Un brutal operativo policial desplegado hace apenas unos días en barrio Las Colinas reflotó un duro conflicto por terrenos que involucra a apellidos conocidos en la función pública. La historia del fideicomiso “Balcones de la Candelaria” y sus nexos con el poder local.
El conflicto abierto por presunta ocupación de tierras en barrio Las Colinas sumó un nuevo capítulo hace apenas dos semanas, cuando personal policial intervino ante lo que podría haber sido un enfrentamiento armado entre vecinos. Los registros fílmicos dan cuenta de la situación de tensión que se vivió en horas de la tarde, cuando un grupo de personas en estado de exacerbación intenta agredir a otro con palos y rebenques. El episodio tuvo lugar luego de varios idas y vueltas en la justicia y en los destacamentos policiales, en los que hubo ocupaciones, construcciones ilegales, levantamiento y derribo de cercos.
El conflicto se remonta al año 2002, cuando el barrio Las Colinas ubicado en la zona este de la ciudad, comenzaba a constituirse como tal. Una de las propiedades más importantes y extensas de la zona, por entonces, era la de Verónica Saravia, quien hoy denuncia la ocupación de sus tierras. Según relató a este medio, el inmueble le fue cedido en 1997, cinco años antes del nacimiento del barrio. Por entonces, ya contaba con servicios.
Con la expansión demográfica de los años subsiguientes, creció la venta de terrenos en las zonas circundantes a su propiedad; muchos de las cuales -asegura Saravia-, se adquirieron en forma irregular ya que invaden su finca.
La persona involucrada en las ventas fue Clara Inés Romero, una mujer que acumula al día de hoy 27 denuncias y varias detenciones por estafas reiteradas. En todos los casos, Romero aducía ser la dueña de los terrenos y por cada lote solía pedir sumas irrisorias de dinero, en algunos casos exigía pago en dólares y en otros aceptaba la entrega de otros bienes, como vehículos. A los damnificados, la mujer les hacía entrega de recibos y documentación falsa o número de expediente de trámite en la subsecretaría de Tierra y Hábitat.
En 2016 fue detenida en una estación de servicio de la zona de El Portezuelo por policías de la División de Delitos Económicos. Una vez en libertad, en abril de este año, intentó tomar posesión de las instalaciones del Centro Vecinal de Las Colinas, desatando la preocupación entre los vecinos. La mujer rompió los candados y cadenas de la puerta principal e ingresó al edificio, ubicado junto a la plaza y la capilla.
Las personas que habían adquirido sus terrenos de manos de Inés Romero mantuvieron una reunión con Verónica Saravia, en la que acordaron constituirse como guardianes de la propiedad. El acuerdo incluía que no dejarían instalarse a nadie más allá de los 150 metros del cerco perimetral de la finca. Las personas afectadas lograron hace ocho años obtener los servicios básicos, aunque Saravia asegura que nunca le pagaron.
Los conflictos se agravaron cuando los recién llegados decidieron, según el relato de la denunciante, ampliar 10 metros sus terrenos avanzando sobre su propiedad. Desde entonces, se dieron múltiples episodios de levantamiento y corrimiento del alambrado perimetral e incluso construcciones irregulares. Todo bajo la tutela de la abogada María Antonieta Plaza, quien se presenta como representante legal de los vecinos.
“Mandé a reponer el cerco, pero ella lo levantó y me mandó a su perro que me mordió el brazo”, relató Saravia. Después me golpeó con un fierro. Ella rompió el cerco de ingreso perimetral con una amoladora. Fue entonces cuando la denuncié. El juez le prohibió seguir con esos hechos, pero ella sigue”, remarca.
Sarmiento en escena
Los entredichos respecto de la titularidad del terreno se agudizaron en 2009 cuando Saravia decidió tomar un préstamo para realizar un loteo en el lugar. Según detalló, llegó a extender un boleto de compraventa a una persona de Jujuy de apellido Brandán, pero nunca concretó la operación, por lo que no firmó las escrituras ni perdió la titularidad del inmueble.
Algunos años más tarde, Brandán conforma el fideicomiso “Balcones de la Candelaria” y designa como su administrador a Ángel Augusto Sarmiento, ex subsecretario de Tierra y Hábitat y ex director del Servicio Penitenciario Provincial. Su gestión no estuvo ajena a los escándalos vinculados a tierras. En 2016 estalló la polémica por la detención de Diego Barreto, acusado de vender tierras del Estado en Parque La Vega. Minutos después de su absolución, luego de haber estado preso dos años, lanzó una memorable frase que bien podría aplicar a sus superiores: “Ahora resulta que soy el único corrupto del gobierno de Urtubey”.
