes del estado. Esto significa que los funcionarios deben capacitarse de manera obligatoria en estas cuestiones. Es el estado el encargado de brindar las capacitaciones a través de diversas instituciones.

Los agentes estatales deben capacitarse en cuatro ejes temáticos, el primero es en derechos humanos, deben informarse en el marco normativo tanto nacional como internacional. El segundo punto es la introducción de conceptos básicos de la perspectiva de género establece la Ley. El tercer hitó de la capacitación es la identificación de la violencia por motivos de género como problemática social. Y  por último, se debe identificar en las intervenciones de los agentes estatales la responsabilidad y la corresponsabilidad que tienen los organismos del estado en materia de género y derechos humanos.

Además, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia por la Resolución N° 091/21, aprueba el proyecto de capacitación obligatoria denominado “Derechos Humanos, Géneros y Violencias”, estableciendo la obligatoriedad de formación en la temática de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que cumplan sus funciones en el organismo cualquiera sea su cargo.

En este año se anuncio que se capacitó a diversos estamentos. El Ministerio de Desarrollo Social realizó en el mes de marzo un ciclo de capacitaciones internas para sus agentes y funcionarios. El gobierno informó que: “El curso dura tres semanas y se dicta bajo la modalidad intensiva, destinado al nivel jerárquico del Ministerio. Mientras que la segunda modalidad es semipresencial y está destinada al personal del Ministerio de Desarrollo Social en general, y por último la instancia virtual se dictará pensando en los agentes que se desempeñan en el interior de la Provincia, así como a personal sujeto a trabajo remoto. En la organización específica, se articularon acciones con la Universidad provincial de la Administración Pública, que brinda el soporte técnico para que la formación pueda llevarse a cabo en las tres modalidades”.

Por parte de la Dirección General de Promoción de Igualdad de los Géneros, la titular Rosaura Gareca, señaló que «el Ministerio implementó una resolución estableciendo la obligatoriedad para organizar los horarios y la cuestión operativa respecto del personal, para permitir capacitar a un mayor número de agentes. Hoy iniciamos un curso semipresencial, en conjunto con la UPAP, e implementamos tres modalidades en total».

En la cámara de diputados a través de “Plan Integral de Formación en género, violencia y femicidio” organizado por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta junto a la Iniciativa Spotlight se capacito a 60 legisladores salteños. «El desafío no es sólo generar leyes con perspectiva de género sino también reforzar e impulsar políticas públicas desde la perspectiva de género, diversidad y derechos humanos», dijo la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes.

La capacitación obligatoria es un gran paso para la información en materia de derechos, pero en una sociedad como la salteña, una jurisdicción de frontera geopolítica y donde se presenta el mayor número de femicidios y de casos de violencia de género ¿la capacitación es suficiente?

La abogada penalista María Cecilia Coronel perteneciente a la Asociación Pensamiento Penal analiza el desarrollo de la Ley y advierte: “No cabe duda alguna de la trascendencia de la Ley Micaela y de los avances que su sanción e implementación han generado en materia de género. Pero la realidad demuestra que los casos de violencias, los femicidios y los crímenes de odio siguen ocurriendo de modo sistemático porque aún no se ha logrado terminar con la desigualdad social y la discriminación hacia los sectores históricamente subordinados”.

En la provincia de Salta son varios los funcionarios y agentes públicos que cuenta con certificación de capacitaciones en materia de género, pero las cifras de violencia no descendieron en este último tiempo. Según la Licenciada Inés Zurita, Becaria CONICET de la Universidad Nacional de Salta, La ley Micaela en la provincia de Sata “se trata de un discurso que exhibe las tensiones entre fuerzas instituidas e instituyentes que tienen lugar en la coyuntura actual y que son legibles en las representaciones sociales que allí circulan. Los contenidos de la capacitación buscan interpelar, hacer visible, cuestionar, transformar las representaciones hegemónicas del género, las cuales están basadas construcciones sociohistóricas que asignan ciertos roles, valores y mandatos a ciertas identidades, mientras invisibilizan o niegan otras”.

Coronel agrega, “es urgente que la Ley Micaela se refleje en la sociedad, que los casos de violencia disminuyan, que los índices de homicidios por razones de género bajen y que algún día, no ocurran más. Para eso, es imprescindible que las capacitaciones lleguen al territorio acompañadas de medidas que tiendan a eliminar la desigualdad estructural y la discriminación que reproducen violencia y situaciones de dominación”.

A la vez Zurita puntualiza diciendo, “esta interpelación resulta necesaria porque las representaciones hegemónicas que se disputan tienen una larga memoria en la cultura, y anclan sus huellas en una visión netamente binaria de las relaciones entre hombres y mujeres, como dos posiciones impermeables, opuestas y complementarias, desde una perspectiva esencialista y homogeneizante