La periodista Soledad Vallejos explicitó en Página 12 por qué debe terminar la obligatoriedad de la educación religiosa en las escuelas públicas salteñas. Empleo testimonios para demostrar el estigma de quienes profesan religiones minoritarias
Los argumentos en contra de la ley de educación salteña oscilaron entre el terreno jurídico, la historia, los efectos cotidianos que la norma tiene desde el comienzo de su aplicación, hace ya nueve años, y el relato de experiencias vitales de algunos de los expositores, para demostrar el peso del estigma en quienes profesan religiones minoritarias. Los oradores también recurrieron a graficar consecuencias no tan a futuro de la norma: “de sostenerse la educación religiosa en las escuelas públicas, existiría tensión en casos de (clases de) educación sexual, incluso con (clases que abordaran) cuestiones científicas”, advirtió el representante de los masones, Clavero. “La ley provincial de educación está reglamentada por varias disposiciones, entre ellas la 45, de la Dirección provincial de enseñanza. Esas disposiciones presentan una clara colisión con la protección de datos personales y sensibles de niños, niñas y adolescentes, con el artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley de datos personales, porque impone revelar creencias. Se exige que los padres de los alumnos completen formularios con los datos”, añadió, al advertir que sí quedan registros de decisiones de la esfera privada de las familias y los chicos.
Por su parte, tras coincidir en los argumentos sobre discriminación (“se ha dicho que son solo ocho casos, los de los amparistas, pero un solo caso de discriminación es suficiente para decir que se han violado derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño”), Giosa, directora del Centro de Estudios en Derechos Humanos de la Unicen, planteó la necesidad de pensar la ley salteña también desde una perspectiva de género. “Consideramos también, luego de análisis con perspectiva de género, que la educación religiosa a niñas y niños sostiene la ideología patriarcal que somete a la mujer respecto del hombre y menoscaba la información en términos de derechos sexuales y reproductivos en relación con las personas Lgbti. La educación religiosa obstaculiza que los niños desarrollen sus instintos sin presiones del entorno social que les impidan asumir su orientación sexual e identidad de género”, advirtió. “La libertad religiosa no puede estar por encima de otros derechos, y existe también en Argentina una ley de identidad de género y, a nivel nacional, también una ley de Educación Sexual Integral que se vería menoscabada” si se sostiene la ley de educación salteña o normativas similares, añadió.
“En una situación donde ya hay desigualdad de hecho y derecho (entre personas que profesan distintas religiones), esto terminará reforzando esa desigualdad, favoreciendo a los que ya gozan de privilegios y perjudicando a minorías”, advirtió Míguez, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que defendió la educación laica y señaló cómo la cuestión de los recursos favorece todavía a la Iglesia Católica. Poco antes, había ejemplificado con su propia situación: “yo, como ciudadano, al pagar impuestos contribuí a sostener el culto católico aunque no lo soy, pero debo aportar privadamente para sostener el mío propio”. En el mismo sentido, Kalczynski, de la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida, señaló que para la religión el lugar adecuado “no es la educación pública, sino cada uno de los credos” y sus espacios.
Paruolo, quien representó al Frente de Abogadxs Populares, señaló que niñas, niños y adolescentes son un colectivo doblemente vulnerable. “La obligación del Estado es que la formación de los sujetos sea libre de discriminación, en especial en ese colectivo ya de por sí vulnerable”. El abogado Gil Domínguez, en línea con el dictamen del procurador Abramovich, sugirió que la educación religiosa quede excluida del horario de clases, y sostuvo que “así como el Estado debe garantizar que las personas se vistan con los símbolos religiosos de la religión que posean, hay que evitar que se vista el Estado de símbolo religioso, como sucede en este momento”. “Así como hay que garantizar a todas las personas que accedan a la educación de la religión que profesen, hay que evitar que el Estado profese alguna religión”.
Durante las exposiciones, dijo a su turno el docente Becerra, hubo quienes se mostraron preocupados porque niñas y niños estén ajenos a la religión en caso de no tener esa curricula incluida en las clases, algo que la práctica cotidiana en las aulas desmiente. “Yo puedo ver diariamente la religiosidad y las discusiones en torno a la religiosidad en la escuela de chicas y chicos en contexto vulnerables y donde la educación pública es laica”, señaló. “Se está tratando de decir que hay una bajada atea para proscribir la discusión religiosa y no nombrar la religiosidad. Pero en la escuela no podemos hablar de historia de la Humanidad sin hablar de religión, no tenemos manera de evitar hablar de religión y lo hacemos, pero no como bajada moral sino en tanto constructo humano”, añadió.
Fuente: Página 12