El fideicomiso que dirige no figura en los registros de personería jurídica y hay escasísima información en la web respecto del mismo. A pesar de ello, no faltaron quienes se integraron a “Balcones de la Candelaria”. Saravia recuerda que, en primer lugar, se hicieron presentes trabajadores de EDESA, luego se sumaron integrantes del Servicio Penitenciario.
En varias ocasiones Sarmiento quiso ingresar al inmueble pero fue retirado por personal policial. Fue entonces cuando decidió enviar a una persona cercana: Alejandro Cruz. Se trata nada menos que del hermano de Benjamín Cruz, actualmente imputado por tráfico de influencias en la causa por el asesinato de Darío Monges. Cruz y Sarmiento eran, respectivamente, secretario de Seguridad y Director de Políticas Penales cuando Monges obtuvo el permiso para ingresar a visitar al sicario narco “cabezón” Díaz. La responsabilidad de cada uno en el hecho está aún en investigación, aunque inicialmente todo daba a entender que el hilo se cortaría por lo más fino.
En la citada causa, Sarmiento se encuentra imputado por los delitos de abuso de autoridad y revelación de secretos calificados en perjuicio de la administración pública. “Cruz me pidió que gestione el ingreso de esta persona que iba a ingresar solamente para hacerle firmar un poder al interno Oscar Díaz”, dijo Sarmiento para excusarse. Mientras la agenda pública debate las influencias del narcotráfico en el poder político, en Las Colinas y en casi toda la zona este de la ciudad, los vecinos advierten un crecimiento sostenido de la venta al menudeo y del consumo.
Antecedentes
En 2020, el abogado Juan Pizarro -en representación de José Aguirre- denunció públicamente a Sarmiento por estafa en la compra-venta de un terreno cerca de barrio autódromo, aunque se presume que se trataría de los mismos lotes del fideicomiso “Balcones de la Candelaria”.
El abogado indicó que “Según el vendedor, si él -su cliente- desembolsaba 250 mil pesos tenía la oferta promocional y ya gozaba de un terreno”. Al respecto, añadió: “El problema es la modalidad de la venta. Él me trae al estudio un contrato de adhesión a un fideicomiso que cosiste en un loteo cerca de barrio Autódromo. Mediante publicidad, se le dijo que pagando esto ya podía tener la posesión de un terreno”. No obstante, le dijeron luego que no podía tener la posesión del mismo ya que faltaban habilitaciones municipales.
Además, señaló: “El terreno se lo compró al señor Ángel Sarmiento, como administrador de lo que es este desarrollo urbanístico”, aclarando que se trata del ex funcionario de Tierra y Hábitat, y agregó: “La persona era más o menos conocida por haber sido funcionario público, eso me animó a hablar con el señor Ángel y me dijo lo mismo que le dijo a mí cliente. Le planteé que por lo menos la venta era una venta engañosa, desde el punto de vista de la oferta”.
“El hecho es que José va al terreno y le dicen ‘el terreno no es de la persona que te lo vendió’”, relató. Ante la sorpresa, indicó: “Él pidió la devolución de su dinero, no la obtuvimos y no le quedó más remedio al señor Aguirre que hacer la denuncia”. Así, su cliente decidió radicar la denuncia penal en la comisaría de la zona. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Penal N°2.
El quid de la cuestión
A pesar de lo insostenible de la situación, el déficit habitacional es una problemática ausente en las plataformas electorales de los últimos años. Las figuras que empiezan a asomar y a hacer notar sus intenciones de disputar la elección del año que viene, no parecen tomar nota del asunto. Como ejemplo, entre las obras paralizadas en Salta por los recortes del gobierno de Javier Milei, hay nada menos que 1900 viviendas.
Un artículo de la revista Ciencia Latina, denominado “Demanda habitacional en la provincia de Salta”, destaca que la provincia ha experimentado un aumento significativo en la demanda habitacional en los últimos años. Esto se debe a varios factores, “como el crecimiento económico, el aumento de la población y la migración desde otras regiones del país”.
La provincia de Salta cuenta con un déficit habitacional a fines del año 2020 que supera las 72.000 familias, los hogares con pisos de tierra o techos realizados de manera muy precaria llega al 2,4% del total, esto es, nueve mil hogares, mientras que el 2,1% del total (ocho mil hogares) no cuenta con red de agua domiciliaria o pozos protegidos.
Asimismo, los hogares que no poseen una red de cloacas alcanzan a más del 13% del total (alrededor de 51 mil hogares), mientras que los hogares asentados en basurales o villas inundables llegan al 35,2% (136 mil hogares aproximadamente).