El proyecto impulsa la creación de un Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional de Género y Violencia contra las Mujeres.
Olmedo nos volvió a hacer pasar vergüenza nacional… no importa cuándo leas esto.
La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto que propone la creación de un «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres», y se prevé que el Senado le dará su sanción definitiva este miércoles.
La norma, denominada Ley Micaela, se aprobó con 171 votos a favor y uno en contra, el de Alfredo Olmedo, del espacio Salta Somos Todos..
«He sido el único diputado nacional que he votado en contra de la Ideología de Género, voy a seguir sosteniendo que Dios creó al hombre y a la Mujer», explicó el diputado en sus redes sociales.
En qué consiste la Ley Micaela
La iniciativa establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. El programa fue bautizado «ley Micaela García», en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gueleguay en abril de 2017.
Es necesario recordar que uno de los dos hombres que participaron del crimen de Micaela debía haber estado en prisión al momento del asesinato, sin embargo un un juez lo había beneficiado con la libertad condicional, a pesar de que el agresor ya había violado a otras dos chicas. De esta manera, como consecuencia de esa decisión de la justicia, pudo atacar por tercera vez.
La respuesta para intentar que estas situaciones no se repitan es el «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres».
El proyecto establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
La capacitación de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
