Mientras la lupa pública vuelve a posarse sobre los responsables políticos del Fondo de Reparación Histórica, hay un actor que sigue en las sombras: las empresas. Contratistas con vínculos, antecedentes y millones cobrados que rara vez aparecen en el centro del escándalo, pese a haber sido piezas clave en el desvío, la demora o el fracaso de las obras.
Kim Im Porta
El 24 de noviembre de 2011, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey promulgó la ley 7691 que daba origen al Fondo de Reparación Histórica (FRH), destinado a los departamentos más postergados: Rivadavia, Orán y San Martín. La iniciativa se presentó como un acto de justicia territorial. Sin embargo, ocho años después, esos mismos departamentos fueron declarados en emergencia sociohumanitaria, condición que persiste hasta hoy.
La narrativa oficial habló de inclusión, infraestructura y dignidad. Los expedientes, en cambio, cuentan otra cosa: anticipos financieros entregados sin control, obras que nunca comenzaron, otras abandonadas y muchas ejecutadas de forma deficiente. Pero hay un punto que rara vez ocupa el centro del debate: las empresas. ¿Quiénes cobraron? ¿Quiénes no cumplieron? ¿Y quiénes siguen operando como si nada hubiera pasado?
ECOSUELO SRL: adelantos sin obra y denuncias laborales
La firma Ecosuelo SRL fue adjudicataria de redes cloacales y plantas de tratamiento en Rivadavia y La Unión. El 14 de mayo de 2014 recibió un anticipo de 248.335 dólares. Sin embargo, el primer certificado de obra apareció recién el 7 de septiembre de 2016: 847 días después.
En Santa Victoria Este, la empresa registraba apenas un 21% de avance físico para la obra de redes cloacales domiciliarias con el 50% del presupuesto ya ejecutado. Un clásico del FRH: la plata corre más rápido que el cemento.
Detrás de la firma aparecen nombres como Gabriel Pablo Bandiera y Cecilia Beatriz Leotta. Bandiera, además de su rol empresario, tiene vínculos con el sector agropecuario y medios de comunicación, lo que amplía su radio de influencia.
En 2017, la empresa fue denunciada por trabajadores wichís por empleo en negro y condiciones laborales precarias. La reparación histórica, al parecer, no incluía derechos laborales básicos.
CONSTRUCTORA NORTE: años de demora y anticipos inmediatos
La Constructora Norte firmó en 2014 un contrato por $37.139.324 para una planta depuradora en Orán. El anticipo, superior al millón de dólares, se pagó un mes después. La obra, en cambio, tardó años en arrancar por falta de expropiación del terreno.
Otro caso paradigmático: el recambio de redes cloacales en Orán. Anticipo pagado en diciembre de 2014; primer certificado en mayo de 2019. Casi cuatro años y medio después.
Entre sus socios figuran Esteban Maximiliano Manzur y Araceli Gimena Guzmán Tapia. Nombres menos conocidos, pero parte del mismo engranaje.
CAMATA CONSTRUCCIONES: anticipos sin ejecución
La empresa Camata Construcciones recibió en 2013 un anticipo equivalente a 54.054 dólares para un centro de salud en barrio Taranto. No hubo avance físico.
Fundada en 2010, la firma está integrada por miembros de la familia Camata: Ciro Alberto, su hijo y Nelson Ariel. Su objeto social es amplio —desde obras viales hasta explotación industrial—, pero en el FRH su desempeño fue, como mínimo, inexistente.
DAL BORGO SRL: la dinastía de la obra pública
Hablar de Dal Borgo SRL es hablar de décadas de contratos estatales. En Rivadavia Banda Norte se le asignaron fondos por un valor actualizado de $280.506.000 para una planta cloacal que nunca se construyó.
La empresa forma parte de un entramado mayor que incluye firmas como Norte Áridos e INCOVI. Su fundador, Rino Dal Borgo, construyó un imperio al calor de la obra pública desde los años del romerato. Tras su muerte en 2015, sus hijos continuaron el legado.
Entre sus antecedentes más recientes figuran obras cuestionadas como la remodelación de Plaza 9 de Julio y paradores en Avenida Bolivia. El patrón se repite: grandes contratos, resultados discutibles.
- P. GARÍN CONSTRUCCIONES: millones sin respuestas
La firma J. P. Garín Construcciones tuvo a su cargo dos obras clave del FRH: la toma de aducción en El Limón y la ampliación de la planta del dique Itiyuro. Cada una tenía un presupuesto inicial de $50 millones. A valores actuales, eso equivale a $14.750.000.000 por obra. Ninguna se concretó.
Otra intervención: la electrificación del camino a Tonono. Presupuesto inicial de $7 millones, hoy equivalentes a $2.065.000.000. El avance físico no llegó al 20%, pero se pagó casi el 45% del total.
La empresa, presidida por Juan Pedro Garín, fue denunciada en 2022 por pagar salarios en negro y amenazar con abandonar obras. Una práctica que, a la luz de los hechos, no parece excepcional sino sistemática.
Un modelo que se repite
Más allá de las particularidades de cada empresa, el esquema es constante: anticipos elevados, controles laxos, obras demoradas o inexistentes y vínculos estrechos con el poder político.
El Fondo de Reparación Histórica terminó siendo, en muchos casos, una transferencia masiva de recursos públicos hacia empresas privadas sin contraprestación efectiva. Ajustados a valores actuales, los montos son siderales. Pero más impactante aún es el resultado tangible: comunidades que siguen sin agua potable, sin cloacas y sin infraestructura básica.
La pregunta ya no es qué falló. La pregunta es quiénes se beneficiaron. Y por qué, más de una década después, siguen sin rendir cuentas.