Actualmente, en los gremios se debate acerca de los alcances y los límites del cupo sindical femenino, practicado en la CTA desde el año 2000 y convertido en ley en 2002.
La preocupación por las condiciones diferenciales de explotación laboral en las mujeres no es en absoluto una cuestión novedosa.
Las sociedades de resistencia obrera de fines del siglo XIX, parteras de nuestras organizaciones sindicales, se debatieron y reclamaron activamente por las trabajadoras.
En los petitorios era usual encontrar demandas específicas sobre el trabajo femenino: la extensión flexible de la jornada, salarios diferenciales, condiciones ambientales y el rechazo al “maltrato” visible en la incitación sexual de patrones y de capataces estaban en esa lista.
Estos reclamos dan cuenta de las numerosas formas de sometimiento de las mujeres en los espacios laborales.
Tampoco escapaba a los activistas sindicales de entonces –desde el socialismo hasta el anarquismo– que una de las mayores dificultades para dar curso a esas reivindicaciones era la limitada participación sindical de las mujeres.
Una de las figuras más destacadas fue la de Gabriela Lamperriére, militante sindical que impulsó las licencias por maternidad costeadas por el Estado y las “casas cuna” para garantizar tiempo de trabajo sin interrupción de la lactancia.
Más adelante, en plena universalización de los derechos laborales durante el primer peronismo, la CGT impulsó un proyecto de “ley de maternidad” que procuraba extender licencias y garantizar la totalidad del salario a las trabajadoras.
En definitiva, muchos sindicatos reconocieron tempranamente el acceso al trabajo como condición de independencia femenina, y la demanda de “igual salario por igual tarea” aparecía allí como una consigna fundamental.
Las estrategias que a lo largo del tiempo los sindicatos fueron construyendo –y disputando internamente– para promover y garantizar la participación sindical femenina han sido mucho menos analizadas, aunque no significa que no hayan existido.
En la historia se registran experiencias como las “comisiones femeninas” al interior de los gremios en la década del ’30, su institucionalización como secretarías de “la mujer” desde mediados de los ’70 y la aparición de redes intersindicales de mujeres en la primavera democrática de los años ’80.
Actualmente, en los gremios se debate acerca de los alcances y los límites del cupo sindical femenino, practicado en la CTA desde el año 2000 y convertido en ley en 2002.
La evidencia muestra que no sólo las mujeres no llegamos a los puestos dirigenciales, sino que tampoco abunda la representación femenina en las negociaciones paritarias, y es escasísimo el impacto de cláusulas de “equidad de género” en los convenios colectivos.
Pero también es importante recordar que el modo de revertirlo está en la agenda de estas organizaciones, que en los últimos años han encontrado en el Movimiento de Mujeres un aliado en la batalla.
Fuente La Voz