La Iglesia tiene 212 propiedades en Salta. 15 de ellas rurales, por 400 hectáreas, y el resto urbanas, por 800 mil metros cuadrados. La mayoría de estos inmuebles fueron donados por el Estado: 32 bajo la dictadura, 35 durante el romerismo y 40 en los gobiernos de Urtubey.
La Conferencia Episcopal Argentina acaba de dar a conocer que iría por la tan mentada reducción gradual del aporte financiero del Estado Nacional sobre la base de una campaña progresiva de autofinanciamiento. Pero, ¿qué se esconde tras este anuncio?
Según denunció el Partido Obrero el anuncio encubre que, de realizarse, esto implicaría desafectar solo una ínfima parte de los cuantiosos beneficios que recibe la institución, por diversas vías, de parte del Estado. El monto en cuestión asciende a los 146 millones de pesos, según el Presupuesto 2019, y se refiere solo a los fondos que destina en forma directa el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Culto, para cubrir los salarios de obispos y seminaristas de las 66 diócesis del país.
Las “donaciones”
A través de un informe de la senadora mandato cumplido Gabriela Cerrano se desprende que en Salta la Iglesia tiene 212 propiedades, 15 de ellas rurales, por 400 hectáreas, y el resto urbanas, por 800 mil metros cuadrados. La mayoría de estos inmuebles fueron donados por el Estado: 32 bajo la dictadura, 35 durante el romerismo y 40 en los gobiernos de Urtubey.
El valor actual de las propiedades urbanas es de 14 mil millones de pesos. En el caso de las rurales, que tienen una tasación más variable, se destacan las 130 hectáreas del predio llamado Potrero de Linares, dadas al clero por Urtubey en 2015, que, según estimaciones, ronda los 380 millones.
Otros kioscos
Según el informe del PO a estas donaciones hay que sumar que la Iglesia realiza actividades lucrativas, como la educación: acapara carreras como Psicología, Asistente social, Abogacía, Veterinaria, dictadas en la Universidad Católica con cuotas que superan los 10.000 pesos mensuales y el beneficio de subsidios estatales para el salario docente. A su vez, en el mismo Potrero de Linares han puesto en pie un centro de rehabilitación para adictos con cuotas elevadas inaccesibles para familias pobres.
También están todos los edificios de CONIN (fundación ligada a la Iglesia) que fueron construidos por el Estado y dados en comodato.